La Corte Suprema de Justicia le pidió por oficio al titular de la Anses, Diego Bossio, que presentara dentro de los próximos 30 días un exhaustivo informe sobre la situación presupuestaria del organismo. El tribunal tendrá en cuenta esos datos para resolver en una causa que promovió hace tres años el defensor del Pueblo de la Nación. La demanda busca generalizar los alcances de los fallos Badaro y Eliff de la propia Corte a todos los jubilados en su misma condición. Se estima que son cerca de un millón. La Corte ya había pedido un informe similar el año pasado, que fue respondido en julio por la Anses, pero ahora los supremos solicitaron una actualización de los datos y requirieron otros, como cuáles son las fuentes de ingresos y gastos del organismo. El pedido se produce cuando el Gobierno está impulsando cambios por ley en el régimen de jubilaciones de “privilegio” de jueces y diplomáticos, y busca acotar los montos de las sentencias por reajustes de haberes.

El 24 de mayo del año pasado la Corte reclamó a la Anses un estudio sobre el impacto fiscal de extender los fallos Badaro y Eliff al resto de los jubilados. El 7 de julio, Bossio remitió un documento de 250 páginas con una respuesta categórica: replicar las disposiciones del caso Badaro a todos aquellos en igual situación demandaría 14.136 millones de pesos anuales, más 28.000 millones en retroactivos que se pagarían por única vez. Ese gasto pondría a la Anses en “riesgo institucional”, ya que la haría incurrir en un “déficit estructural”. Aquellos 14.136 millones ahora serían cerca de 21.000 millones, luego de los aumentos de haberes de septiembre de 2011 y marzo pasado.

Por su parte, ampliar el alcance del fallo Eliff forzaría erogaciones por 21.000 millones de pesos anuales, más 43.000 millones en retroactivos, que se pagarían una sola vez. “Son gastos que no se pueden asumir con el presupuesto actual de la seguridad social, que está prácticamente en equilibrio”, aseguró la Anses en aquel momento. Ahora la Corte repite el pedido, con esos cálculos actualizados, y también con una proyección de ingresos y gastos para este año. El listado de consultas se divide en ocho capítulos, a razón de cinco o seis ítem en cada uno. Incluye información sobre la litigiosidad, recursos, gastos, deuda exigible, ejecución presupuestaria, funcionamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pago de sentencias y aplicaciones y fuentes financieras.

Dentro de ese lista aparece un punto sensible: la Corte reclama conocer “de manera concreta, con la identificación individual que corresponda, cuáles son los casos de jubilados que perciben montos excesivos o exorbitantes o sin fundamentos, según el criterio de la Anses, y en ese caso, cuáles son las razones”. El organismo previsional viene impulsando en el Congreso una revisión por ley del mecanismo de aplicación de sentencias judiciales. Hace tres semanas Bossio se presentó ante una comisión bicameral y reveló que el jubilado que más gana en el país percibe 112.121 pesos mensuales, producto de un fallo judicial que actualizó su haber hasta ese nivel.

El funcionario expresó que el Gobierno pretende derogar los regímenes previsionales de privilegio de jueces y diplomáticos, con jubilaciones de 22.000 y 27.000 pesos mensuales promedio, respectivamente. También planteó la necesidad de darles un corte a esos fallos que producen ajustes de haberes muy por arriba de la jubilación máxima. Esos proyectos generan tensión en tribunales, que presiona para mantener sus jubilaciones especiales. En ese contexto, la Corte sacó del cajón la causa del defensor del Pueblo de la Nación, que pone a la Anses en aprietos.

La Defensoría del Pueblo de la Nación pretende que la Justicia dicte un fallo para universalizar los alcances de los casos Badaro y Eliff. El primero fija una actualización de haberes del 88,6 por ciento para quienes ganaban más de 1000 pesos en el período 2002-2006. El segundo establece una nueva base de cálculo para la determinación del haber inicial. El organismo planteó una acción de clase para que cerca de un millón de jubilados no tenga que litigar individualmente y accedan a esos beneficios de manera automática.