Si algo no necesitan los organismos de la administración nacional para sentirse presupuestariamente estrujados es una nueva poda en sus partidas. Pero es exactamente la mala noticia que recibieron días pasados, cuando las reparticiones fueron informadas de que su techo de gasto en los llamados “servicios no personales”, que incluyen desde el teléfono a la computación, quedan recortados en un 15 por ciento. Esto implica restarles en conjunto 209 millones de pesos para el presente año. Esta rasurada es consecuencia de una batalla perdida por el Poder Ejecutivo con el Parlamento, que le revirtió un veto y obligó a reasignar 200 millones de pesos en favor de Vialidad Nacional para obras camineras en el interior. Este organismo, que pretendía disponer de mil millones para este año, obtuvo apenas 431, que ahora subirán a 631 millones. No es mucho para atender una red carretera de casi 30 mil kilómetros.
El desvío de recursos hacia los caminos afecta a los gastos de funcionamiento y perjudica de manera muy despareja a las diversas áreas gubernamentales. Esta restricción adicional de la capacidad operativa puede obligar, en algunos casos, a agregar días de licencia para parte del personal, según explicaron a Página/12 expertos en cuestiones presupuestarias. La ANSeS, por ejemplo, se las tendrá que arreglar con 12,3 millones de pesos menos, mientras que la Policía Federal recibirá 8,3 millones menos y al INTA le quitarán $ 4,3 millones, mordisco que será de 6,3 millones en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, para mencionar sólo algunos ejemplos.
Esta dieta forzosa de recursos se añade a una considerable subejecución presupuestaria. Si, en teoría, en el primer trimestre resultaría normal consumir una carta parte de los recursos asignados para todo el año, entre enero y marzo del 2003 el devengamiento sólo alcanzó a un 18,6 por ciento del total, según informó este diario el domingo último en base a cálculos de la Gerencia de Estudios Económicos del Bapro. En la práctica, mientras que el presupuesto nacional establece, área por área, los recursos para el año, luego Hacienda puede disminuir esa cifra casi a piacere.
Una forma de esquila consiste en autorizar a devengar cuotas trimestrales inferiores a los topes presupuestarios. Pero después de eso queda otra instancia de ramoneo, consistente en demorar los pagos, aunque las órdenes estén emitidas. De hecho, el actual gobierno ha reconocido haber diferido gastos para después del 25 de mayo, con la intención de que el futuro presidente no encuentre la caja vacía. Claro que a cambio de eso se hallará con una pila de pagos pendientes.
El temor a sensibles reducciones presupuestarias nace de la atemperada marcha de los precios internos (el IPC habría aumentado medio punto en abril) y la caída del dólar, que impedirían alcanzar la recaudación prevista, a pesar de la reactivación. Pero un reciente informe de Fundación Mediterránea señala también otros elementos adversos. Uno consiste en la congelación de tarifas de los servicios públicos. Esta ha impedido que el fisco se beneficiara con la inflación en un sector clave para el IVA, tanto que en 2001 aportó el 19 por ciento de lo recaudado por el IVA DGI.
Claramente, si a los almacenes de barrio les va mejor que a las grandes cadenas de supermercados, la AFIP sufre. Otro tanto le ocurre porque los sectores que más aumentaron su Producto nominal generan muy poco IVA neto (diferencia entre débitos y créditos). Así, sectores claramente transables, como la minería y el agro, tienen una tasa implícita neta de apenas 2,2 y 4,0 por ciento, respectivamente. Electricidad, gas y agua, en cambio, le reportan al fisco una tasa de IVA neto de 8,5 por ciento.
Algo semejante ocurre con el IVA Aduana, afectado por el derrumbe de las importaciones, que esterilizó en gran medida el aumento del contravalor en pesos de las compras externas por la devaluación. De por sí, “el exagerado superávit comercial, que se mantiene en casi 17 mil millones de dólares, involucra un problema fiscal de magnitud”. En concreto, la Mediterránea anticipa que la meta de 3000 millones de pesos de superávit primario en el segundo trimestre no sería alcanzada, asunto que deberá remontarse no en la revisión en curso con el Fondo Monetario pero sí en la próxima.
Además de lo que indican las curvas de ingresos y gastos, el Gobierno ve amenazadas judicialmente algunas de sus medidas, como la restitución con bonos del 13 por ciento a empleados públicos y jubilados y la negativa a admitir el ajuste por inflación para la determinación del impuesto a las Ganancias. Nunca ha sido tan difícil ajustar.