Tal como anticipó Página/12 el jueves pasado, el equipo de Lavagna impulsaría como una de las primeras medidas de la administración Kirchner la rebaja del IVA para un conjunto de productos de la canasta básica de alimentos. Según calculan en Economía, la medida podría abaratar entre 5 y 10 por ciento el costo de la canasta de alimentos que mide la indigencia, valuada en 330 pesos mensuales para una familia tipo. Sin embargo, los expertos tributarios difieren sobre la posibilidad de instrumentarla con éxito. El gran interrogante es si un Estado desmantelado será capaz de controlar que las empresas trasladen la reducción impositiva a los precios, para que el incentivo no termine engordando ganancias.
“Mi opinión es favorable. Hace tiempo que vengo defendiendo un proyecto así”, afirma Leonel Massad, ex director de la DGI. “El impacto fiscal depende de lo que se incluya en la canasta a desgravar: no es lo mismo si están la leche y el pan, que si se agrega, además de huevos, frutas y verduras, la carne. Pero bajando a la mitad el IVA en toda la cadena productiva, eso se tiene que reflejar en los precios”, agrega.
Para Massad, “que se traslade a los precios no es tan fácil de controlar, pero por lo menos en supermercados e hipermercados se puede hacer”. Según estima, “las familias de menores recursos, con ingresos de entre 300 y 400 pesos, gastan más del 90 por ciento de su presupuesto en comida cruda. Si se lograra bajar 10 por ciento los precios de los productos que consumen, entonces podrían ahorrarse más de 30 pesos por mes, lo que equivale casi a 1 litro de leche diario”, explica.
A otro ex director de la DGI, Raúl Cuello, el proyecto no lo entusiasma. “Complica la administración tributaria”, asegura. Lo ejemplifica así: “La harina o los huevos actualmente están gravadas con la tasa general. Si se reduce la tasa al 10 por ciento, cómo hacer para saber cuánta harina y huevos van para gente que compra en una villa y cuánto utilizan Nestlé o Marta Katz para la fabricación de tortas o un catering de alto nivel”.
“Con la ingeniería contable que hay en las empresas argentinas, le apuesto que próximamente todo va a estar destinado a la producción de alimentos para los pobres”, ironiza Cuello. “El problema es que si se quiere abaratar el costo de la canasta hay que desgravar toda la cadena, y ahí se abren canales de elusión imposibles de controlar”, sentencia.
Terciando en la polémica, para José Sbatella, del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos, “desde el punto de vista técnico la rebaja selectiva del IVA se puede hacer. Operativamente no hay problema. De hecho, en casi todos los países que tienen IVA existen alícuotas diferenciales”, afirma.
En su opinión, el problema es controlar los posibles canales de elusión fiscal. “Cuando existen bienes exentos, las fábricas pueden diferenciar los bienes y producir de peor calidad los exentos. Por ejemplo, si se desgrava el pan, puede variar la calidad del pan que queda desgravado. Lo mismo puede pasar con la leche. Hay un problema de control de calidad”, explica.
De igual manera, cree que “hay que controlar que la desgravación se traduzca en una baja de precios. Por eso, la canasta a desgravar debe ser de pocos productos, y sobre esos bienes debe llevarse un control por parte del Estado y de las asociaciones de consumidores”, para que las empresas no se apropien del beneficio impositivo.