La Unión Europea, Estados Unidos y Japón salieron ayer en un contraataque coordinado contra la Argentina en la disputa comercial. Frente a la denuncia presentada el miércoles en la OMC por el Gobierno por las trabas que el país del Norte aplica a los limones frescos y carne vacuna, y el freno de España al biodiésel, los países centrales ahora reclamaron al organismo que se expida sobre el reclamo que mantienen en relación con toda la política comercial argentina. Cancillería rechazó las críticas.

“Es la última chance para ver eliminadas las prácticas comerciales argentinas”, dijo el vocero en materia comercial de la UE, John Clancy. El bloque pidió una medida ejemplar y criticó las estrategias de sustitución de importaciones. A pesar del detalle que presentó sobre las herramientas restrictivas de la Argentina, las cifras –que no cita– dicen otra cosa. De enero a octubre, las compras a la UE crecieron 8 por ciento. Las quejas no hacen referencia en ningún momento al freno en limones frescos y carne vacuna que denunció formalmente en la OMC la Argentina esta semana.

Los países centrales, junto a México, que lo hizo semanas atrás, solicitaron a la OMC que un panel para la solución de controversias se defina sobre la política comercial del Gobierno, que “causó daño sobre el comercio y la inversión de Europa por más de 18 meses”, indica la UE. “Las restricciones para sustituir importaciones y eliminar déficits comerciales son inconsistentes con las reglas de la OMC” y “son parte de una política de reindustrialización”, advierte, y sentencia que “las políticas de sustitución de importaciones han sido históricamente inefectivas”.

El documento describe que en febrero entraron en vigencia las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación e indica que las licencias no automáticas que abarcan a más de 600 posiciones arancelarias “son sistemáticamente demoradas o rechazadas sobre una base no transparente”. También critica el requerimiento oficial para que las empresas equilibren su balanza comercial, ya sea a través del “incremento del contenido local de productos que se manufacturan en Argentina” o la restricción para girar al exterior las ganancias.

La UE afirma que las restricciones en 2011 afectaron operaciones por 500 millones de euros. El resultado, aun así, no fue nada malo para los empresarios europeos, puesto que las compras totales a ese espacio económico acumularon 11.617 millones de dólares, un crecimiento interanual del 19 por ciento, muy por encima del promedio registrado por los países del G-20. El cálculo del daño para 2012 es arriesgado. El informe indica que, como las medidas argentinas se extendieron para todos los productos, afectan a los 11.617 millones que se importaron el año pasado. Sin embargo, en los diez primeros meses del año las compras externas llegan a 10.412 millones de dólares, una suba interanual del 8 por ciento, que contrasta con la caída general del 7 por ciento en las importaciones. El próximo paso se dará el 17 de diciembre, cuando comience la discusión para la conformación del tribunal arbitral.

La Cancillería argentina salió al cruce de las acusaciones. Indicó que “son la mejor evidencia de que ante demandas específicas realizadas por nuestro país, responden con una acción generalista que busca distraer a la opinión pública en lugar de resolver las barreras comerciales que sufren los productos argentinos”. En relación con la denuncia argentina del pasado miércoles, la UE sólo hizo referencia al biodiésel. Clancy aseguró que la norma española que castigaba a los productores fuera del bloque europeo fue derogada en octubre, aunque Cancillería respondió que dicha reglamentación sigue vigente. España, en realidad, dejó sin efecto una convocatoria para que productores europeos reemplacen a los argentinos, aunque no eliminó la norma de fondo.