Cuanto más burocrático, mejor. Este es el principio con que funcionan los organismos de la administración pública nacional, al menos desde el punto de vista de los fondos que efectivamente les asigna la Secretaría de Hacienda. Esto es así porque lo único sagrado son los sueldos de la planta permanente, aquello que los iniciados llaman herméticamente “fuente once, inciso uno”, términos que designan al Tesoro Nacional y al gasto en personal, respectivamente. Sólo Domingo Cavallo, en el 2001, violó la sacralidad de sueldos públicos y jubilaciones, rebanándoles un 13 por ciento. Los elementos descriptos sirven para entender por qué, dentro de una generalizada subejecución presupuestaria, algunas áreas sufrieron recortes particularmente drásticos. Tal el caso de Salud, que en el primer cuatrimestre sólo recibió algo más de la mitad de lo que le hubiese correspondido por la Ley de Presupuesto. Su problema es que gasta relativamente mucho en medicamentos y poco en empleados.
En ese período, el gasto devengado por la Administración Pública Nacional sólo cubrió un 25,1 por ciento del total previsto para el año. Es decir, apenas un cuarto de la cifra anual, en lugar de un tercio. En dinero, esto quiere decir que hubo 4600 millones de pesos menos para las erogaciones del Estado, en relación al monto que aprobó el Parlamento. Este ajuste adicional, aplicado sobre la marcha por el Poder Ejecutivo, fue probablemente más severo aún en términos de caja, ya que los egresos devengados pueden estar pendientes de pago. La cancelación de esas obligaciones se supedita a la disponibilidad de dinero.
En otras épocas, la subejecución presupuestaria de una repartición era atribuida a su ineficiencia, su incapacidad de concretar los programas planeados. Desde que manda el ajuste, ya nadie piensa en esos términos. Por otro lado, los mecanismos discrecionales que aplican los gobiernos determinan que, al concluir un ejercicio, la ejecución presupuestaria se parezca muy poco, en nivel y en estructura, al Presupuesto sancionado por las cámaras legislativas.
Los desvíos no expresan solamente la dureza del ajuste fiscal, sino también las prioridades políticas. En este sentido, el ministerio más generosamente tratado fue el del Interior, que devengó en el cuatrimestre un 42,9 por ciento del total anual. La organización de las elecciones, por un lado, y los problemas de seguridad (la Policía Federal depende de esa área), por el otro, explican esa atención preferente. También Trabajo, que maneja los subsidios a desocupados, estuvo por encima del promedio (28,9 por ciento, en lugar de 25,1).
Cada año, tras la sanción del Presupuesto, Jefatura de Gabinete prepara el decreto “distributivo”, que reasigna partidas a piacere dentro de cada jurisdicción. Pero Hacienda practica luego nuevas quitas y redistribuciones si la recaudación no alcanza. Lo que cada sector del Estado va perdiendo así en el camino, es muy raro que lo recupere antes de fin de año, cuando lo resigna definitivamente.