“No están cumpliendo con el acuerdo que firmamos. Encima, de nuevo, se vienen con todo. Nos están pidiendo cosas que saben que no podemos, ni queremos hacer”, le dijo a Página/12 un estrecho colaborador de Roberto Lavagna. El ministro está furioso con Washington. Por un lado, el Banco Mundial todavía no reembolsó, como había prometido, 1200 millones de dólares que el Gobierno pagó puntualmente con reservas antes del 30 de abril. Por el otro, el Fondo Monetario está presionando para que la administración Kirchner acepte metas de ajuste fiscal superiores a las de Brasil, deletéreas para una economía que apenas está asomando la cabeza. Pero además, la número dos del FMI, Anne Krueger, le transmitió a Lavagna cuál debe ser la agenda de cortísimo plazo del presidente electo: aumento de las tarifas de servicios públicos, decreto para la compensación a los bancos por la pesificación y el veto a la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Para comenzar a hablar.
Según descuentan todos los analistas, la misión del FMI que revisó las metas fiscales del primer trimestre del año recomendaría al directorio del organismo su aprobación. En especial, después de admitir que la economía argentina crecerá más de lo esperado (4 por ciento en lugar de 1) y que la inflación será mucho menor de lo previsto (15 por ciento, en vez de 35).
“Nosotros al acuerdo lo damos por cumplido. Los que no están cumpliendo son ellos”, disparó un funcionario lavagnista. En Economía dicen que el Banco Mundial les adeuda 1200 millones de dólares, y que está violando el pacto de refinanciación de vencimientos durante el primer semestre del año. Con el Banco, por un problema contable de la entidad, los vencimientos no son refinanciados de manera automática, sino que la Argentina abona con reservas, e inmediatamente después los fondos deben ser reembolsados. Pero, por lo visto, el Banco Mundial olvidó su mitad del trato, porque hace rato que no gira los reembolsos. “Nos deben 3600 millones de pesos. Con eso podríamos haber rescatado todas las cuasimonedas provinciales. Parece un chiste”, se quejó la misma fuente.
Lavagna, que se quejó formalmente ante Washington, teme que la cuestión no sea un mero incidente burocrático sino una manera más de presionar sobre la nueva administración.
La agenda de condiciones “inmediatas” que el Fondo exigirá a Kirchner fue anticipada en contactos telefónicos desde Washington tanto a funcionarios del Banco Central como de Economía.
Más aún, el titular del Central, Alfonso Prat Gay, tanteó la semana pasada a Lavagna para saber si estaba dispuesto a aceptar la primera de esas condiciones: un decreto que instrumente lo que resta de la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica. “Ni loco”, le contestó el ministro, molesto. “El proyecto de ley ya lo enviamos al Congreso y ahí es donde se va a discutir el tema”, le espetó.
La segunda condición es el ajuste de las tarifas de servicios públicos. Al respecto, el flamante ministro de Planificación, Julio De Vido, quien tendrá a su cargo las secretarías de Energía, Transporte y Comunicaciones, avisó ayer que el gobierno de Kirchner no está pensando en aumentos, sino en revisar integralmente los contratos de las privatizadas. La tercera exigencia es el veto de la nueva prórroga para las ejecuciones hipotecarias que aprobó el Congreso, una “sugerencia” lanzada por la propia Anne Krueger, en las últimas horas, durante su visita a Brasil.
Pero Washington irá por más. Krueger también advirtió que el Fondo no aceptará restricciones a los movimientos de capitales, una medida a la que Lavagna quiere echar mano, de continuar las dificultades para frenar la caída del dólar a causa del ingreso de capitales especulativos. Además, en el equipo económico están convencidos de que los burócratas del organismo manifestarán sus reparos al plan de infraestructura que anunciará Kirchner el domingo.
Sin embargo, la madre de todas las batallas estará en las nuevas metas fiscales que el Fondo pretende imponer. “Vienen con todo. Quieren quesubamos el superávit primario (antes del pago de intereses) del 2,5 (por ciento del PBI), a 4 o 4,5 por ciento”, confesó el funcionario de Economía. Traducido: las nuevas metas significarían un ajuste adicional de unos 7000 millones de pesos anuales. Así, como en los últimos años de la convertibilidad, una porción grosera de la recaudación tributaria debería destinarse al pago de intereses de la deuda, relegándose gastos sociales elementales. Para tener una idea, un superávit operativo de 3 puntos del PBI equivale al 15 por ciento de la recaudación. Si se cumpliera con las nuevas demandas, entonces 1 de cada 4 pesos de los ingresos tributarios iría al bolsillo de los acreedores.
El Fondo argumenta a su favor que el gobierno de Lula está apuntando a un superávit de 4 puntos del PBI. Sin embargo, Lavagna contestó que Brasil cuenta con los recursos totales del sistema previsional. En cambio, el Estado argentino resigna anualmente a manos de las AFJP unos 3400 millones de pesos (1 punto del PBI). Además, como lo demuestra un estudio de la Cepal encargado por Economía, en Brasil la recaudación de impuestos nacionales como porcentaje del producto es más alta. Así, 3 puntos del PBI de superávit en la Argentina equivaldrían a 4,5 puntos en Brasil.