“Si el Estado argentino se presentara ante el juzgado de Nueva York donde reside la demanda del fondo buitre NML, el propio juez Griesa en una semana levantaría el embargo de la Fragata Libertad”, sostiene Eugenio Bruno, abogado del estudio Garrido. “El problema es que esto sucede en Ghana, donde hay aspectos poco claros que llevaron a los fondos buitre a elegir ese destino”, agrega el letrado en una entrevista con Página/12. El abogado, quien patrocinó tras el default de 2001 a inversores locales y extranjeros que finalmente ingresaron al canje en 2005, insiste en que la Fragata es “inembargable”. El autor del libro de investigación El default y la reestructuración de la deuda sostiene que la defensa debe seguir como hasta ahora, focalizándose en el principio de equidad, el cual se vulnera mediante la interpretación de la cláusula de pari passu, que buscan imponer los fondos buitre. Bruno también participó en 2004 de aquella audiencia en la que se pidió ante Griesa que los fondos no utilizaran esta herramienta, el pari passu, como lo habían realizado con la deuda peruana, lo que los buitres no cumplieron.

–¿Existe sustento legal para embargar la Fragata Libertad?

–Esto es igual que lo que sucedió con la embajada argentina en Alemania. Son bienes claramente inembargables, por la ley de inmunidad soberana. La Justicia americana deja en claro que los bienes que no tengan una actividad comercial no son embargables. Pese a que quiera esgrimirse que no está registrada como un activo comercial, eso no importa, porque no es un activo comercial.

–¿Por qué continúa demorada?

–El problema es que está Ghana en el medio. Hay otros aspectos que tuvieron que ver con la resolución judicial, que no quedan claros y que derivaron en que se elija ese destino para enganchar la fragata. Si este caso se presentara en Nueva York, donde reside la demanda del fondo NML, el juez Griesa o la Cámara de Apelaciones sacaría una orden en una semana para que se levante el embargo de la Fragata Libertad. De hecho, Griesa en los once años falló a favor de Argentina, utilizando argumentos jurídicos y políticos.

–Sin embargo, esta vez el juez Griesa favoreció la interpretación de pari passu de fondos buitre.

–La cláusula pari passu dice que a los tenedores de bonos debe darse un tratamiento igualitario. Pero no es una cláusula autoexplicativa, con lo cual no se sabe a qué se refiere realmente este tratamiento igualitario. La interpretación tradicional es darle el mismo rango legal. Es decir, no puede haber una subordinación (pago primero una y después la otra). La otra, minoritaria, es: si tengo dos bonos, no puedo pagar uno sin pagar el otro. El problema es que un bono (el reestructurado) vale un 30 por ciento de su valor y por el otro se reclama el 100, porque el tenedor no aceptó el canje.

–¿Cómo respondería, si representara a la Argentina?

–Lo que está haciendo muy bien la Argentina es usar el principio de equidad, el cual implica que la cláusula de pari passu le da un rango mayor a la deuda defaulteada, volviéndola inequitativa. Es decir, por principio de equidad, la cláusula de pari passu se torna injusta. Hoy los fondos buitre tienen un fallo por 1400 millones de dólares, sobre un capital original de 450 millones, y que compraron por 45 millones, el 10 por ciento. Colocaron 45 millones y van a cobrar 1400 millones, descontando gastos legales de diez años de litigio, que no pueden ser más de 100 millones.

–¿Y sobre posibles embargos del dinero hacia los bonistas?

–Además de alegar el principio de equidad, continuar defendiendo el tema del fideicomiso con bancos de Nueva York. El pago a los bonistas se realiza a través de una cuenta del banco de Nueva York en el Banco Central, que luego se gira a la casa matriz. Por eso, cuando sale el dinero deja de ser de la Argentina y pasa a ser de los bonistas, y no de la Argentina.

–¿Qué respuesta se puede esperar de la Cámara de Apelaciones en tres meses?

–Es difícil de anticipar. Nunca hubo un caso igual, con el 92 por ciento de los tenedores habiendo aceptado el canje. Por eso, no descarto una reversión del fallo con el tema de fondo, si les corresponde o no a los demandantes 1400 millones de dólares. El punto es continuar por la senda del principio de equidad, el tema del fideicomiso y tratar de evitar el embargo.

–¿Qué pasaría en el caso hipotético de que el país no acate una decisión adversa de la Cámara, agotados todos los mecanismos de apelación?

–Obligarían a la Argentina a repartir proporcionalmente lo destinado a sus compromisos de deuda reestructurada con los holdouts, lo que significa un default también en la deuda vigente.

–Representó a bonistas con deuda defaulteada.

–Cuando se declara el default trabajaba en un estudio de Estados Unidos. Ahí teníamos clientes que tenían bonos soberanos, no sólo argentinos. No eran fondos buitre, sino inversores genuinos. Eran personas que utilizaban estos bonos para ahorrar y no para especular.

–¿Siguen litigando?

–Todos los clientes que tenían juicios en Nueva York y en Argentina entraron al canje, al de 2005 en particular.

–¿Por qué?

–Las personas se encontraban con tres años y medio sin tener resultados. La Justicia les daba la razón, pero no les permitía embargar, por la ley de inmunidad soberana. Se encontraron con una situación de falta de cobro durante tres años y medio, litigando en Estados Unidos y Argentina, sin resultados y frente a eso viene la propuesta del Gobierno. La propuesta decía además que si no se aceptaba no se reabría el canje. Para eso estuvo la ley cerrojo, al igual que el prospecto que impide mejoras. Y el bonista prefirió ceder algo para cobrar.

–¿Los fondos buitre compraron la deuda después del default?

–Una parte se compró antes y otra después del default, cuando los precios eran inferiores al 12 por ciento del nominal. Pero los fondos buitre venían operando desde 1982, en la primera crisis del país. Compran deuda soberana en default o cerca y buscan recobrar el 100 por 100. En los casos judiciales que relevé, unos 20 casos, a la larga terminaron cobrando, pero los montos eran poco significativos, de 10 o 20 millones.