La Corte Suprema recibirá el lunes a los representantes del gobierno nacional y de la provincia de Córdoba para celebrar una audiencia de conciliación. En nombre del primero asistirán el titular de la Anses, Diego Bossio, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, mientras que el distrito mediterráneo aportará la figura del propio gobernador, José Manuel de la Sota. El reclamo ante el máximo tribunal fue elevado por la provincia, por entender que la Anses le adeuda 1040 millones de pesos del convenio de Armonización Previsional. Ese acuerdo comprometía a la Nación a cubrir el déficit del sistema jubilatorio cordobés mientras su gobierno lo va adaptando a las pautas nacionales para lograr un equilibrio presupuestario. La Anses dejó de remitir el dinero con el argumento de que la provincia no cumplió su parte.

La Corte resolvió intervenir en la disputa y como primer paso convocó a la audiencia de conciliación, que tendrá lugar pasado mañana a las 11. Uno de los ministros del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda, podría quedar al margen del tema por un pedido de la Anses. El organismo lo objetaría por haber sido funcionario del gobierno de Córdoba. Actuó como ministro de Educación en 1999, y eso sería motivo para solicitar la excusación.

La audiencia será la caja de resonancia de un conflicto con tono político. De la Sota está utilizando este reclamo para marcar diferencias con la Casa Rosada, en una estrategia que ya lo ubica casi como un opositor al gobierno nacional. Su principal argumento es que la Nación discrimina a Córdoba con la suspensión del envío de fondos desde fines de 2010, ya que hay otras provincias, como Santa Cruz, Chaco y Entre Ríos, que también están atrasadas en la armonización de sus sistemas previsionales y sin embargo siguen recibiendo dinero. La demanda también sostiene que la provincia cumple con los fallos judiciales de actualización de haberes y que eso le provoca un mayor desajuste fiscal. Se refiere al caso de Antonio Iglesias, que se asemeja al fallo Badaro de la Corte para el sistema nacional.

La Anses, por su parte, afirma que la provincia puede hacer lo que quiera con su régimen jubilatorio, pero que la Nación no está autorizada a financiar su déficit si no cumple con su parte del acuerdo. De otro modo, dicen en el organismo, estaría sosteniendo el pago de jubilaciones que rondan los 6500 pesos en promedio a costa de otras provincias que reciben mucho menos ayuda del gobierno federal y pagan haberes más bajos. Bossio afirmó que la Anses no debe un peso a Córdoba porque su gobierno no respetó lo acordado.

La Anses recibió un apoyo inesperado en esta disputa: el del defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, quien en muchos otros temas litiga contra el organismo. De hecho, la Defensoría es la que promueve una causa para generalizar el alcance del fallo Badaro ante la Corte Suprema. Sella dijo que la Anses hizo bien en dejar de remitir ayuda a Córdoba porque ésta no cumplió el pacto de armonización. “La Anses aplicó una cláusula incorporada al convenio que establece que en caso de que la provincia no concluya la armonización, la obligación de la Nación de pagar los fondos estipulados para 2010 y 2011 pierde toda efectividad y exigibilidad”, recordó. “No veo que haya una decisión política de la Anses de no pagar, sino que hay una imposibilidad legal porque una cláusula expresa del convenio así lo dispone”, interpretó.