El poder de las multis

Por Alejandro Naclerio *

La desindustrialización iniciada en la última dictadura y consolidada durante el menemismo se propagó con las políticas pro-mercado. La apertura, la desregulación y las privatizaciones apuntalaron la especulación, el endeudamiento externo y una mayor presión estructural sobre la balanza de pagos. La ortodoxia, que condujo el país hasta 2003, promovió incansablemente un modelo económico en que, supuestamente, el financiamiento externo cubre las necesidades y favorece el crecimiento de los sectores “competitivos”.

Este argumento presentado como ley autoevidente por el mainstream constituye una falacia circunstancial. En efecto, el crecimiento depende, según esta visión, de la circunstancia de las ventajas comparativas en recursos naturales, lo que lleva a especializarse en sectores que hoy ofrecen una mayor rentabilidad relativa, dejando de lado actividades de alto valor agregado, que son las que otros países son capaces de producir mejor y vendernos. ¿Para qué producir máquinas, si los alemanes o los italianos siempre las van a hacer mejor que nosotros? Esta falacia deriva en que la especialización es inamovible y por ende resultará fútil la planificación que permita la industrialización. Pues bien, la evidencia empírica indica lo contrario. Los países desarrollados son aquellos que han construido sistemas industriales gracias a la vinculación de la producción con sus sistemas científicos y a la renovación continua de sus aplicaciones tecnológicas. Estados Unidos, Japón y Europa, por ejemplo, tuvieron un Estado intervencionista y planificador en sus diversas fases de desarrollo y, ergo, un apartamiento de las leyes “naturales” y “eficientes” del mercado.

En nuestro caso, la intervención y la planificación sirven para promover sectores (estáticamente no competitivos) pero con potencialidades dinámicas capaces, a su vez, de traccionar al resto de la economía. Verbigracia, la estatización de YPF abre la posibilidad a un entramado de proveedores locales que fortalece el conjunto de la industria nacional y sustituye importaciones por capacidades domésticas. Obviamente, éste es un proceso incipiente que deberá sostenerse en el largo plazo.

Pero, más allá de este caso sustancial, es preciso tener en cuenta algunas cuestiones medulares: al desagregar la balanza comercial, los saldos positivos se deben exclusivamente a los sectores basados en recursos naturales. El saldo externo resultante de suma de los bienes de baja, media y alta tecnología es negativo en más de 31.500 millones de dólares para el año 2011. Este déficit ha venido creciendo junto con el PIB. El mismo resultado, para 2010, había sido de 23.000 millones de dólares. En el interior de estas cifras es dable destacar dos sectores. En primer término, en el agrupamiento tecnología media el más dinámico es el sector automotor. Sin embargo, es el sector que al crecer genera mayor déficit comercial. Esto se debe a que al menos un 75 por ciento de las partes de un auto producido en el país son importadas y, sobre todo, a que los diseños y los eslabones claves de la cadena están en manos de las casas matrices de las firmas multinacionales, las cuales bloquean la transferencia de conocimiento y el proceso de innovación en el entramado de firmas domésticas. Las corporaciones multinacionales saben que la fuente de su ganancia son los saberes tecnológicos que ellos detentan y, por ende, nunca los transfieren. En segundo término, en el grupo de alta tecnología el sector más dinámico es el farmacéutico y también explica el más alto déficit de esta categoría. Aquí, igualmente, las multinacionales ejercen su dominio influyendo sobre las legislaciones de propiedad industrial e intelectual para bloquear la transferencia de tecnología. En suma, varios de los sectores más dinámicos están dominados por tecnologías externas y tienen alta propensión a generar déficit comercial cuando el producto crece.

El desafío consiste, entonces, en seguir recuperando la política industrial y comercial coordinando instrumentos del Estado para estimular una sostenible densidad productiva. La sintonía fina debe apuntalar a los actores locales claves capaces de generar derrame de conocimientos y capacidades tecnológicas para seguir por el sendero de la transformación de un sistema neoliberal basado en la renta agropecuaria y financiera en otro fundado en un Sistema Industrial Nacional.

* Doctor en Economía Universidad Paris 13.

