El ministro de Producción, Aníbal Fernández, garantizó ayer a los gremios aeronáuticos que Eduardo Duhalde firmará la próxima semana el decreto de necesidad y urgencia que dará a luz una nueva aerolínea estatal, succionadora de casi todo el personal de la suspendida LAPA. Entre los argumentos para esta decisión política, el funcionario incluyó un reciente estudio de factibilidad oficial de la futura empresa pública. El informe dice que la empresa conseguiría tener cuentas equilibradas a pesar de los abultados costos de la actividad aeronáutica y el derrumbe del mercado aerocomercial. Esta condición, sin embargo, es imprescindible para hacer creíble la intención oficial de privatizarla a corto plazo y la de no reducir el sueldo de los trabajadores que sean absorbidos. El Gobierno dio así un paso más para librar de un conflicto sindical de envergadura el corto tránsito hacia el ballottage.
Parte de los 870 empleados de LAPA manifestaron por la tarde frente al Aeroparque Jorge Newbery en reclamo de alguna solución a sus problemas de empleo. Motivos de aflicción, les sobran. La concursada aerolínea está suspendida desde hace varias semanas, sin ninguna posibilidad de volver a operar, y los trabajadores no tienen certeza de que los magros ingresos que aún sigue generando alcancen siquiera para los salarios del mes. Producción presentó ayer mismo una denuncia penal por presunta defraudación contra los actuales accionistas de la compañía, un trío liderado por el boliviano Humberto Rocca. En el trámite iniciado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral se le objeta a los sucesores de Eduardo Eurnekian haber vendido pasajes sin tener los recursos necesarios para garantizar la operación de la compañía, virtualmente quebrada. Otro hecho que prueba la orfandad en la que se encuentra el personal.
Pero ayer Fernández convenció a los gremios que la idea de crear una firma estatal no es una promesa preelectoral sino un proyecto con respaldo íntegro del gabinete nacional y hasta de Néstor Kirchner, eventual sucesor de Duhalde. En rigor, no es necesario un gran esfuerzo para seducir a los dirigentes del sector, en su mayoría simpatizantes de ese candidato. Ricardo Cirielli, líder del sindicato de los técnicos, también comanda el Nuevo Encuentro Sindical, núcleo de gremios que avalan al santacruceño.
Amén de esas afinidades políticas, el titular de Producción ofreció ayer varias atractivas garantías para los trabajadores de Lapa. Entre ellas, que la nueva compañía estatal tomará a “todo el personal convencionado” (la mayoría, salvo los jerárquicos), que los trabajadores tendrán alguna forma de control sobre la gestión y que no sufrirían recortes de salario. Como la nueva aerolínea no estaría operativa hasta dentro de un par de meses, Trabajo también se comprometió a otorgar rápidamente seguros de desempleo para cubrir ese bache, omitiendo la formalidad de tener que contar con un telegrama de despido.
Los técnicos de Producción y Economía tuvieron que esmerarse para diseñar un plan operativo y de negocios que tornara razonable la propuesta de crear una nueva empresa aérea para venderla en el corto plazo, “básicamente a capitales nacionales”. El proyecto prevería la contratación 9 aviones en leasing, aprovechando que muchos bancos retuvieron aeronaves por préstamos impagos. La idea es alquilar 737-200, el mismo tipo de aeronave que volaba LAPA, con lo cual se podrían ahorrar dos millones de pesos en capacitación. La proyectada compañía volaría alrededor de 6 rutas de cabotaje y podría operar una serie de servicios hoy tercerizados por Lapa, como el catering.
Surgirá como una unidad de negocios de la reestatizada Intercargo, empresa que brinda el servicio de rampas (asistencia de aeronaves en tierra) y está habilitada para otras prestaciones, incluida la operación de rutas aéreas. De esta manera, el gobierno intentaría sortear alguna posible dificultad legal derivada de la privatización de Aerolíneas Argentinas, por la que el Estado se habría inhibido de competir con ella. Sobre esta base, Fernández y Roberto Lavagna aspiran a montar una empresa aérea que arroje un déficit anual de apenas 30 mil pesos, cifra irrisoria en relación a la envergadura del negocio y a la pérdida operativa que registraba hasta ahora Lapa, de 5 millones mensuales. Y en el caso que finalmente se subsidiara la aeronafta –tal como proyecta el Gobierno–, el emprendimiento oficial hasta podría ser rentable. Aún en este caso, será necesario dotar a la nueva línea aérea de un capital que, según se empeñan en destacar tanto los gremios como el Gobierno, sería recuperado con la futura privatización. Si abortase la firma del DNU u ocurriera otra cosa que impidiera alumbrar la nueva empresa, el problema sindical estallaría en las manos del próximo gobierno. Y la audaz iniciativa de crear una nueva empresa pública después de una década privatizadora sólo engrosaría el anecdotario de proyectos frustrados.