Como prueba del espíritu keynesiano que inspirará su gestión, Néstor Kirchner planea arremeter de entrada con un importante plan de obras públicas cuyo corazón será la construcción de miles de viviendas diseminadas por todo el país. Las fuentes de financiamiento son las que permiten la estrechez fiscal y el default: fondos de los presupuestos nacionales y provinciales, créditos de organismos multilaterales otorgados pero aún no ejecutados y el posible aporte de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones a través de créditos hipotecarios para la clase media. La propuesta oficial aún en discusión tiene exactamente la misma base que el Plan Posible presentado al binomio triunfador por la Cámara Argentina de la Construcción días atrás, cuyo médula es el uso de recursos públicos y el capital acumulado por las AFJP para levantar 50 mil viviendas por año, mucho menos de lo que necesita Argentina para superar su déficit habitacional pero más de lo que se está haciendo hoy.
“Entiendo que Kirchner tomó nuestro plan como base y lo está perfeccionando, quizá con el agregado de alguna cosa nueva”, especulaba ayer uno de los directivos de la CAC. La paternidad de la idea esbozada arriba, sin embargo, podría resultar disputada, ya que la administración duhaldista también simpatiza con la fórmula sugerida por la cámara de los constructores, donde empresas como Benito Roggio y el grupo Techint tienen especial predicamento. “No creo que ese sea el plan de la Cámara. También este gobierno estuvo trabajando en un esquema similar, con todo el apoyo de (Roberto) Lavagna. Pero sólo había que esperar el momento oportuno para lanzarlo”, aclara Oscar Quirós, subsecretario de Obras Públicas.
La coincidencia entre una idea abrazada por Kirchner y otra bienvenida por el ministro de Economía, que oficiará de nexo entre su gestión y la duhaldista, no sorprende. Pero es más llamativo el hecho de que el plan de los constructores fue elaborado con el asesoramiento técnico de Carlos Melconian, postulado a ministro de Economía de Carlos Menem. Eso sí: el ex mandatario se había entusiasmado con una idea que difícilmente podría adoptar Kirchner, como era la de resucitar el Plan Laura para construir 10 mil kilómetros de autopistas con un impuesto sobre el gasoil.
El presidente electo también está convencido de que puede darle un estímulo importante a la economía a través de la obra pública. Pero sabe que no habría margen político para hacer un anuncio grandilocuente como ese y que tampoco hay resto económico para seguir gravando los combustibles. Hoy ya existe un fondo fiduciario alimentado con un 18,5 por ciento del tributo sobre el gasoil: poco más de 1000 millones al año de los cuales más de 600 están en manos de Obras Públicas, parte para contener las tarifas de peaje, la otra para infraestructura. Al menos en una primera etapa, Kirchner no prevé reformular íntegramente este fondo, aunque sí tal vez modificar el prorrateo de aquella atractiva suma.
Los constructores presentaron días atrás su Plan Posible a Daniel Scioli, ya que Kirchner declinó recibirlos a pocos días del ballottage. Los razonamientos contenidos en el trabajo son difíciles de refutar para un presidente que prevea darle a la obra pública un papel preponderante, al punto de resucitar el Ministerio de Infraestructra para confiárselo a un hombre de su absoluta confianza como el actual ministro de Gobierno de Santa Cruz, Julio de Vido.
La CAC parte del juicio de que muchos de los fondos previstos para aquel fin son desviados con otro destino y que, recuperándolos, cualquier administración podría descollar con emprendimientos ambiciosos. Según el análisis empresario, durante 2002 se utilizaron para obra pública 2500 millones, contra los 6000 que deberían haberse empleado para tal fin.
En esta línea, una primer medida sería recuperar los recursos del Fonavi (alrededor de 1300 millones por año), evitando que los gobernadores puedan utilizar ese dinero para cubrir gastos corrientes. Después, aprovechar los créditos por casi 3000 millones de pesos (en rigor, cerca de 1000 millones de dólares) ya otorgados por el BID y el Banco Mundial y que no han podidoutilizarse por ineficiencias burocráticas o por la falta de recursos para la contrapartida local.
Al margen de aprovechar “mejor” el dinero del que el Estado ya dispone, también podrían canalizarse a créditos hipotecarios parte de los recursos acumulados por las AFJP. Esta idea no sólo sedujo a Kirchner y a Lavagna, sino que tiene un principio de acuerdo de las propias administradoras que, presumiblemente, sujeten su participación a un eventual arreglo con el gobierno sobre los bonos públicos defaulteados.
Que el capítulo fuerte sean las viviendas también tiene su lógica. Sólo se trata de usar los bancos de proyectos de los fondos de viviendas provinciales, combinando mecanismos de financiamiento: subsidio pleno para las unidades más baratas y parcial para las viviendas de mayor valor, incluido el leasing con opción de compra para algunos. El efecto reactivador se sentiría en todos los lugares del país y no sólo en aquellos donde se vayan a concretar grandes obras de ingeniería. Finalmente, el impacto en el empleo sería contundente: según los constructores, se crearían 270 mil empleos adicionales cada año.