Todo final tiene un principio. El candidato a ministro de Economía de Menem, Carlos Melconian, fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada, que ideó Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la dictadura. Según consta en los documentos oficiales a los que accedió Página/12, el joven Melconian, como jefe del Departamento de Deuda Externa de la entidad, archivó las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los ochenta. El equipo de auditores del Central había detectado autopréstamos, créditos ficticios y otras maniobras dolosas por 6000 millones de dólares. Sin embargo, esas operaciones cuestionadas fueron registradas como legítimas y cargadas a la deuda pública argentina con la invaluable colaboración del hoy aspirante a ministro menemista.
En agosto de 1984, a instancias del primer titular del Banco Central de Alfonsín, Enrique García Vázquez, se crea el cuerpo de inspectores de la deuda externa, un equipo integrado por 20 funcionarios de carrera, con experiencia de auditoría. Meses antes, el Central había dictado una norma que disponía que todas las empresas con deudas contraídas en el exterior declararan ante la entidad las características del préstamo (monto, forma de pago, garantías) y del acreedor. Aunque parezca mentira, ése fue el primer registro de la deuda externa privada que confeccionó el Central.
Su importancia era crucial. Porque desde junio de 1981 –durante la gestión de Lorenzo Sigaut como ministro de Economía–, mientras el dólar volaba por las nubes, el Estado subsidiaba a las empresas con un tipo de cambio congelado para que pagaran sus deudas con acreedores extranjeros, siempre y cuando éstos aceptaran un estiramiento de plazos. Ese régimen de seguro de cambio fue perfeccionado por Cavallo, como presidente del Banco Central, en julio del ‘82. Meses después, el Tesoro nacional asumió directamente la deuda dolarizada frente a los acreedores, mientras las empresas le depositaban pesos devaluados. Para llevarlo al contexto actual: las empresas terminarían abonando la deuda pesificada “1 a 1” al Estado, mientras éste se comprometía pagarle al dólar libre a los acreedores extranjeros. Sólo que en pocos años la suba del dólar fue mucho mayor a la ocurrida desde enero pasado.
Los inspectores analizaron parte de los registros de los 8000 deudores privados que se apresuraron a declarar pasivos en moneda extranjera; auditaron los balances de las empresas y trataron de comunicarse con los acreedores para confirmar la existencia de los préstamos. Descubrieron que casi todas las mayores compañías del país, tanto multinacionales (como IBM, Esso, Kodak, Renault y Cargill, entre otras) como locales (Pérez Companc, Bridas, Macri y Aluar, entre otros) habían urdido groseras maniobras para beneficiarse de los seguros de cambio. Lo hicieron aplicando cuatro criterios de evaluación, propios del sentido común:
u La confirmación por parte del acreedor de la existencia de la deuda. La mayoría de los bancos extranjeros no contestó las circulares remitidas por el Central, lo que abría la sospecha de si realmente habían otorgado créditos a quienes declaraban que los habían recibido. Incluso, hubo algún banco que respondió que nunca había oído siquiera hablar de las empresas radicadas en la Argentina que supuestamente eran sus clientes.
u Supuestos créditos tomados en el exterior que en realidad eran “autopréstamos”, los cuales era ridículo considerar como deuda externa (pública) del país. Esto quedó demostrado en el caso de Renault Argentina, que poseía un crédito en el Barclays Bank de Bruselas y un depósito por igual monto en el mismo banco, como supuesta garantía. Pero también detectaron autopréstamos millonarios de Sideco y Socma, ambas del Grupo Macri, Cargill, Suchard, Ford y el Grupo Bulgheroni.
u El destino de los fondos, para determinar si habían sido aplicados a inversiones en la Argentina o habían engrosado la bicicleta financiera deMartínez de Hoz. El caso líder fue el Grupo Gotelli, que a través de un pool de 50 empresas había obtenido créditos por 200 millones de dólares para apalancar un rentable negocio financiero con garantía estatal.
u Si las divisas prestadas habían ingresado al país. El caso emblemático fue la firma holandesa Cogasco SA, por un monto de 918 millones de dólares, que nunca liquidó los dólares en el país.
