Las empresas mineras radicadas en el país deberán contar con un departamento de sustitución de importaciones y contratar fletes de transporte a compañías nacionales. Así lo dispuso la Secretaría de Minería a través de dos resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial. La medida alcanza a las empresas beneficiadas con la ley 24.196, que fija un régimen de atracción de inversiones para la actividad minera. El texto de la norma enmarca la disposición en las políticas inclusivas que refuerzan la economía, preservando las fuentes laborales, creando nuevas oportunidades de trabajo y profundizando el proceso de sustitución de importaciones.

La creación de departamentos de sustitución de importaciones apunta a priorizar la adquisición de maquinaria, equipos y repuestos, servicios e insumos de origen nacional y reducir las importaciones que necesita la industria. Para lograr este objetivo, las mineras deberán presentar con una anticipación de 120 días cronogramas trimestrales de demanda para proyectos de construcción, prospección, exploración y producción.

Los cronogramas actualizados serán analizados por un Grupo de Trabajo de Evaluación Técnica Minera, creado con estas resoluciones. En ese tiempo, la mesa de homologación buscará que las compras de insumos y servicios para operar sean sustituidas con bienes producidos en el país; y en caso de que actualmente no se produzcan, tratar de generar nuevos acuerdos de sustitución. Un ejemplo de lo ya hecho es el comienzo del abastecimiento por parte de Fabricaciones Militares, proveyendo servicios y explosivos en los proyectos mineros de oro y plata en Guacamayo, provincia de San Juan, que aspira a sustituir 400 millones de pesos este año.

Este Grupo de Trabajo de Evaluación Técnica Minera estará presidido por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y conformado por técnicos del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). También tendrá la asistencia la Mesa de Homologación Minera que se encarga de sustituir insumos y servicios nacionales para la minería, compuesta por el organismo minero nacional junto a la Cámara Argentina de Servicios Mineros (Casemi), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y los operadores mineros, empresas mineras públicas y proveedores de todo el país.

Las empresas mineras también deberán utilizar el servicio de fletes de transporte por empresas nacionales para exportar minerales o productos derivados tanto de forma marítima, fluvial, terrestre o aérea. Se exceptuará de este requisito “cuando el transporte de la carga no pueda ser realizado por empresas nacionales”, ya sea por “insuficiencia de bodega o por no contar con buque, vehículo o aeronave en posición”. Se consideran empresas nacionales aquellas compañías de transporte constituidas según las leyes locales, con sede social en el país. Para disipar dudas, la normativa aclara que “resulta necesaria la implementación de acciones que propendan a profundizar el proceso de sustitución de importaciones y, consecuentemente, fortalecer la industria y el servicio nacional”, y alega que “existen en plaza empresas nacionales con la trayectoria y el prestigio necesarios para asegurar la prestación satisfactoria de los servicios”.

Fuentes de la Secretaría de Minería informaron que las resoluciones continúan en la línea de lo que se viene realizando en la Mesa de Homologación Minera, donde se apunta a sustituir importaciones por 500 millones de pesos adicionales este año, sobre los 200 millones ya logrados en lo que va de 2012. “La idea es normatizar lo que se venía realizando en la Mesa. Los 120 días son necesarios para analizar y evaluar qué podemos sustituir y, en caso de no producirse en el país, buscar a futuro su reemplazo en la industria nacional”, declararon desde la secretaría.

La política busca generar un reemplazo de importaciones para sostener el superávit comercial, uno de los objetivos principales del Gobierno en materia económica, en una industria que ha tenido un crecimiento exponencial, pasando de sólo 18 proyectos mineros en 2002 a 614 el año pasado, según datos de la secretaría. La estrategia de sustitución también se está profundizando en los sectores automotor, de software y del petróleo, a partir de la estatización de YPF.