“Para buscar a los delincuentes, como decía el famoso juez antimafia Giovanni Falcone, se debe seguir la ruta del dinero. Sin embargo, en el Ministerio Público Fiscal no hay una cultura de persecución económica. Se hace un allanamiento por drogas y es frecuente que se deje la documentación. Nadie repara en la importancia de llevarse facturas, recibos y resúmenes”, aseguró ayer Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales federales al cerrar un seminario sobre criminalidad económica en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. La procuradora advirtió sobre las dificultades para combatir al lavado de dinero y remarcó la necesidad de reforzar el papel de los fiscales para revertir la situación. Dejó entrever que ésa será una de las prioridades de su gestión.

Hasta el 2000, en la legislación nacional sólo se castigaba el blanqueo de divisas provenientes del narcotráfico, pues el lavado no estaba tipificado en el Código Penal. En abril de ese año se sancionó la ley 25.246, que dispuso la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y amplió las facultades del Estado al permitir la investigación penal del lavado de activos provenientes de cualquier actividad ilegal. Sin embargo, la ley exigía que el lavador no fuera al mismo tiempo el autor del delito previo (narcotráfico, robo, corrupción, terrorismo, tráfico de armas, etc.) porque en ese caso el lavado era considerado parte del mismo ilícito y sancionarlo equivalía a aplicar una doble punición. El problema es que muchas veces el delito previo es difícil de probar y el caso se terminaba archivando sin siquiera confiscar el dinero. El Gobierno se propuso terminar con esta situación y logró que el año pasado el Congreso apruebe una ley que considera al lavado como delito autónomo. Además, en diciembre de 2010 se le otorgaron a la UIF facultades de supervisión, fiscalización e inspección y el año pasado también sumó la posibilidad de querellar.

Esos avances no tuvieron correlato en el Ministerio Público Fiscal. En 2006 se creó la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin) con la misión de impulsar las denuncias de lavado presentadas por la UIF, pero no logró cumplir con su objetivo. De acuerdo con el informe del Ministerio Público 2011, los números de esta unidad reflejan que en cinco años sólo presentó 59 denuncias penales, mientras que archivó 192 casos, derivó por conexividad con otro delito 123 casos y en 115 casos presentó denuncia por un delito diferente del lavado. Esos datos revelan que la Ufilavdin sólo presentó denuncias penales por lavado en un 9 por ciento de los casos en que la UIF previamente había resuelto que existían razones para acusar por ese delito.

Si bien no expuso estas mismas cifras, el fiscal Omar Orsi detalló ayer las limitaciones que evidencia el Ministerio Público Fiscal para combatir el lavado en un panel previo al del cierre. Gils Carbó reconoció luego esas dificultades, pero sin mencionar estadísticas. “El lavado de dinero es un delito que presenta singularidades que hacen que el papel del fiscal deba ser reforzado”, se limitó a decir. La procuradora compartió la mesa con el titular de la UIF, José Sbattella; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y el titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Carlos Cruz.

Gils Carbó señaló durante su exposición que el lavado de dinero es un delito que profundiza la desigualdad social porque produce concentración de la riqueza, ya que quienes llevan adelante esa práctica forman parte de las clases acomodadas. “Son hombres de negocios, abogados, contadores, funcionarios. No son percibidos como delincuentes ni ellos mismos se perciben así”, sostuvo. Luego remarcó la invisibilidad social que tienen este tipo de delitos. “El lavado del dinero no figura en las estadísticas criminales, no hay un mapa del delito con un barrio señalado en rojo, sus autores no son arrestados por policías y muchas veces no se los juzga en los tribunales. Los hechos de lavado tampoco suelen aparecer en los medios de comunicación. A veces los dueños de los medios son empresarios que comparten esos valores y si no los comparten temen perder sus anunciantes si explican que lo que sus clientes consideran una práctica comercial es en realidad un delito”, concluyó.