Carlos lo hizo
Los informes de los inspectores eran elevados al Jefe de Departamento de Deuda Externa, Carlos Melconian, quien, antes que profundizar las investigaciones, se esforzaba por rebatirlas. En su defensa de la inocencia de empresas a las que les interesaba el país contaba con el respaldo de su superior, el gerente de Estudios y Estadísticas del sector Externo, Enrique Bour, otro prominente economista liberal. La actuación de Melconian y Bour era clave, porque si confirmaban las objeciones de los auditores, entonces la deuda no se consideraba registrable y el Estado dejaba de asumirla como propia. Pero sólo ratificaron un puñado de expedientes menores y, por el contrario, en la mayoría de los casos se sumergieron en una fuerte controversia con el equipo de auditores.
El punto final a las investigaciones lo puso Melconian, cuando elevó un informe al Directorio en el que sugería cortar por lo sano. El argumento utilizado para tranquilizar al establishment, brindándole “seguridad jurídica”, era simple: todo lo que no estuviera prohibido estaba autorizado, aunque ésto significara legalizar burdas operaciones para saquear los recursos públicos. El 4 de diciembre de 1996, el hoy gurú menemista firmó el documento que reduciría las investigaciones a un mero procedimiento formal (ver facsímil). El documento se encarga de desacreditar las actuaciones del cuerpo de inspectores, recomendando que se registren como legales la mayoría de las operaciones impugnadas. Es interesante repasar los argumentos:
u Autopréstamos: “No es de nuestro conocimiento que existan normas que impidan la constitución de garantías sobre préstamos externos en base a activos financieros”, sentencia Melconian. Y agrega que “esta modalidad no es práctica del mercado por el hecho de presumir que no conviene financieramente”. Traducido, no sería racional que una empresa tuviera un plazo fijo en el exterior y le pidiera al mismo banco un crédito por el mismo monto, porque deberá pagar más intereses por el préstamo que los que cobra por el depósito. Los abogados de las empresas no podrían haberlas defendido mejor. Pero claro, los seguros de cambios hacían de esas operaciones las más rentables de la historia. Por otro lado, ¿cuál era la racionalidad de que el Estado asumiera la deuda externa de una empresa que podía pagarla con sus cuentas en el mismo banco?
u Destinos de los fondos: “Es irrelevante toda observación respecto del uso dado a los fondos provenientes de préstamos, beneficiados por los regímenes de seguros de cambios, toda vez que fueron autorizados sujetos al cumplimiento de las condiciones requeridas para su otorgamiento, entre las que entendemos no figuraba específicamente el destino de los fondos ingresados”, vuelve a justificar Melconian.
En otro párrafo, el Jefe del Departamento de Deuda Externa critica el planteo de los auditores de que, en muchos casos, “el deudor inspeccionado aprovechó las ventajas de los seguros de cambio para licuar su pasivo”. Para refutarlos, afirma: “El cuerpo de inspectores olvida que el régimen fue puesto en vigencia fundamentado en pautas de política económica dictadas por las autoridades, procurando atenuar los perjuicios que provocaron a prestatarios locales que mantenían obligaciones en moneda extrajera, las devaluaciones dispuestas para la moneda argentina”. En otras palabras, la responsabilidad fue del Estado, no de las empresas que inocentemente exprimieron hasta la cáscara los beneficios otorgados.
El funcionario Melconian también justifica la estatización de deudas contraídas por filiales de las multinacionales con su casa matriz. “Todopréstamo entre una empresa de capital extranjero y la sociedad del exterior que la controla...debe considerarse como celebrado entre partes independientes”. La posibilidad de que el Estado asumiera como deuda pública las transferencias financieras dentro de una misma multinacional dio origen también a un buen número de irregularidades.
Con el documento Melconian, el Banco Central limitó las investigaciones a un sólo criterio: el procedimiento formal de verificar que los dólares hayan ingresado al país. El organismo emitió una resolución, impulsada por los directores Daniel Marx (el mismo que manejó las negociaciones de la deuda durante toda la década del noventa y fue secretario de Finanzas de Cavallo durante la gestión De la Rúa) y Roberto Eilbaun, refrendando todas sus recomendaciones. Y determinó que “será considerada como operación realizada dentro de las prácticas normales de mercado toda transacción racional que no constituya un evidente perjuicio para la deudora”. De otro modo, si la empresa no fue perjudicada por la operatoria, entonces lo que hizo fue legal y su deuda sería asumida por las generaciones venideras.
Con esos frágiles fundamentos legales, el entonces titular del Banco Central, José Luis Machinea, logró cumplir su parte del trato con el Fondo Monetario. Fue el punto final que “pacificó” al establishment, por un rato.