La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Encuentro de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Etnopo), tres organizaciones con perfiles muy diferentes, coincidieron en su explícito apoyo a la expropiación de YPF y fueron muy críticas con Repsol. Pero también pidieron el respeto a los territorios ancestrales, que se cumpla la legislación vigente (sobre todo la necesidad del consentimiento indígena para desarrollar actividades que pudieran afectarles) y alertaron sobre los riesgos de la explotación de gas no convencional. La comunidad mapuche Kaxipayiñ, afectada por el yacimiento Loma de la Lata, denunció “contaminación y abandono”.

“La expropiación de YPF es el primer gran paso para recuperar la esperanza de iniciar una nueva etapa, participativa, capaz de superar los resabios del neoliberalismo”, señaló la Confederación Mapuche. El MNCI, mediante un comunicado, fue en una línea similar: “Expresamos nuestro acuerdo y total apoyo a la expropiación del 51 por ciento de YPF, un paso estratégico en la recuperación de la soberanía energética”.

Etnopo, organización nacida en 2009 y alineada con el Gobierno, destacó: “La nacionalización de YPF es un gran paso hacia la recuperación de la soberanía”. Y recordaron que las multinacionales violan los derechos “fundamentales de participación y consulta indígena con el único fin de saquear los territorios”.

En Argentina existen cuatro cuencas donde se concentran los principales llamados de atención de las comunidades indígenas: Neuquina, Ñirihuau (oeste de Río Negro y Chubut), Cuenca Cañadón Asfalto-Meseta de Somuncurá (centro de Río Negro y Chubut) y Cuenca del Noroeste (Salta, Jujuy y Formosa).

El Movimiento Campesino Indígena señaló que Repsol debe resarcir económicamente “al país y a las comunidades” afectadas por los daños ambientales y pidió “profundizar el debate sobre la soberanía energética”. Llamaron a intensificar el desarrollo de energías renovables y aclararon que los agrocombustibles son “una falsa solución a los problemas energéticos y climáticos”.

José Quintriqueo, vocero de la Confederación Mapuche, respaldó la expropiación de YPF y afirmó que Repsol dejó un “pasivo cultural, económico, social y ambiental”. Aclaró que no se oponen a la explotación, pero recordó que es “una deuda pendiente del Estado” el desarrollo de un diálogo que lleve a un plan hidrocarburífero sustentable a largo plazo, respetuoso de los derechos de los pueblos originarios. “El Estado provincial y el federal no consideraron, en estas últimas décadas, estos derechos y no surge desde ninguno de los enunciados de la ley (de expropiación) esta preocupación central en nuestras vidas”, advirtió.

El Observatorio Petrolero Sur (OPS), espacio interdisciplinario que estudia los aspectos económicospolíticos y sociales del sector hidrocarburífero, detalló que Estados Unidos señala a la Argentina como la tercera reserva mundial de gas no convencional. El OPS explicó que este método “podría ser de profundo riesgo ambiental y social”, conlleva enormes consumos de agua y precisó que la técnica está prohibida en Francia y Bulgaria.

La Confederación Mapuche explicitó su “alerta y preocupación” ante la posibilidad de que se aplique “una forma de extracción que ha dejado grandes desastres ambientales, agotando y contaminando reservas de agua”. Quintriqueo advirtió que “recuperar el autoabastecimiento no puede ser nunca más a costa de nuestras vidas, culturas y derechos”.

Caso emblemático para el pueblo mapuche son las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ, que viven ancestralmente en la zona conocida popularmente como “Loma de la Lata”, uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos. En noviembre de 2001, presentaron un estudio del laboratorio alemán Umweltschutz Nord, que confirmó la presencia de metales pesados en la sangre y tejidos de los integrantes de las comunidades. El estudio detectó también la pérdida de recursos naturales.

Justamente, de la comunidad Kaxipayiñ (que integra la CMN) provino el más duro pronunciamiento post-expropiación de YPF. “Si bien existen leyes internacionales, nacionales, provinciales que obligan a los Estados y a las empresas a realizar consultas previas y a tener en cuenta nuestro territorio, nuestra existencia y nuestra cultura, lo único que hemos recibido de parte de YPF y del Estado han sido denuncias, represiones, discriminación y abandono”, afirmó Gabriel Cherqui, vocero de la comunidad.

Al momento de la expropiación, distintos sectores políticos mencionaron los pasivos ambientales de Loma de la Lata y advirtieron que ese hecho sería tenido en cuenta al momento de calcular el precio del 51 por ciento de las acciones. El vocero de la comunidad mapuche, Cherqui, responde al otro lado del teléfono: “Indigna la hipocresía de los gobernantes que utilizan nuestras denuncias de contaminación para sacar ventaja de Repsol, como si la empresa fuera la única culpable. Mientras Repsol-YPF nos contaminaba con metales pesados, ¿dónde se encontraba el Estado nacional y provincial?”

El vocero mapuche, que no se opone a la explotación petrolera, pero “siempre sujeta a la participación indígena”, agrega: “Hace un mes el Estado decía que la contaminación no existía en Loma de la Lata. Hoy denuncia el pasivo ambiental para descontar dinero de la expropiación. No hay vergüenza, la salud de nuestra mapu (tierra) y de nuestro pueblo se deteriora por la avaricia de los gobiernos”.