La orientación y las normas básicas que definen los sistemas fiscales en cada país reflejan y armonizan los intereses de quienes detentan el poder económico. Argentina no es ninguna excepción. La resistencia violenta de las cámaras patronales agropecuarias bonaerenses a la actualización del valor fiscal de la tierra representa, desde la visión del prestigioso tributarista cordobés y miembro del Plan Fénix Salvador Treber, el último capítulo en la discusión sobre cómo lograr cobrarle impuestos al sector. En diálogo con Página/12, el ex director del Banco Central durante los primeros años del regreso a la democracia advierte que los dueños de la tierra poseen un diversificado arsenal de instrumentos de presión que le permiten distorsionar la estructura tributaria para su beneficio desde hace más de 70 años. “A fines de 1973, el flamante Impuesto a las Ganancias sustituyó como base imponible la ‘renta real de la tierra’ por la ‘renta normal potencial’. Para eso un equipo coordinado por dos ingenieros agrónomos del INTA comenzó a elaborar un nuevo catastro y, entre 1974-1975 avanzaron para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La tarea se vio interrumpida con el golpe de Estado. Una de las primeras medidas del ministro de Economía de facto, José Alfredo Martínez de Hoz fue incinerar todo ese trabajo, mientras que los especialistas figuran desde ese momento entre los de-saparecidos”, recordó Treber durante la entrevista con este diario.

“El escenario en que se desenvuelve la actividad económica de cualquier país es, en los hechos, una permanente puja de intereses contrapuestos. Los empresarios tratan de asegurar las condiciones para optimizar sus ganancias mientras el sector laboral reivindica su derecho a superiores remuneraciones. Los planteos muy pocas veces se hacen con el ánimo de perfeccionar el sistema, buscando coadyuvar a mejorar el esquema de equidad o distributivo, ya que, por lo general, sólo procuran privilegiar el tratamiento de su propia actividad o del grupo específico que integra la empresa”, escribió el contador en el diario cooperativo cordobés Comercio y Justicia en agosto del año pasado para referirse a la exacerbación de los reclamos tributarios del sector agropecuario durante el período preelectoral. Ese comportamiento se reiteró, con mayor violencia, en el reciente debate legislativo en la provincia de Buenos Aires para actualizar el congelado valor fiscal de los campos y modificar la estructura del Impuesto Inmobiliario Rural.

–¿Por qué es tan difícil cobrarle impuestos al sector agropecuario?

–Yo haría la pregunta inversa: ¿por qué no habría que cobrarle impuestos? ¿Por qué va a ser la excepción cuando es uno de los sectores más beneficiados dentro de la actividad económica nacional? El rechazo a pagar impuestos y la exacerbación del sector frente a los cambios son una tradición rural más. Los abusos y presiones del sector están presentes desde los albores de la Argentina. El poder de influencia que tiene el sector es muy fuerte. Cuando trabajé en el Banco Central pude observar en los hechos como maniobraban abusivamente en materia de crédito. Tienen agentes en toda la economía que movilizan fuerzas que a uno ni se le ocurre que pueden estar en combinación. Las transacciones del sector deberían hacerse por vía bancaria como sucede con todos los pagos superiores a 1000 pesos. Pero si se comparan los movimientos bancarios del sector con el valor del producto que generan, menos del 25 por ciento está bancarizado. Cuando se introdujo el cultivo de la soja en 1975, con apenas 750 mil toneladas cosechadas ese año, no se comercializó en blanco ni un grano.

–¿Por qué el Impuesto Inmobiliario Rural que aplican las provincias perdió relevancia en la recaudación de las distintas jurisdicciones?

–Eso sucede porque las valuaciones fiscales de la tierra que se utilizan para determinar cuánto se paga de impuestos se atrasaron. El Impuesto Inmobiliario depende del valor fiscal que se adjudica a las unidades que van a ser gravadas. Así, si hay un proceso inflacionario o hay una revalorización de los campos y no se actualizan los valores fiscales, el monto del impuesto que recaudan las provincias disminuye. En Córdoba, las valuaciones datan de 1993 y, por lo tanto, no incorporaron la reciente valorización en el precio de la tierra. En consecuencia, el Impuesto Inmobiliario Rural va perdiendo peso en la recaudación total. Hoy en Córdoba representa alrededor del 3,5 por ciento del total, algo muy parecido sucede en Santa Fe y Buenos Aires. El objetivo de los cambios que introdujo Scioli es actualizar el valor fiscal para que las valuaciones representen el 50 por ciento de su valor de mercado, no es el 100 por ciento. Además, para determinar el monto del impuesto se aplica un conjunto de “correctores” que reducen todavía más la base imponible. Pero, como están acostumbrados a no pagar impuestos, generan una repulsa total. Los aumentos que aplicará la provincia de Buenos Aires no ponen en riesgo sus niveles de rentabilidad. No les interesa si hay que financiar la educación, la salud y la seguridad. Promueven una estructura tributaria fuertemente regresiva. Incluso cuando aceptan pagar un poco más, como sucede en Córdoba donde el sector agropecuario hizo un convenio con el gobierno provincial para reconocer un plus de impuestos, condicionan que lo que se recauda se afecte exclusivamente a mejorar la infraestructura del transporte y comunicaciones del sector agropecuario.

–¿Qué alternativa existe para cobrar impuestos en una forma más eficiente y equitativa?

–Si se quiere cobrarle impuestos a través del Inmobiliario Rural es imprescindible mantener actualizados los valores fiscales de cada unidad de tierra y cercano a su valor de mercado para que no pierda vigencia. Además de las retenciones, cuyo rol central es diferenciar el tipo de cambio, le permiten al Estado disponer de una porción de la renta extraordinaria de la tierra y evitar que la variación en el precio de las commodities se traslade a la canasta de alimentos de las familias. Otra posibilidad para cobrarle impuestos al campo es a través del Impuesto a las Ganancias. Se puede, como propuso el profesor Dino Jarach en 1964. Eso no se debe hacer con la renta real de la tierra, sino con la renta normal potencial promedio. La renta real es la que se logra de acuerdo a lo que están produciendo, que lo decide el dueño o el arrendatario. Así, donde se cultiva trigo pero sería más productivo hacer cebada se calcula el valor del impuesto en función de la cebada. La otorga al estado capacidad para direccionar las producciones y que se explote más racionalmente.

–Esa iniciativa se intentó aplicar a mediados de los años ’70.

–A fines de 1973, el flamante Impuesto a las Ganancias sustituyó como base imponible la renta real de la tierra por la renta normal potencial. Para eso, un equipo coordinado por dos ingenieros agrónomos del INTA comenzó a elaborar un nuevo catastro y, entre 1974-1975 avanzaron para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La tarea se vio interrumpida con el golpe de Estado. Una de las primeras medidas del ministro de Economía de facto, José Alfredo Martínez de Hoz, fue incinerar todo ese trabajo, mientras que los especialistas figuran desde ese momento entre los desaparecidos.