En las últimas semanas volvió a hablarse en los medios de un concepto que parece arrancado de la penosa historia política y económica de los ’90, “el riesgo país”. Y si reapareció, lógicamente, es porque se lo asoció a un alza que para algunos merecía convertirse en noticia: superó los 1000 puntos. Es decir que, a los ojos de “los inversores extranjeros”, el país vuelve a ser una plaza riesgosa, de improbable recuperación de la inversión, y más aún de los créditos que se le otorgaran. ¿Cuánto tiene que ver esa sensación transmitida por las calificadoras y los medios con la realidad económica del país? ¿Cuánto tiene que ver la intencionalidad de quienes buscan obstaculizar determinadas acciones del Gobierno para cambiar reglas de juego aún vigentes desde la época de la convertibilidad? En definitiva, volver a hablar del riesgo país elevado, ¿significa que el país volvió al pasado o que volvieron al escenario los actores que antes agitaban esos mismos fantasmas?

La reaparición de este viejo y conocido fantasma está rodeada, como no podía ser de otro modo, de misterios. El primero tiene que ver con su propia génesis. El nivel de “riesgo” que le corresponde a cada país tiene que ver con el diferencial de tasas entre un título de deuda pública de “riesgo cero” (de cobrabilidad absolutamente segura) y la tasa que se le asigna al país que se está buscando “medir”. El bono de riesgo cero está definido por convención: es el título de la deuda de largo plazo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es el organismo encargado de imprimir los dólares, por lo cual el incumplimiento de compromisos de pago en esa moneda resulta inverosímil, casi imposible. Casi, porque el año pasado Estados Unidos estuvo a punto de declararse en default porque el Congreso no le autorizaba a seguir endeudándose y la emisión de dólares (para capitalizar a bancos defondados durante la crisis) ya había llegado a un límite intolerable.

A pesar de las circunstancias, el bono de deuda de la Fed sigue siendo el considerado de riesgo cero. Como medida para contrarrestar la crisis, la tasa de ese bono está en uno de sus más bajos niveles históricos, en el 0,5 por ciento anual (medio punto de interés al año, 50 centavos de dólar por cada 100 dólares prestados). Es un dato cierto, exacto, público. En cambio, la tasa que se le asigna al país al que se le “mide” el riesgo es mucho menos preciso. Para eso están las grandes consultoras, como Standard and Poors y Moody’s, que dirán cuál es el riesgo de cada país en función del valor de mercado de sus bonos de deuda, pero también ponderando la “solvencia” macroeconómica y la de su gobierno, la “voluntad” de pago de su deuda y “la capacidad potencial de generar divisas”.

Entre los numerosos bonos de deuda soberana que emite Argentina, se toman los que pagan el vencimiento en valor dólar para compararlo internacionalmente. Cuando un país está en crisis y hay una fuerte presunción de que no va a pagar su deuda, estos bonos caen a un valor irrisorio porque es como una brasa caliente, que nadie quiere tener en sus manos cuando se declare el default. Un especulador lo podría tomar a la mitad de su valor sólo porque se arriesga a que, si se cobra, recibirá el doble de lo que invirtió (100 por ciento de ganancia). Ese diferencial entre la renta reclamada para aceptar el bono y la que paga un bono seguro (el de Estados Unidos) es lo que se denomina “riesgo país”.

Hasta aquí, todo bastante razonable y técnico. Cuando Argentina hacia fines de los ’90 era visto como país caminando por el desfiladero y con los ojos vendados, los bonos de deuda soberana se ofrecían por monedas, por al altísimo riesgo de default, y el “riesgo país” trepaba a 2000, 3000 o más puntos. Quienes preveían el default no se equivocaron: ocurrió en 2002. Pero hoy, sin la trampa de la convertibilidad, Argentina cumple sus compromisos y los bonos, curiosidad del destino, cotizan en el país con un “premio” del 20 o el 30 por ciento del valor nominal de rescate: entre 5,40 y 5,80 pesos por dólar nominal.