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Regalías para pocos

Por Matías García y Mariano Féliz *

Cronológicamente, los hechos pueden iniciarse el 15 de junio con la presidenta Cristina Kirchner en el Council de las Américas explayándose con orgullo acerca de la reunión que había mantenido con la empresa de agronegocios más grande del mundo –Monsanto–, anunciando una inversión en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas de 1600 millones de pesos para desarrollar una planta de tratamiento de semillas transgénicas de maíz. Continúa el 21 de agosto: Monsanto presenta la nueva soja “Intacta RR2 Pro”, que promete incrementar los rendimientos hasta un 11 por ciento (5 millones de toneladas extra). En dicho evento participó el ministro de Agricultura, quien reivindicó los derechos de propiedad de las empresas mejoradoras de semillas. Como no creemos en las casualidades, no debería sorprender que en dicha presentación el funcionario nacional anunciara el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Semillas.

Retrocediendo un poco más en el tiempo, en 1996 se libera el último evento transgénico en autógamas: la soja RR (Resistente al Roundup, nombre comercial del glifosato), también propiedad de Monsanto. En ese momento, Monsanto dejó deliberadamente el gen RR en el dominio público, pues no fue patentado en Argentina, aunque sí en otros países, como los europeos y EE.UU. Esto facilitó su fuerte difusión en el país, con la ventaja adicional de que la firma vende también el herbicida (glifosato) al que la planta de soja RR resiste. Esta estrategia le permitió beneficiarse con las ventas de sus semillas transgénicas y de los crecientes volúmenes de glifosato. Sin embargo, tras 10 años Monsanto decidió que los agricultores deberían pagar regalías extendidas por el uso de la soja RR. El gobierno de Néstor Kirchner rechazó tal pretensión, existiendo como represalia la detención de barcos con soja argentina en puertos europeos. El mismo gobierno inicia una demanda ante tribunales europeos, que terminan dándole la razón a la Argentina.

La estrategia adoptada esta vez para la semilla “Intacta” es diferente de la seguida con la primera soja RR. Monsanto ya se aseguró la propiedad intelectual en el país, y el acuerdo y aceptación de la misma por parte de unos 8500 grandes empresarios sojeros (lo que representa el 60 por ciento del área de la soja). Lo grave es la posibilidad del “acuerdo” público, que limitaría los derechos consagrados en la Ley de Semillas.

La Ley de Semillas (NO 20.247) fue sancionada en 1973, y protegió hasta la actualidad la que es su más importante prerrogativa: el derecho que poseen los agricultores de poder reproducir sus propias semillas, aun cuando éstas pudieron haber partido de una simiente que tuviera algún tipo de mejoramiento protegido. En la práctica, eso posibilita que el 80 por ciento de la semilla de soja sea reproducida en el mismo campo y no vuelva a pagar todos los años regalías. Así, lo que se pretende con la modificación de la ley y que guarda directa relación con los hechos descriptos al principio es limitar el milenario derecho de los agricultores al Uso Propio de la semilla. De esta manera, guardar parte de la cosecha como semilla para la siguiente siembra se transformaría en ilegal.

Subsecuentemente, la fuerte restricción de este derecho busca ser atenuado. Si bien el proyecto de ley mantiene el uso propio de las semillas, presenta una definición de agricultor dura y restrictiva, en la cual surgen dudas en la interpretación como en su cumplimiento.

Suena contradictorio que en un país en donde desde la primera magistratura se menoscabó al “yuyito”, ahora se avale políticamente a la mayor empresa impulsora de la soja. Resulta discordante que un país en donde parte del argumento de las retenciones a la soja tenía como propósito reducir el monocultivo, limitar su expansión y disminuir la vulnerabilidad que este modelo ocasiona, se aprueben eventos biotecnológicos que profundizan el mismo e incrementan la degradación de bienes comunes y desaparición de productores, entre otros. Parece paradójico que un gobierno que asegura defender a la agricultura familiar favorezca tan abiertamente a la principal empresa antagónica de dicha forma de producción, avasallando paralelamente el derecho inmemorial de uso propio de semillas. Y es indudablemente poco coherente, en un país en que se habla de soberanía y de políticas nacionales y populares, que se posibilite a las multinacionales de los agronegocios no sólo incrementar aún más su rentabilidad, sino que prevalezcan en una crucial disputa ideológica. Ya que la aceptación de los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas no es más que legitimar que continúe la privatización de la naturaleza, más aún cuando las semillas agrícolas son el fruto de miles de años de búsqueda, descubrimiento, selección y paciente desarrollo llevado adelante por comunidades campesinas y pueblos originarios. Y con la legitimidad, aparece el formidable poder simbólico y real que brinda tener la propiedad legal de las semillas, origen de los alimentos.

* Investigadores del Conicet y miembros del Centro de Estudios para el Cambio Social.