ECONOMíA › ENTREVISTA A CEFERINO NAMUNCURá, INTERVENTOR DE LA COMISIóN NACIONAL DE COMUNICACIONES
El funcionario reivindica la regulación y participación estatal en la industria de las comunicaciones para favorecer la inclusión social que no propone el mercado.
› Por Sebastián Premici
La política de comunicación del Gobierno tiene tres ejes: el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT), el tendido de fibra óptica en todo el país y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). En un reportaje con Página/12, el interventor de la CNC, Ceferino Namuncurá, explicó los alcances de estas políticas y el trabajo junto con escuelas públicas y pueblos originarios. El funcionario también habló del papel que debe cumplir Arsat y las supuestas trabas que aplican grandes corporaciones, como Telecom, Telefónica y el Grupo Clarín.
–¿Cómo cambió la política de comunicación con la sanción de la ley de SCA?
–La ley fue un hito fundamental en las políticas comunicacionales, donde se combinan varios elementos clave. Por un lado, el acuerdo de la Presidenta con Luiz Inácio “Lula” da Silva para la adopción de una norma común para el desarrollo de la TDT, la expansión de la red de fibra óptica por todo el país y la sanción de la ley de SCA. En este marco pudimos armar ciertos acuerdos para planificar la expansión de radios en escuelas, junto al Ministerio de Educación, y por otro lado avanzamos en un trabajo junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esto mismo queremos replicar en los municipios. Antes de la ley ya veníamos trabajando en estos proyectos, pero ahora quedaron institucionalizados.
–¿Cuántas escuelas ya tienen su radio?
–La planificación incluye un total de 500 escuelas, de las cuales instalamos 29 y para fin de año esperamos contar con 40. Si bien es un trabajo incipiente, esperamos que el próximo año instalemos otras 70 y sigamos creciendo. Con la televisión digital ya llegamos a 11.500 establecimientos. Muchos chicos volvieron a la escuela luego de que se instalaran las radios, eso los motivó a retomar los estudios.
–¿La CNC participará del plan técnico que prevé la ley de SCA para ordenar el espectro radioeléctrico?
–La CNC se convirtió en un actor social, por eso nos manejamos con esa normativa. Hoy trabajamos día a día con la Afsca, brindamos apoyo técnico y logístico.
–¿Hubo cuestionamientos por parte de Telecom y Telefónica sobre el plan Argentina Conectada, teniendo en cuenta que Arsat podría quitarles el negocio de ser proveedores de conexión mayorista?
–Esto significa un cambio estructural en las comunicaciones. Es mirar el territorio de otra manera. Ellos tienen una visión comercial, donde la rentabilidad es la variable importante. El desarrollo de Arsat significará llegar a los lugares donde no se llega de otra manera. Cuando montamos radios, TV digital, Internet vía satélite, cumplimos con el objetivo de incluir a todos.
–¿Es decir que se toma la posta en el famoso “Servicio Universal”, que debía ser provisto por las empresas y regulado por el Estado?
–Ninguna empresa privada llegaría a pueblos alejados, como no lo hizo hasta ahora. La visión del privado es el negocio, y la del Estado es la inclusión. Cuando anunciamos el plan del trazado de fibra óptica, primero hubo descreimiento. Las grandes trazas se hicieron en su momento con una visión centralista. Argentina Conectada viene a romper esa topología. En esta política buscamos aliados, cooperativas, pequeños operadores del interior. Queremos que Arsat se transforme en un referente para aquellos operadores que tuvieron que competir con grandes monopolios.
–El Estado no impulsó la desagregación de la última milla (el par de cobre que entra en los domicilios y es propiedad de Telecom y Telefónica). ¿La participación de Arsat viene a suplir esa falencia?
–El hecho de que Arsat juegue de lleno en el mercado mayorista es romper con una práctica que siempre han tenido los grandes. Telecom y Telefónica son los dueños de las grandes redes troncales de comunicación. Esto hizo que lo que en el mundo es una commodity, como el mega internacional, sea una traba para las pymes del interior. Un mega mayorista cuesta en la ciudad de Buenos Aires 25 dólares, mientras que en una localidad alejada puede costar 800 dólares. Cuando en algunos países se regula a través de resoluciones, nosotros lo vamos a hacer con una empresa del Estado.
–¿Aplicarán un esquema similar con la telefonía celular?
–La concepción es exactamente la misma. Ese es el papel de Arsat, que de a poco se transformará en un referente de las comunicaciones, que servirá para regular hacia abajo, estableciendo pautas de calidad, precios y acceso para el resto de las empresas privadas.
–Este esquema de comunicación que confluye con la TV Digital, el plan de fibra óptica y los nuevos medios a partir de la LSCA, ¿cuándo cree que estará plenamente operativo?
–Los tres hitos significan una nueva forma de ver la comunicación. Se avanzó en el tema de los contenidos a partir de la plataforma CDA (Contenidos Digitales Abiertos). Por otro lado, Argentina Conectada tiene dos patas, la generación de infraestructura y los contenidos. Este año alcanzaremos un tendido de fibra óptica de 12 mil kilómetros. Aun cuando no esté terminada la infraestructura, existe un trabajo en paralelo que se está llevando adelante. Otro aspecto central tiene que ver con la plena aplicación de la ley de SCA, algo que el Grupo Clarín parece ignorar.
–¿En qué quedaron las denuncias sobre las irregularidades de Fibertel?
–Fibertel no existe más. No es un operador de comunicaciones. Hoy la operación que Cablevisión tiene a través de Fibertel es ilegal. En definitiva, lo que hace el Grupo es aplicar la misma conducta que en el caso de la ley de medios. Tiene una vocación de estar al margen de la ley.
–Sin embargo, sigue dando servicios de Internet a través de esa marca. ¿Qué otros elementos legales tiene el Estado para que cumplan las resoluciones del Estado?
–Lo que expresó (Héctor) Magnetto en estos días no es ni más ni menos que lo que ya había llevado a la práctica con Fibertel. No les interesa cumplir con la ley de medios, como tampoco quieren aplicar las normas de telecomunicaciones que cumplen todos los operadores del país.
–Cablevisión lanzó un servicio de video bajo demanda sobre red de cable. Y el año próximo lo harían sobre Internet. ¿No le parece que buscan darle valor a su red, previendo que deberán desprenderse de licencias del cable?
–Es una lectura posible detrás de ese anuncio. Pero reitero lo dicho: es una conducta que cristaliza el objetivo del Grupo de hacer negocios en la ilegalidad.
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