Entre 2006 y 2010, una larga lista de grandes grupos económicos locales y multinacionales que operan en el país pasaron a ser firmas españolas. A diferencia del proceso de privatización, extranjerización y concentración de los años noventa, en el que las empresas ibéricas se apropiaron de gran parte de los recursos estratégicos del país, esta vez la migración masiva de compañías hacia Madrid fue un simple acto administrativo para lograr beneficios impositivos. Firmas de todas las actividades económicas como el Grupo Techint (ver aparte), Petrobras, McCain, Nextel, Acindar, Quilmes y Monsanto recurrieron a la planificación fiscal nociva, una forma de estructurar sus negocios y operaciones que permite abusar de la legislación tributaria. Sin demasiado ruido y en forma casi inadvertida, el Gobierno acaba de desarticular este mecanismo por el cual se burlaba al fisco argentino.

Las grandes compañías explotaban al máximo un artículo del acuerdo fiscal firmado con el Reino de España que exime a los españoles, accionistas o socios de una empresa localizada en Argentina, de pagar el impuesto a los bienes personales correspondiente a esa participación. Al mismo tiempo, el tipo de empresa que montan en España –firmas como la cadena de supermercados chilena Cencosud o la productora de pañales y papel higiénico norteamericana Kimberly Clark– está exenta de pagar algunos impuestos en el país europeo. Por esa grieta, el año pasado Argentina se perdió de recaudar cerca de 250 millones de pesos. A mediados de julio, el gobierno argentino dio de baja el acuerdo fiscal con el Reino de España. La decisión pasó desapercibida para la mayoría de los contribuyentes, pero no para los principales grupos económicos locales y multinacionales.

Una investigación elaborada el año pasado por la Comisión evaluadora y revisora de convenios para evitar la doble imposición, que integran los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, y encabeza la AFIP, detectó que una cantidad considerable de empresas argentinas cambiaron de “domicilio” entre 2006 y 2010 con un denominador común: todas terminaron controladas por firmas radicadas en España. Los documentos a los que accedió Página/12 evidencian que el objetivo de esas migraciones era eludir de forma fraudulenta el pago del impuesto a los bienes personales correspondiente a las tenencias de acciones o participaciones societarias, aprovechando las ventajas que ofrecía un Convenio para Evitar la Doble Imposición firmado en julio de 1994 entre Argentina y España. Por eso, después de algunas negociaciones infructuosas con el Reino de España, el 13 de julio pasado se publicó en el Boletín Oficial la baja del acuerdo que se hará efectiva a partir del 1º de enero de 2013.

Las estructuras de propiedad de los grandes grupos económicos locales y empresas extranjeras son complejas, pero nada está librado al azar. Los dueños de las compañías no mudaron a España la firma controlante de sus compañías porque son ingeniosos o astutos, sino que contaron con la asesoría de reconocidos estudios contables, legales y de auditoría (ver aparte). La reducción en el monto de impuestos que debe pagar una multinacional como Techint, Acindar, Peugeot/Citroën o Quilmes tiene como contraparte un incremento en los honorarios que cobran esos estudios. El servicio que ofrecen se denomina treaty shopping, una práctica para eludir el pago de impuestos a partir del abuso de zonas grises en tratados fiscales entre países. La planificación fiscal nociva permite reducir la cantidad de impuestos que una multinacional debe pagar sin evadir impuestos. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que el organismo que conduce Ricardo Echegaray entendió que las empresas estaban haciendo un uso fraudulento del acuerdo con España y comenzó, incluso antes de la denuncia del convenio fiscal, el proceso formal para reclamar el pago de los impuestos y el análisis de la conducta penal de esas compañías.

