La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó ayer el pedido de los fondos buitre para que ordene a la Argentina depositar un bono por 250 millones de dólares mientras avanza el proceso de apelación. La solicitud del fondo NML Capital, propiedad del lobbista Paul Singer, llegó el viernes pasado después de que la Cámara suspendiera la decisión del juez de distrito Thomas Griesa que ordenó al país pagarles el ciento por ciento de sus bonos, más los intereses desde 2005, antes del 15 de diciembre. Tanto Argentina como un grupo de bonistas que participó del canje habían realizado el lunes una presentación judicial para que la Corte no dé lugar al reclamo buitre. Los buitres reclamaban al panel de magistrados que aceleren su decisión, pero ayer les negaron la moción reafirmando así el cronograma para la presentación de argumentos de Argentina, los demandantes y también terceras partes involucradas que concluye el 27 de febrero.

Después de celebrar la decisión de Griesa como una “victoria total”, así describían en sus informes los estudios de abogados que representan a los buitres, el escenario judicial se rebalanceó en favor del país. La Corte de Apelaciones ya determinó que Argentina debe pagarles a los buitres, pero rechazó la peligrosa fórmula dispuesta en primera instancia que ponía en riesgo futuras reestructuraciones de deuda y aceptó el guiño argentino para ofrecerles a esos fondos las mismas condiciones del canje 2010. El rechazo al pedido buitre confirma que la Cámara responderá el cómo y cuánto debería pagarles Argentina a partir de marzo del año próximo y, por lo tanto, despejó toda posibilidad de un “default técnico”.

La presentación de los buitres solicitaba que la Cámara acorte los plazos de deliberación para que la apelación se resuelva antes de que el país pague sus vencimientos del mes, alrededor de 4100 millones de dólares. Argumentaban que así se evitaba que “Argentina tenga hasta marzo para buscar la forma de evadir la Justicia de Estados Unidos” para realizar los pagos de deuda. Alternativamente, pidieron a la Cámara que ordene al país depositar en una cuenta de garantía un bono o un activo por 250 millones de dólares ante “el desafío rutinario de Argentina”.

Los fondos de inversión, que protegiendo sus intereses acompañan los planteos judiciales de Argentina y el Gobierno, presentaron el martes sus contraargumentos a la posición buitre. El grupo de bonistas pidió que, en el hipotético caso de que les dieran la razón a los buitres, la Corte le ordenara a NML Capital depositar un activo por 2000 millones de dólares para cubrir potenciales daños de una medida que afecte la capacidad de pago argentina. Por su parte, el escrito de los abogados que representa al país volvió a advertir que una orden para depositar activos en una cuenta de garantía violaba su inmunidad soberana e iba contra la legislación interna.

Ayer la Corte de Apelaciones negó el pedido buitre reafirmando su decisión: las órdenes de Griesa están suspendidas, Argentina y las partes involucradas no tiene limitaciones legales para realizar los pagos de deuda y avanza el cronograma que recorre todo el verano del Hemisferio Sur para la presentación de argumentos.

El 28 de diciembre Argentina presentará su escrito, donde reiterará y precisará su oferta de reabrir el canje. El 4 de enero lo hará el fondo Gramercy, que participó del canje de 2010 y fue aceptado por la Cámara para participar de la apelación como parte no interesada –también se presentó el fondo Fintech, aunque los jueces todavía no se expresaron–. Posiblemente, en esa fecha también se presente el gobierno de Estados Unidos a través de la Reserva Federal y el resto de los intermediarios que, defendiendo sus intereses, refuerzan la posición del país. El lunes el Banco de Nueva York, el agente de pagos de la deuda, solicitó a la Corte de Apelaciones que lo incorpore en el proceso (ver aparte). El 25 de enero es el turno del fondo NML Capital. Finalmente, el 27 de febrero todos se encontrarán para una audiencia oral. A partir de esa fecha, los jueces deberán fallar.

La semana pasada, el gobierno argentino realizó su presentación para que la Cámara suspenda las medidas de Griesa y afirmó que estaría dispuesto a considerar una fórmula de pago idéntica a la ofrecida en el segundo canje de deuda, de 2010. La incorporación de ese “guiño” fue debatida al interior del Poder Ejecutivo ya que, quince días atrás, sostenía una posición muy dura contra el reclamo de los buitres. Desde el equipo económico explican que no se enviará al Congreso la iniciativa para suspender la ley cerrojo hasta que la Cámara no indique a los buitres ingresar en un nuevo canje. En el Gobierno no desconocen que por su propia naturaleza, los buitres que rechazaron las ofertas de 2005 y 2010 para trabar embargos y realizar juicios no van a participar en una nueva operación. Sin embargo, consideran que una decisión de la Corte de Apelaciones en ese sentido sentaría un valioso precedente para el país y futuras reestructuraciones de deuda.