“No vamos a permitir que se concreten” los aumentos en los precios de los combustibles, afirmó con vehemencia Eduardo Duhalde. Pero la declaración presidencial no amilanó a los petroleros. Shell anunció aumentos de las naftas de entre el 3,4 y el 4,9 por ciento que desde la 0 hora ya están en los surtidores. Rompió así el pacto tácito con sus competidoras, que habían decidido esperar hasta el encuentro que mantendrán hoy con el Gobierno. Según pudo confirmar Página/12 de fuentes empresarias, las subas acordadas serían del 10 por ciento para las naftas y de hasta un 40 por ciento en el gasoil.
En la negociación de hoy no se discutirán estas magnitudes, sino en cuanto tiempo se aplicarán. Si el lapso es breve, el efecto multiplicador sobre el resto de la economía puede generar una espiral inflacionaria que termine eyectando al Gobierno. Por eso, desde la Casa Rosada esperan que el período de aplicación de los aumentos sea lo más largo posible. La razón que afirma que los precios internos deben estar en paralelo con los internacionales tampoco volverá a discutirse. El Gobierno estaría incluso dispuesto a dar marcha atrás en la aplicación de retenciones a las exportaciones en favor del menos oneroso impuesto a la producción en boca de pozo. En tanto, el paro por tiempo indeterminado lanzado por los gremios petroleros, en línea con los reclamos empresarios, fue levantado en virtud de la conciliación obligatoria por 15 días dictada ayer por el Ministerio de Trabajo.
Aunque el vaivén de las decisiones gubernamentales parece no tener fin, el lobby petrolero hizo entender rápidamente a los funcionarios que la potencial mejora fiscal podría diluirse en los más temidos efectos inflacionarios. Sin embargo, en la negociación no hubo resignaciones mutuas. El gobierno dará marcha atrás con la retenciones del 20 por ciento a las exportaciones y las naftas aumentarán de todas maneras. “Estamos analizando el cómo y el cuándo de los aumentos”, sintetizó a este diario una fuente empresaria.
Así, con el impuesto a la producción en boca de pozo del 8 por ciento, el fisco reducirá sus ingresos a la mitad, mientras el aumento del 10 por ciento en las naftas y el 40 por ciento en el gasoil alimentarán el fuego inflacionario.
La incidencia tanto en el transporte como en el precio de la energía emergentes del aumento amenaza con desatar un generalizado e imparable ciclo indexatorio. Por eso, luego de haber bajado las defensas en todos los frentes, al gobierno de Eduardo Duhalde sólo le resta negociar el período de aplicación efectiva de las subas. Mientras que las petroleras aspiran a recuperar el diferencial de tipo de cambio lo antes posible, el ministro Jorge Capitanich intentará convencer hoy a las empresas de “la prudencia” de retrasarlos lo máximo posible.
El aumento más explosivo será el del gasoil que, como adelantó este diario hace una semana, alcanzará el 40 por ciento. El mayor incremento en gasoil que en naftas se explica porque la Argentina es un importador neto, proceso que resultó acelerado en la última década tanto por la virtual desaparición del transporte ferroviario como por la mayor utilización de vehículos diesel. En el Gobierno, en tanto, evalúan que el aumento será más fácil de digerir para el campo –ya que sus productos dolarizaron sus precios– que para el transporte de pasajeros y de carga, donde deberá abrirse una etapa de renegociación de tarifas. Lo mismo sucederá con la generación eléctrica, que utiliza a estos combustibles como insumos.
Ayer, la decisión de Shell de aumentar 3 centavos por litro la nafta común y 5 centavos la super desde las 0 horas de hoy fue la bajada de bandera para la carrera de los precios. Si por ahora no se tocó el gasoil fue sólo para no sumar a los transportistas a la pelea con el gobierno.
Shell y Esso, que controlan más del 30 por ciento del mercado, fueron las más ansiosas por acelerar los aumentos. En tanto la española Repsol YPF, que controla casi el 50 por ciento del mercado, puede permitirseesperar mientras negocia. La razón es simple. Su producción es integrada, concentra las actividades de extracción y de refinación. Sus competidoras, en cambio, deben comprar el crudo en el mercado a un precio que se duplicó en pesos. “El 75 por ciento de nuestros costos están expresados en dólares y el 66 por ciento es el costo del crudo. Para preservar la viabilidad de nuestras operaciones no tenemos otra alternativa que trasladar a precios la devaluación. La industria fue prudente en los últimos días esperando que iba a pasar con el dólar, pero ya no podemos seguir esperando”, reconoció a Página/12 un directivo de Esso.
Lo cierto, como quedó demostrado en las declaraciones de todos los directivos de las empresas, es que las petroleras consiguieron también despegar la cuestión de los aumentos de precios –“vinculada al tipo de cambio dado que el petróleo es una commoditie”– de la cuestión impositiva. Después de haber pateado el tablero con la decisión de establecer retenciones en vez de impuesto a la producción, Duhalde volvió a los consensos originales.
“Se está discutiendo la modalidad del impuesto”, señaló el Presidente. “Nos interesa el ingreso fiscal, más allá de si se grava a boca de pozo o se hace una retención a las exportaciones”, agregó. Sin embargo, aunque el primer mandatario la niegue, la realidad es que no se trata solo de una cuestión de forma.
Con exportaciones de crudo de 2850 millones de dólares y de derivados de 1200 millones, el ingreso de las retenciones del 20 y del 5 por ciento, respectivamente, sumarían ingresos fiscales por un mínimo de 630 millones de la divisa estadounidense, mientras que según estimaciones de las propias petroleras, un impuesto a la producción, además de desvincular al tributo de futuros aumentos del tipo de cambio, reduciría estos ingresos fiscales a menos de la mitad. Dato que reconoció implícitamente Duhalde al afirmar que su objetivo es recaudar 500 millones de pesos.
En este marco fue que el gobierno dictó anoche la “conciliación obligatoria” por al menos 15 días hábiles entre empresas y sindicatos del sector petrolero, y dejó en suspenso la iniciación de un paro por tiempo indeterminado que amenazaba con el desabastecimiento de combustibles.