El uso abusivo del régimen que habilitaba el acuerdo para evitar la doble tributación con España no era ningún secreto sino que, por el contrario, era “promocionado” en manuales y libros especializados como Aspectos internacionales de la tributación argentina (Editorial La Ley, 2009), de Gabriel Gotlib, especialista en derecho tributario, societario y financiero del estudio Marval, O’Farrell & Mairal, y Fernando Vaquero, asociado en el mismo estudio. Hacia el final del tomo de 672 páginas, utilizado como bibliografía en cursos de “Tributación y planificación fiscal internacional” de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, los autores detallan las características de los regímenes impositivos preferenciales como las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) de España.

Migraciones abusivas

En 2002, las modificaciones realizadas al impuesto sobre los bienes personales ampliaron la aplicación del gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de sociedades para incorporar como sujetos pasivos a los no residentes. Frente a la dificultad de cobrar el impuesto cuando las sociedades argentinas tenían como accionista a un extranjero, se decidió obligar a las empresas locales a que liquiden e ingresen el impuesto del 0,5 por ciento del valor de las tenencias en carácter de “responsable sustituto”, una suerte de agente de retención. Así, por caso, Monsanto Argentina debe pagar ese tributo en nombre de su sociedad controlante en el extranjero.

Sin embargo, en el caso de las empresas radicadas en España existe una excepción. El artículo 22 del convenio fiscal firmado durante el auge privatizador dispone que los residentes del país europeo accionistas o socios de una empresa argentina no están sujetos al impuesto sobre los bienes personales por la tenencia de esas participaciones. El vehículo utilizado para llevar adelante esa estrategia era el uso y abuso de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), un tipo de sociedades que tienen como único objeto la tenencia y gestión de participaciones en entidades no residentes. Las ETVE poseen un tratamiento fiscal especial en España que beneficia a sus socios, ya que están eximidas de la imposición los dividendos y participaciones en beneficios de empresas extranjeras y no deben pagar el impuesto a la renta después de la distribución de esos beneficios.

Con esa fórmula, las empresas como la multinacional francesa Danone, el supermercado Walmart (estadounidense) y las cadenas de supermercados del grupo chileno Cencosud pueden interponer en su estructura de propiedad una sociedad ETVE en España para canalizar sus inversiones y operaciones en Argentina y así se ven eximidos de pagar un conjunto de tributos en ambos países. En el listado de firmas que se mudaron a España también figuran la petrolera estatal de Brasil, que no sólo emula el comportamiento productivo de las grandes multinacionales del sector, sino que también adquirió sus vicios en materia de planificación fiscal nociva; la cementera del grupo suizo Holcim, Juan Mineti, y Aceitera General Deheza, propiedad del ex senador del Frente para la Victoria, Roberto Urquía.

2013 y después

En 2011, AFIP recaudó 5891 millones de pesos en concepto de Bienes Personales. El 34 por ciento de esos recursos provino del gravamen sobre la tenencia de acciones y participaciones societarias. Según señalaron fuentes oficiales a este diario, la elusión de ese impuesto a partir de los beneficios que ofrece España fue cercana a los 250 millones de pesos. Desde el equipo económico reconocen que la cifra es menor en comparación con el monto que evaden las grandes empresas en materia del Impuesto a las Ganancias, pero enfatizan que evidencia la “impunidad y obscenidad con la que operan los grandes grupos económicos”.

En la comisión que integran Cancillería, Economía y AFIP explicaron que antes de dar de baja el acuerdo se negoció con las autoridades españolas la posibilidad de incluir una cláusula para evitar fraudes como existe en el convenio que mantiene con Estados Unidos, y permitir que las empresas de ese país mantengan los privilegios consagrados en 1994. La idea era establecer que el convenio no se aplique si los accionistas de la empresa no eran efectivamente residentes españoles. Pero el gobierno ibérico no accedió al pedido. Por eso, a partir del próximo año, empresas como Telefónica o los bancos Santander Río y BBVA Francés deberán ingresar el impuesto. Así, el fisco no sólo recaudará lo que las empresas eludían, sino también la parte que no ingresaban las firmas ibéricas. El costo fiscal total del beneficio ascendió el año pasado a una cifra cercana a los 500 millones de pesos.

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