“El Gobierno va a analizar el tema y tomará una decisión en los próximos días: no voy a adelantar ninguna posición”, respondió ayer el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, con respecto a si el gobierno promulgará o vetará la suspensión por 90 días de las ejecuciones a los morosos hipotecarios. El aplazamiento votado por el Congreso es el cuarto desde enero de 2002 y contraría la postura compartida por el gobierno nacional y el FMI. Sin embargo, Atanasof se cuidó ayer de no apurar una definición.
El Poder Ejecutivo quedó entre dos fuegos. Por un lado, el compromiso de palabra con el Fondo. Por otro, el reclamo de los bloques principales de ambas cámaras legislativas, que habían planteado la prórroga de la suspensión de las ejecuciones prácticamente como moneda de cambio para aprobar el rescate de los bonos provinciales, que también fue convertido en ley en el recinto el jueves último.
El gobierno de Eduardo Duhalde, prácticamente a dos semanas de transferir el poder, buscará aprovechar la coyuntura para evitar pagar un costo político mayor. Intentará sacarle el jugo a la actual relación de idilio que vive con el FMI, luego de los sucesivos elogios que recibió desde Washington, para tratar de bajarle el tono a las promesas realizadas pero incumplidas. Por otra parte, dejará pasar con seguridad las elecciones del 18 de mayo para definir el tema en los días más tranquilos –para su propia gestión– que sobrevendrán a la consagración del futuro presidente de la Nación.
“El Gobierno cree que necesitamos avanzar en la normalización definitiva de las relaciones económicas entre los bancos y los particulares y entre los particulares entre sí”, señaló Atanasof en forma retórica al ser consultado por la prensa. En cambio, Rubén Manusovich, presidente de Fedecámaras, sostuvo que “lo sancionado por el Congreso es un importante avance para comenzar a estudiar soluciones concretas”, pero advirtió que “no resuelve el problema de fondo”. En tal sentido, reclamó que “el Poder Ejecutivo esté al lado de quienes pueden perder sus viviendas y fuentes de trabajo, y no escuche al Fondo Monetario Internacional, que exige el veto de la norma”.