Todo vale en la lucha por sostener el dólar. Con este principio como guía, el Gobierno resolvió conceder un año de plazo para que los exportadores de una amplia gama de productos industriales –que incluyen la siderurgia, el aluminio y los automotores– ingresen y liquiden las divisas. Hasta el momento, para los rubros beneficiados regían plazos de 120, 150 y 180 días corridos, según los casos. Implícitamente, esta decisión, que profundiza la liberalización de la política cambiaria, sugiere que la conducción económica y el Banco Central verían con agrado que los exportadores retengan por más tiempo los dólares o los euros fuera de la Argentina. De esta manera, descendería la oferta de moneda extranjera en el mercado cambiario y habría menor presión a la baja sobre el tipo de cambio. Pero algunos economistas temen que a las autoridades salientes se les esté yendo la mano, y que cuando el viento de las expectativas cambie de cuadrante deban volver a endurecerse los controles.
Es verdad que, por ahora, la tendencia no ha variado, y que mientras cualquier baja de la Bolsa –como la de ayer– es atribuida, sin mayor fundamentación, a la “incertidumbre” pre-ballottage, y más exactamente a las dudas del establishment respecto de Néstor Kirchner, en el mercado de cambios no se nota ninguna aprensión. Aun con las tasas de interés en pesos en declive, el dólar cerró en la víspera a 2,77 pesos comprador y 2,82 vendedor, sin alteraciones respecto de anteayer, pero ello merced a que el Central compró U$S 76,1 millones. Esto significa que, en una sola jornada, emitió unos 211 millones de pesos, que la economía parece absorber sin desestabilización alguna.
La cuestión central, respecto de los generosos términos aprobados para la liquidación de divisas de exportación, es que la mayoría de los productos favorecidos no requieren tanta flexibilidad, ya que no son bienes de alta complejidad, en los que es difícil imponerle al importador extranjero plazos cortos de pago. La medida, adoptada por el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, con acuerdo de Economía y el BCRA, engloba a bienes como papel y cartón, cerámicos, vidrio, muebles, etcétera. De hecho, el plazo de 360 días duplica al admitido en Brasil. En otra gama de productos, fundamentales en las ventas argentinas al exterior, como cereales, oleaginosas y combustibles, se admitirá la liquidación a los 60 días, en lugar de los 15 o 30 días vigentes hasta ahora. Un trato similar valdrá para un capítulo peculiar del comercio exportador argentino: explosivos, armas y municiones.
En esta larga batalla por nivelar oferta y demanda en el mercado cambiario, mientras a los exportadores se les permite retener los dólares afuera por largos meses, los importadores pueden efectuar el pago anticipado o contra la documentación de embarque de la mercancía (por parte del proveedor externo). La obtención de crédito, otorgado por el exportador del extranjero, ya no es obligatoria. Para algunos expertos, esta liberalidad argentina es temeraria porque el excedente de oferta cambiaria responde en parte a una demanda reprimida de dólares en razón del default de la deuda externa.
Lo que advierten los expertos es que, ante un eventual cambio de expectativas, con espera de una recuperación del dólar frente al peso, la laxitud de las nuevas normas podría acentuar exageradamente el repunte de la divisa porque los exportadores retardarán la liquidación y los importadores apresurarán sus pagos. Mientras tanto, los precios internos, aunque no acompañaron el impresionante repliegue del tipo de cambio, ya mostraron una clara deflación a nivel combinado en abril (ver aparte). Mientras en los años finales de la convertibilidad la deflación expresó la necesidad de atenuar el retraso cambiario, ahora revela la precariedad de un equilibrio montado sobre la destrucción del salario y una tasa neta negativa de inversión.