ECONOMíA › PANORAMA ECONOMICO
› Por Alfredo Zaiat
Uno de los postulados rectores del pensamiento económico convencional afirma que un país tiene un horizonte promisorio y una economía sólida y confiable si es receptor de crecientes inversiones extranjeras directas. Esa idea instalada con fuerza durante los noventa en el marco del Consenso de Washington plantea como criterio universal que el flujo de capitales productivos provenientes del exterior representa un beneficio automático para el país receptor. Se trata de un concepto muy arraigado en el sentido común que define la situación presente y futura de la economía dependiendo del grado de convocatoria que provoca en inversores extranjeros. Es una marca cultural compleja de alterar que abarca a diferentes fuerzas políticas, al mundo académico y a no pocos divulgadores. La Cepal elabora su informe anual de IED poniendo foco en aspectos cuantitativos, aunque sin ignorar aspectos cualitativos para permitir una evaluación crítica y amplia del efecto de esas inversiones en las economías latinoamericanas.
En el documento “La inversión extranjera directa en América latina y el Caribe - 2011” difundido hace pocos días, la Cepal destaca que la región recibió 153.448 millones de dólares de inversión extranjera directa, 31 por ciento más que en 2010. La mayor parte de ese incremento correspondió a Brasil, donde alcanzó los 66.660 millones de dólares, casi la mitad del total regional. En ese listado, Argentina contabilizó 7243 millones de dólares, apenas 3,0 por ciento más que el año anterior. Magra variación que fue resaltada en la mayoría de los análisis como muestra del rechazo a la economía argentina por parte de los grandes capitales, que vislumbrarían la ausencia de un contexto amigable para destinar nuevas inversiones. Ese monto presentado en forma aislada facilita la convalidación del menosprecio al ciclo económico argentino, conducta que observó con sagacidad el Premio Nobel de Economía Paul Krugman en la prensa internacional.
Es posible hacer otra evaluación de la magnitud de la IED en Argentina destinando un módico esfuerzo de lectura a la serie de los últimos años publicada también en el informe de la Cepal. Al observarla, los 7243 millones de dólares adquieren otra dimensión. La IED de 2011 es el segundo monto más alto para el período 2001-2011, sólo superado por el pico de 2008, con 9726 millones de dólares. Analizando la IED como porcentaje del PIB, Brasil, a pesar del notable aumento registrado en 2011, sólo recibió el equivalente a 3,0 por ciento de su PIB, por debajo del promedio de 5,8 por ciento de la región. Las otras dos grandes economías latinoamericanas, México y Argentina, recibieron flujos cercanos al 2,0 por ciento de sus respectivos PIB.
Después de precisar la fase cuantitativa, el aspecto relevante de la IED es la calidad y efecto sobre la economía doméstica. Este último factor no es usualmente considerado en ese ranking de países confiables según el destino elegido por el capital extranjero. Se trata de evaluar la capacidad de esas inversiones para desarrollar sectores estratégicos, transformar la estructura productiva, acumular conocimiento y contribuir al incremento y la calidad del empleo. Ese proceso virtuoso está determinado en gran medida por el patrón de destino sectorial de estas inversiones. El resultado no es muy alentador para la región. Una parte importante de la IED continúa llegando al área de recursos naturales en la mayoría de sus economías. “Los altos precios internacionales de las materias primas impulsaron las inversiones para la extracción y procesamiento de recursos naturales”, sentencia el documento de la Cepal.
En ese informe se indica que a lo largo de 20 años de flujos de IED crecientes, las empresas transnacionales han consolidado una amplia presencia en América latina y el Caribe, especialmente en los sectores que requieren más capital. “A consecuencia de este fenómeno, la rentabilidad obtenida por las empresas extranjeras en la región constituye una variable determinante para analizar tanto las entradas de las IED como las rentas de las IED en la balanza de pagos de las economías de la región”, apunta la investigación. Si bien a partir de 2002 la participación de la reinversión de utilidades en el total de la IED ha venido aumentando de manera continua, hasta superar el 40 por ciento en 2011, la repatriación de utilidades hacia las casas matrices ha crecido de forma significativa, de un promedio cercano a los 20.000 millones de dólares entre 1998 y 2003 a un máximo de 93.000 millones de dólares en 2008 de una notable renta total de 153.000 millones de dólares.
El stock de capital que va acumulando la inversión extranjera directa en la región hace que los giros hacia las casas matrices también vayan elevándose. Esto pone en evidencia que la IED no es un flujo unidireccional de recursos. “Por eso, el volumen es sólo una dimensión del fenómeno y la región debe también privilegiar una IED con contenido tecnológico directamente asociada a potenciales beneficios en materia de diversificación productiva, transferencias de tecnología, innovación, creación de nuevas capacidades y ampliación de posibilidades de integración en cadenas de producción global”, aconseja la Cepal, dirigida por la mexicana Alicia Bárcena.
Existe una narración naturalizada en el imaginario colectivo que pondera al capital extranjero como proveedor de mejoras en productividad, innovación, empleos de calidad y virtuosos encadenamientos productivos. Eludir esa fantasía orienta hacia la construcción de un vínculo conveniente con las multinacionales. Los economistas Cecilia Fernández Bugna y Fernando Porta dicen que “los impactos no siempre resultan beneficiosos para la economía local y dependen del tipo de IED recibida, de las estrategias y objetivos de las empresas multinacionales, de las capacidades de la estructura productiva local así como de las políticas de regulación que se apliquen a esas inversiones y, en última instancia, del régimen económico de cada país”.
En Impacto de la inversión extranjera directa en la economía argentina desde los años noventa. Consolidación y cambios en la especialización productiva, esos dos investigadores explican que mientras la IED tuvo un efecto “crowding in” en Asia (nuevas inversiones), en América latina registró un efecto “crowding out” (compra de empresas nacionales), desplazando así inversiones domésticas. “En Argentina, la contribución de la IED a la expansión de la capacidad productiva durante la década del noventa resultó, al menos, inferior a la sugerida por la magnitud de los flujos recibidos”, aclaran. Esto implicó que el efecto neto sobre la formación bruta de capital fue muy limitado, además del restringido desarrollo de proveedores locales. El abastecimiento de insumos y bienes locales fue reemplazado por importaciones, gran parte proveniente de empresas vinculadas, impactando en forma negativa en el incremento de la capacidad productiva doméstica a partir de eslabonamientos con firmas locales. Esa conducta se padece con el déficit comercial sectorial, que ahora se busca compensarlo con acuerdos de sustitución de importaciones y desarrollo de proveedores locales.
Al incorporar en el análisis aspectos cuantitativos y cualitativos de la inversión extranjera se hace más sustancial el debate sobre el desarrollo económico, adquiriendo una dimensión clave el proceso inversor local dinamizado con ahorro interno. Ante un flujo de capitales externos perturbador de la estabilidad futura por la disponibilidad de divisas, además de su escasa contribución en innovación y transferencia de tecnología, la dinámica de la inversión doméstica tiene un papel principal. La restricción argentina en ese frente se encuentra en que el sector privado manifiesta un trastorno obsesivo compulsivo a la fuga de capitales, al atesoramiento de dólares y a desplegar una conducta rentística. Para superar esa limitación, tras la meta de mantener un sendero de crecimiento sostenido, el Estado es conducido a subsidiar inversiones privadas y también a intervenir en sectores sensibles de la economía, como en la actividad de hidrocarburos a partir de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol o en otras que se vayan presentando ante la necesidad de inversiones por la deserción del sector privado.
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