El otro frente de conflicto que enfrenta el Gobierno es con las privatizadas. En esa estrategia mendicante de negociación, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó ayer un esfuerzo “a todos los actores políticos, económicos y sociales” en la crisis que afecta a la Argentina, en tanto aseguró que el Ejecutivo no tienen “ninguna posibilidad” de “financiamiento adicional para subsidiar determinado tipo de empresas” de servicios públicos, que pretenden subir las tarifas. Al hablar ante unos 200 empresarios en un seminario sobre servicios públicos, el funcionario relató el crítico panorama en que está inmerso el país y afirmó que “nadie quiere que las empresas no puedan producir, generar trabajo e inversiones”. “La situación de la Argentina es extremadamente compleja, requiere un enorme esfuerzo de todos los sectores; confiamos en que vamos a salir de esta crisis”, añadió. Momentos antes, en declaraciones a la prensa, el jefe de Gabinete había dicho que si bien las negociaciones con las empresas de servicios públicos “corresponden al ámbito del ministro de Economía, no puede haber un aumento de carácter unilateral”. “El ministerio tiene un plazo de 120 días para elevar al Poder Ejecutivo el análisis y las propuestas correspondientes, y estimamos que en ese lapso, juntamente con cada una de las empresas representativas de los distintos sectores de prestación de servicios”, sostuvo. Por lo pronto, el gerente general de la compañía transportadora de energía eléctrica Transener, Silvio Resnich, pidió al Gobierno “recomponer la ecuación económico financiera” tras la devaluación del peso, amenazando que “para que ni el Ejecutivo ni la gente tenga problemas”.