Si el riesgo país se tomara en función de este valor del mercado local (Buenos Aires), hoy resultaría negativo: el inversor está comprando a 5,40 lo que el Gobierno promete pagar 4,47 más un 7 por ciento anual. ¿Qué pasa con esos mismos títulos, por caso el Boden 2017, denominado en dólares, en el mercado de Nueva York? Hasta hace un mes, se llegó a pagar (en dólares) hasta un 8 o un 9 por ciento por encima de la par (por encima del valor de rescate que ofrecía el Gobierno). Conforme a ese parámetro, al menos, el bono argentino resultaba para el inversor más seguro o confiable que el bono estadounidense. Nadie habló entonces –las consultoras, menos– de un riesgo país cero o negativo para Argentina. ¿Cómo es posible que, en menos de un mes, el tema se convirtiera en noticia, pero justamente en el sentido contrario?

Es sabido que en Buenos Aires estos bonos denominados en dólares están siendo utilizados por quienes pretenden transferir dinero sin declararlo al exterior, mediante una operación que la jerga financiera llama “contado con liqui” (por “operación local al contado con liquidación en el exterior”): compra del título en pesos acá y venta del mismo título inmediata en el exterior para su cobro en dólares. Como esa fuga de divisas no se puede declarar, quien la hace no puede comprar los dólares en el mercado formal, y está dispuesto a pagar una diferencia porque seguramente será más lo que gane por sacar del país lo que obtuvo con malas artes. Eso justifica el alto precio local de los bonos en dólares.

Mientras tanto, lo que sucedió en el exterior (Nueva York) fue que los Boden 2017 empezaron a bajar de precio y en pocas semanas pasaron de cotizarse 8 por ciento sobre la par a un valor del 15 por ciento de descuento respecto de su valor nominal. La regla dice: baja el precio de mercado del bono, sube el riesgo país. El inversor extranjero reclama un precio mayor por “prestarle” al Gobierno (comprar un título de deuda). En este caso, paga 85 en vez de 100 (el mencionado 15 por ciento de descuento de la cotización) para obtener un interés del 7 por ciento. Es decir, está reclamando una tasa de retorno tres veces mayor. ¿Eso es equivalente a una suba del riesgo país a un índice 1000? Para nada, es una caída de la calificación totalmente desproporcionada respecto de lo que reflejan los mercados. Pero entre ambos “castigos”, el del mercado y el de las calificadoras, hay más de un punto de contacto.

Hay un dato objetivo: el valor de los bonos argentinos en Nueva York empezó a caer a partir de que se conoció la decisión del Gobierno de recuperar YPF, enviando al Congreso el proyecto de expropiaciones de acciones en propiedad de Repsol. Menos certero resulta indicar por qué cayeron los bonos, si fue por percepción de mayor riesgo de parte de los inversores, o por un manejo intencional de algún sector económico-financiero que tiró abajo el precio para sancionar la decisión del Gobierno. El mercado de bonos argentinos en Nueva York es muy reducido y todo es posible.

El otro dato objetivo es que las calificadoras reaccionaron inmediatamente a estos movimientos y comenzaron a subir el índice de riesgo país, pero de modo más acelerado o amplificado respecto de lo que se observaba en el mercado. Otra vez el mismo interrogante respecto de las motivaciones: ¿fue por percepción de que empeoraban las condiciones generales para la inversión en Argentina o fue una acción concertada con grupos económico-financieros con intenciones políticas? Con los antecedentes de estas consultoras internacionales, también todo es posible.

Estos son los sucesos que escoltan el reingreso del riesgo país en el escenario. Un escenario en el que predomina la disputa entre los grupos financieros aún dominantes en la economía mundial (pero en crisis) y gobiernos que buscan quitarse de encima las restricciones impuestas con el neoliberalismo. El riesgo país es una de las herramientas con las que se ejerció el dominio sobre las políticas económicas de los países dependientes, condicionando lo que podrían o no hacer en función del “humor de los mercados”. En la actualidad, por propia voluntad, el gobierno nacional no toma crédito en el mercado financiero mundial, por lo cual la suba del “riesgo país” no encarece, como en los ’80 y los ’90, el costo que paga por endeudarse. Es más una sanción política que económica, que tendrá mayor o menor peso en función de la legitimidad que se conceda a las calificadoras que determinan ese riesgo país.