El Gobierno pretende mejorar el desempeño de la construcción y recuperar los puestos de trabajo perdidos en el sector a partir de dos programas de alto alcance: los créditos hipotecarios del Pro.Cre.Ar, coordinados por la Secretaría de Política Económica junto con el Banco Hipotecario, y el plan Más Cerca, del Ministerio de Planificación. En ambos casos, los objetivos son ambiciosos. La meta es llegar a fines del año que viene a 100 mil operaciones de crédito hipotecario por 30 mil millones de pesos e inyectar 12 mil millones de pesos en obra pública. Por otra parte, la Secretaría de Obras Públicas, la Cámara de la Construcción y la Uocra buscan reactivar en las provincias las obras de vivienda del Plan Federal.

La construcción cayó 5,2 por ciento en octubre y acumula una baja de 2,5 en los diez primeros meses del año. La merma en el empleo es del 6 por ciento y afecta a 27 mil trabajadores. Esa situación responde a una serie de factores, como la crisis internacional, que impactó a través del freno de Brasil en la economía local y redujo los excedentes a disposición de ser invertidos en la construcción. A la vez, la restricción a la compra de divisas para atesoramiento afectó al sector inmobiliario, que traccionó a la baja las nuevas obras. Fuentes del sector privado también advierten que los pagos de la obra pública estuvieron frenados en el primer semestre. La inversión pública es el principal instrumento de política contracíclica por el efecto multiplicador que genera.

El plan Más Cerca prevé llevar a cabo obras públicas de baja escala e intensivas en mano de obra en todo el país por 12 mil millones de pesos, a ejecutarse sobre todo en 2013. Se trata de obras de vivienda, espacio público, pavimentación, refacción de edificios públicos, infraestructura vial urbana, cloacas y algunas viviendas. Los recursos se asignan a los municipios en función de los proyectos que proponen sus intendentes. Planificación, luego de aprobar la propuesta municipal, gira los fondos a medida que avanza la obra. La ejecución es totalmente descentralizada, de modo que los intendentes tienen mucho margen de maniobra, aunque deben contratar empresas del distrito, según exigencia del gobierno nacional.

El plan es federal, por eso De Vido ya se reunió con intendentes bonaerenses y de las provincias de Formosa, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, Corrientes, San Juan, Santa Fe, Mendoza y La Pampa. Sin embargo, la mitad del presupuesto, unos seis mil millones de pesos, se planea distribuir en la tercera sección del conurbano bonaerense, que contiene municipios del sur y La Matanza y es vital en términos políticos. De hecho, más allá del objetivo contracíclico, el plan también le permite al Gobierno acercarse a los intendentes de cara a las elecciones de medio término del año que viene. Junto a De Vido, esa tarea es llevada a cabo por el secretario de Obras Públicas, José López.

“El que más haga, más se va a llevar”, dijo De Vido en las sucesivas reuniones con los intendentes. La obra pública urbana de baja escala es una labor que usualmente llevan a cabo los municipios con fondos propios, lo que es un incentivo para hacer más eficiente la gestión local, mientras que los proyectos de mayor envergadura quedan para el Estado nacional.

En este caso, no sólo los intendentes reciben fondos para esas obras, sino que la ejecución descentralizada les da margen para tejer su propia estrategia política en el territorio. Desde el Gobierno remarcan que, si bien puede acarrear algún problema de ejecución, es la única manera de desplegar un plan de acción de obra pública efectivo en el corto plazo. El director de Planeamiento Estratégico de la Cámara de la Construcción, Fernando Lago, resaltó que “son obras con efecto importante sobre el empleo y traccionan la venta de materiales”, aunque advirtió que la ejecución municipal “no es la forma más eficiente”. “Esperemos que el empleo que se vaya a crear sea registrado”, reclamó.

Por otra parte, el Pro.Cre.Ar lleva escrituradas, según datos que ayer proporcionó el Banco Hipotecario, 2279 operaciones, y otras 2818 están aprobadas y en proceso de escrituración. El objetivo del Gobierno es que el programa comience a tener efecto en el sector en el primer trimestre del año próximo. “El Pro.Cre.Ar va a ser muy positivo, tanto a partir de las viviendas sobre terrenos propios como las licitaciones para construir sobre tierras públicas y en terrenos propuestos por los propios desarrolladores, segmento que esperemos que se pueda lanzar”, agregó Lago.