La política oficial para controlar la salida de dólares está enfrentando dos obstáculos culturales a la vez. Uno, la conocida tendencia de un estrato importante de la población a ahorrar en dólares como reserva de valor, buscando en la cara de Washington una “seguridad” que no se compadece con la realidad económica mundial –aunque sí con la historia económica de recurrentes crisis del sector externo–. El otro, habitualmente menos mencionado, es la benévola visión que suele tener “el común” de la gente con la evasión impositiva y la fuga de divisas, como si se tratara de una disputa mano a mano entre el infractor y el fisco, donde siempre el último es el que despierta menos simpatía. Entre ambos obstáculos, las autoridades económicas se ven obligadas a actuar con urgencia, sin contemplar demasiado la razón para ciertas resistencias de la población. De todas formas, vale la pena considerar el contexto de la actual disputa.

La imposición de un pago adicional en concepto de anticipo del 15 por ciento sobre las compras, con tarjetas y vía Internet, realizadas en el exterior ha sido la última novedad de la AFIP en materia de puesta en marcha de herramientas para frenar la salida de divisas. Abundaron los comentarios acerca de cuánto iba a restringir la medida el derecho de los ciudadanos a viajar al exterior, o que se trataba de un impuesto extra. Esta última consideración llevó incluso a legisladores de la oposición a reclamar el tratamiento en el Congreso del asunto, como corresponde a todo nuevo impuesto, pero no a un régimen de anticipos. En cambio, se escucharon muy pocas consideraciones respecto de la eficacia de la medida para cumplir con el objetivo de impedir la fuga de divisas, particularmente de evasores y agentes económicos en general que operan en negro. Como si esto último no constituyera un problema social de importancia, y una amenaza para las condiciones de vida de la población y hasta para los derechos individuales (empleo, poder adquisitivo del salario) que los que ignoran el punto dicen defender.

¿Por qué apuntar los controles sobre las manifestaciones de alta capacidad económica, como los viajes al exterior, buscando compatibilizar el “derecho” a adquirir dólares a precio oficial con el cumplimiento de las obligaciones fiscales? La explicación que da Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, es que “el 99,9 por ciento de los que viajan son responsables del pago de Ganancias y Bienes Personales”. La proporción suena poco verosímil y menos convincente, teniendo en cuenta que la medida no excluye a los viajeros a países limítrofes.

En cambio –y esto es parte del problema cultural–, no se señala que hay cierto consenso entre los tributaristas respecto de que el nivel de evasión consolidada (considerando los distintos niveles de gobierno, desde el nacional hasta el municipal) oscila en torno del 40 por ciento. Pero que en el Impuesto a las Ganancias, entre personas y empresas, la evasión llega al 50 por ciento. “Por cada peso que se paga, uno se evade”, resumió Jorge Gaggero, investigador del Cefid.Ar, en una entrevista radial. Con esta referencia, una simple verificación de los gastos en el exterior de los residentes argentinos suena más justificada. Al menos, merecería ser debatida, en cuanto a su eficacia, a partir de esta realidad, en vez de ser ignorada.

Tan cultural es el tratamiento de la cuestión, que mientras en los medios locales el acento se pone sobre “la prohibición de viajar”, “el impuesto extra”, “la guerra con los países limítrofes” y otras construcciones semánticas apuntadas a descalificar la medida antes de discutirla, The Washington Post, de Estados Unidos, al presentar la medida, tiene un enfoque totalmente distinto y, curiosamente, más cercano a las intenciones del fisco argentino al aplicarla. “Argentina estrecha el control sobre compras con tarjetas de crédito para frenar la fuga de capitales y la evasión impositiva”, tituló una semana atrás, agregando en la bajada de la nota que la medida “supone un peligro para los poseedores de tarjetas que no pagan sus impuestos como debieran”.

Destaca más adelante el artículo que “los argentinos no tienen que declarar cuando sus ingresos por salarios son menores a 20 mil dólares al año, o siendo autónomos generan menos de 30 mil, de modo tal que muchos se reportan ante las autoridades fiscales como si tuvieran ingresos menores al límite y realizan sus operaciones en efectivo, buscando mantener sus ingresos y gastos fuera de registro (off the books). Pero Argentina también grava la riqueza acumulada, lo cual le da al Gobierno la facultad de investigar la propiedad privada de la gente a un nivel al que un extranjero no está habituado”. Para la cultura estadounidense, desde la mirada de un medio tan liberal como The Washington Post, las facultades del Estado para indagar sobre la propiedad privada es perturbadora, pero el ocultamiento de ingresos y gastos resulta directamente inconcebible.

Estados Unidos tampoco tiene el problema de que su gente busque ahorrar en una moneda emitida por un país ajeno. Ni que el manejo de la paridad de la divisa extranjera constituya una pulseada de poder económico y político. Porque este otro aspecto también forma parte de la pelea y de la estrategia de controles que va implementando el Gobierno. Como parte del operativo cerrojo sobre la fuga de dólares se han conocido en estos días dos hechos relevantes que también merecen ponerse en contexto: una denuncia sobre la triangulación en los pases de jugadores de fútbol y otra sobre la operación de una red clandestina de casas de cambio con vértice en el exclusivo country de Nordelta. Son dos hechos muy fuertes en lo simbólico: el mecanismo de simular operaciones de compraventa de jugadores a través de un tercero (en este caso, clubes de Segunda División de Chile y Uruguay) para evadir impuestos mediante el ocultamiento del valor real de la transferencia no es más que el ejemplo de una práctica muy difundida en el comercio exterior, al que han echado mano hasta grandes exportadoras de materias primas, desde cerealeras a petroleras. La compraventa clandestina de divisas, mediante la publicación de ese servicio ilegal en un medio de circulación interna entre vecinos de un barrio en el que pocos podrían decir que no están alcanzados por el impuesto a la riqueza, es una demostración cruda del grado de impunidad de una clase social que considera que la evasión y fuga de divisas no es condenable, sino un recurso válido para escapar a las “prohibiciones” y “restricciones a las libertades individuales”.

Ambos son el reflejo de esa otra disputa de fondo, la de un modelo económico que, a su vez, es instrumento central de un proyecto político que lucha por imponerse. Un proyecto para el cual la determinación del valor del dólar, su disponibilidad y su uso deben estar en manos de quienes ejecutan esa política. Y no sujeto a las presiones de los grupos económicos dominantes que han tenido siempre en el manejo de los instrumentos del sector externo (valor del dólar, deuda externa, inversiones extranjeras) su mejor arma de imposición de su modelo económico, de su propio proyecto político.

El modelo económico y el proyecto político, que lucha por romper la hegemonía tradicional de los grupos concentrados, necesitan de herramientas eficaces de intervención del Estado, como las de administración tributaria y cambiaria. Con demora y en forma paulatina, a veces con tropiezos, se van aplicando. Dando además una batalla cultural y una pelea en busca de legitimidad frente a un adversario que pocas veces es transparente en sus intenciones.