El decreto que crea una aerolínea estatal para absorber a los empleados de la virtualmente quebrada LAPA ya cuenta con las firmas de algunos ministros, entre ellos, los de Producción, Defensa y Economía, y se espera que en las próximas horas se complete con la firma de Eduardo Duhalde. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, disparó con munición gruesa contra la nueva compañía, a la que calificó de ilegal. Según el titular del grupo que controla el grueso del mercado aerocomercial local, la existencia de una aerolínea estatal violaría los pliegos de su privatización. En tanto, los empleados de Dinar, otra empresa aérea en riesgo de desaparición, reclamaron que el Estado también considere para ellos una solución similar a la de LAPA.
El presidente Duhalde aseguró que en las próximas horas firmará el demorado decreto de creación de una nueva aerolínea estatal. La nueva empresa tendrá el doble objetivo de absorber a los empleados de la virtualmente quebrada LAPA e introducir más competencia en el monopolizado mercado aerocomercial local. Duhalde destacó que esta medida se toma “con la intención explícita original, y además convenida con lo gremios, de que después se pasará nuevamente a la actividad privada”.
La incursión del Estado como administrador de una empresa de servicios “es excepcional”, insistió el mandatario, quien justificó su decisión principalmente en el hecho de que “la aeronavegación en nuestro país tiene serias dificultades y hay rutas aéreas que son monopólicas”. “Para viajar al sur de nuestro país se pagan pasajes carísimos”, graficó el mandatario. Con la sucesiva caída y disminución de frecuencias de las aéreas que competían con Aerolíneas Argentinas, la firma se fue quedando sola en muchos destinos. El efecto del creciente monopolio fue un previsible y sensible aumento de tarifas. Hoy la aerolínea de capitales españoles tiene sólo un competidor de relevancia en el mercado de cabotaje, Southern Winds, empresa que sólo cuenta con dos aeronaves. En un contexto de aguda crisis del mercado aerocomercial mundial, amplificada localmente por la devaluación, se trata ciertamente de una mala noticia para los viajeros de cabotaje. La idea del Gobierno, entonces, no es sólo solucionar el problema que afecta a 850 trabajadores, sino introducir una necesaria mayor competencia en el mercado.
Como era de esperar, la creación de un competidor con respaldo estatal no despertó simpatías en la conducción de Aerolíneas, empresa que también recibe subsidios estatales, pero del Estado español.
El presidente de Aerolíneas, Antonio Mata, contraatacó negando la legalidad de la nueva empresa. Según el ejecutivo, los pliegos de privatización de la empresa que hoy conduce vedan al Estado argentino la operación en el mercado con una nueva empresa de su propiedad. Por ello amenazó con la posibilidad de cuestionar ante el Poder Judicial la conformación de la nueva firma. Según el titular del grupo español, está “muy bien que el Estado acuda en defensa de puestos de trabajo”, aunque las “seis empresas del mercado aerocomercial” están en condiciones de absorber en forma paulatina a los trabajadores de LAPA y Dinar. “Hay otras prioridades antes que invertir en una compañía mercantil”, agregó, como pueden ser “la situación en Santa Fe o Tucumán”.
Estas apreciaciones cayeron muy mal en el Poder Ejecutivo. La presunta ilegalidad de la nueva empresa fue rechazada porque “las exclusividades que tenía Aerolíneas caducaron en diciembre de 2001”. En cuanto a las prioridades sociales aludidas por Mata, prometieron para hoy la difusión de la deuda que el grupo español mantiene con el Estado nacional en concepto de multas por la no aplicación de la tarifa social.
Duhalde sostuvo que “la idea no es que el Estado quede como permanente. Esto se hará en una nueva sociedad, que estará asociada a Intercargo, pero no será de Intercargo, con la idea que una vez que funcione y que sea negocio, como creo que va a ser, sea privatizada”, concluyó el mandatario.
Pero en las actuales condiciones del mercado aerocomercial parece poco probable que una empresa del sector dé ganancias. Por eso, el PoderEjecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para crear un régimen de emergencia sectorial, que prevé la exención del IVA para los seguros de aviación, la rebaja de 50 por ciento del IVA sobre la aeronafta y el permiso para que el Estado disponga rebajas en el precio del combustible para los servicios de cabotaje. “El objetivo de la norma es poner en condiciones económicas al sector de volver a ser rentable y que la empresa estatal pueda venderse sin problemas”, explicaron en Producción.
Mientras estas discusiones sucedían, los empleados de Dinar se concentraron frente a las puertas del Ministerio de Trabajo para reclamar también para ellos una “solución viable” para la situación de los empleados de la compañía, la que ya tiene un atraso salarial de ocho meses.