Los reclamos de las privatizadas para subir tarifas deberán esperar. Los reajustes seguirán prohibidos por ley como hasta ahora. Y si bien el gobierno reconoció la necesidad de recomponer los ingresos de las firmas proveedoras de servicios públicos, también sostuvo que no es posible ajustar siempre por el lado del más débil, el de los consumidores. Así lo afirmó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien abogó por una reestructuración tarifaria “ecuánime” que contemple también la “degradación de los ingresos” padecida por la mayor parte de la población.
Según trascendió, el gobierno tendría pensado posponer al menos por 90 días cualquier tipo de suba en el precio de los servicios públicos. De hecho, no es necesario que el Ejecutivo posponga formalmente nada, pues la Ley de Emergencia Económica, todavía vigente, veda expresamente cualquier ajuste tarifario.
No obstante, en los próximos días, el gobierno continuará con las reuniones individuales con algunas de las empresas que ya inició la semana pasada. En estas reuniones, el tema excluyente fue la demanda por tarifas más altas, demanda que hasta ahora el Ejecutivo ha podido neutralizar con el argumento de la restricción legal. El ministro Roberto Lavagna anunció el pasado jueves que insistirá al Congreso con el proyecto de Ley que faculta al Ejecutivo a modificar los cuadros tarifarios.
“Es cierto que pueden existir retrasos tarifarios y las empresas necesitan corregirlos, pero también es cierto que la gente ha sufrido una degradación en los ingresos”, sostuvo Fernández. Por eso, consideró que para reconstituir el marco de “operatividad” que reclaman las empresas “corresponde lograr que esa corrección se logre de la manera más ecuánime”.
El jefe de Gabinete recordó además un punto del que las privatizadas prefieren no hablar. “En los últimos años las empresas han logrado resultados muy importantes y mejoras en sus balances, mientras que en la Argentina se siguieron pagando las tarifas que reclamaban.” Es la primera vez que en un proceso de renegociación un gobierno pone sobre la mesa las ganancias extraordinarias obtenidas durante la década del ‘90. También, aunque elípticamente, los sucesivos ajustes establecidos a pesar de la expresa prohibición de indexar incluida en la ley de convertibilidad.
Por ahora, las privatizadas se han allanado a las sucesivas postergaciones en los ajustes; sin embargo, comienzan a escucharse con insistencia las versiones sobre potenciales cortes en los servicios.
Por su parte, el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, instó al gobierno a sacar de su letargo a la comisión de renegociación de contratos que funcionaba en el ámbito del Ministerio de Economía.