Los recursos impositivos adicionales que el gobierno bonaerense espera recibir por año como impacto de la ley que envió al Congreso alcanzan a 2485 millones de pesos. Tan sólo 450 millones corresponden al impuesto inmobiliario rural, que de todos modos eclipsó el resto de la discusión. Por detrás de la revaluación fiscal de campos, que hoy pagan tributo sobre menos del 5 por ciento de su valor real, quedaron invisibles frente a la opinión pública las reformas en Ingresos Brutos, Sellos e impuesto automotor. A través de una de estas modificaciones, por ejemplo, el servicio de televisión por cable y satelital pierde la exención en el impuesto a los ingresos brutos. No se descarta, como mencionó ayer el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, que el lobby del sector esté ejerciendo también su presión sobre los bloques que eluden dar el quórum en la Cámara baja bonaerense.

La modificación propuesta en Ingresos Brutos incrementa las alícuotas en el sector Servicios y Comercio para los contribuyentes más grandes, que pasarán a pagar el 3,5 por ciento sobre sus ventas en lugar del 3 por ciento hoy vigente. Los comercios que facturen menos de un millón de pesos anuales mantienen la tasa del impuesto en el 3 por ciento. También sufrirán un incremento de la alícuota otras actividades que, en otro momento económico, se consideró conveniente alentar con tasas diferenciales, como la bancaria, financiera y de telefonía.

La ley de reforma tributaria también trae novedades para el tratamiento en Ingresos Brutos de las cooperativas. Hasta ahora gozan de una exención amplia, cualquiera sea la actividad que desarrollan y el carácter de quienes la integran. La reforma propone derogar esa exención (contemplada en el Código Fiscal) y reemplazarla por otra que sólo alcance a los ingresos provenientes de las operaciones y servicios realizados “entre las cooperativas y sus asociados”, incluidos los retornos que estos últimos reciben como distribución de los excedentes.

Es decir, sólo las ventas que las cooperativas facturan a sus asociados quedarían fuera del pago de Ingresos Brutos, mientras que los asociados seguirán sin pagar el impuesto sobre los ingresos que reciban de la cooperativa, ya fuera por servicios que prestan o por distribución de excedentes. Las ventas al por menor de las cooperativas a terceros pagarán el impuesto, aunque a una tasa diferencial inferior.

El cambio del tratamiento impositivo de las cooperativas seguramente traerá alguna polémica. El gobierno de Daniel Scioli justificó la decisión adoptada en la necesidad de “evitar la competencia desleal que pudiera generarse a través de un tratamiento amplio y extremadamente beneficioso sobre la actividad de ventas minoristas de estas organizaciones”. Ello, sin desconocer el rol social que desempeñan las cooperativas de servicios eléctricos, telefónico, distribución de gas, redes de agua potable o cloacales, higiene urbana o construcción de pavimentos en los municipios. Pero el tratamiento tributario en su relación con terceros será equivalente –aunque con alícuota menor– al que corresponda a unidades económicas privadas en la misma actividad.

El proyecto de ley con media sanción del Senado también propone revisar el tratamiento impositivo de los servicios de televisión por cable y satelital en la provincia, derogando la eximición de pago del gravamen que le había sido otorgada en el escenario de la crisis económica de 2001/2002. De todos modos, “a fin de amortiguar el impacto de la posible traslación que las empresas pudieran realizar a los consumidores del servicio”, se establecerá una alícuota reducida del 2 por ciento.

En definitiva, las reformas previstas en Ingresos Brutos rendirían una contribución adicional de 1410 millones de pesos al año, más de tres veces lo que rendiría la nueva valuación fiscal rural. En el caso del impuesto de sellos, la reforma propone un incremento general de la alícuota, con excepción de las viviendas de bajo valor fiscal “y demás situaciones que lo ameritan en materia de equidad o de incentivos a la producción”. El resultado será un pago adicional de este tributo de 450 millones de pesos, cifra equivalente a la esperada del Inmobiliario Rural.