Los responsables de Aeropuertos Argentina 2000 y del Correo Argentino, Eduardo Eurnekian y Francisco Macri, respectivamente, esperan inquietos algún contacto formal con el Gobierno para conocer cuál será el destino de sus controvertidos negocios. Una fuente oficial admitió ayer que la administración de Néstor Kirchner está revisando esas privatizaciones y que, eventualmente, esa revisión podría derivar en una anulación de los contratos de adjudicación. En esta hipotética situación, de todos modos, habrá un inmediato llamado a licitación, ya que no está en el ánimo presidencial reestatizar absolutamente nada.
No se trata de embestir contra las privatizaciones sino de emprolijarlas. Palabras más o menos, éste es el criterio oficial que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ayer se esmeró en dejar en claro. “Hay demasiadas razones para revisar las concesiones”, arremetió. “La decisión (de revisarlas) no es una revolución socialista que busca dar por tierra con el derecho de propiedad”, precisó de inmediato, para aventar cualquier temor con respecto a las sospechas de reestatización.
La situación de las empresas aludidas es semejante en la complejidad y conflictividad de sus contratos, así como en el común afán de reducir el canon que deben pagarle al Estado, de 103 millones de pesos en el caso del Correo Argentino y de 171 millones de pesos en el de Aeropuertos Argentina 2000. Pero esta última empresa avanzó mucho más en la renegociación de su contrato y logró que poco antes de que Eduardo Duhalde dejara la Presidencia aprobara por decreto un nuevo acuerdo.
Entre otros cambios, esa renegociación transformaba en móvil aquel canon originalmente fijo, que de ahora en más sería proporcional al tráfico aéreo. Uno de los argumentos esgrimidos por AA2000 es que la cantidad de viajeros es hoy de sólo 11 millones anuales, contra los 23 millones proyectados en el momento de ofertar por los treinta y tres mejores aeropuertos del país. Pero a instancia de un usuario que objetó esta nueva versión contractual, el juez federal Alfredo Bustos lo dejó en suspenso con una medida cautelar.
En este marco, Planificación, Economía, Jefatura de Gabinete y hasta el propio Presidente analizarán cuál será la suerte definitiva de esa privatización que dio origen a unos de los varios pleitos contra el Estado. Eurnekian reclama, entre otras cosas, un resarcimiento por la no entrega del aeropuerto de Jujuy, exigencia que está en la Justicia, junto a la demada por parte del canon impago, que a diciembre superaba cómodamente los 400 millones de pesos.
Más amedrentadoras son las exigencias que la concursada Correo Argentino realizó contra el Estado y que hoy ascienden a 1072 millones de pesos. El principal reclamo, de unos 550 millones, es por lo que la empresa denomina “asimetrías laborales”, originadas en que sus competidores pagan menores salarios de los que aquélla heredó de la gestión pública. “Nosotros estamos dispuestos a brindarle al nuevo Gobierno toda la información que nos solicite”, comentaba ayer a Página/12 el vocero del Grupo Macri, quien asegura que el consorcio aún no tuvo ningún contacto con el nuevo Gobierno, algo que está previsto que ocurra en los próximos días.
La intención de la dupla Macri-Banco de Galicia es sentarse a negociar un nuevo contrato con sus exigencias indemnizatorias sobre la mesa. “Los reclamos del operador privado son mucho menores que los del Estado”, remarcaba ayer Guillermo Baistrocchi, vocero de la concesionaria. En este caso, no hubo una nueva versión contractual, como en el caso de Aeropuertos pero, al igual que en el caso anterior, gran parte de los reclamos cruzados se están dirimiendo en los tribunales.
Sobre la plataforma de acuerdos originales caídos de hecho, demandas judiciales multimillonarias y dictámenes de la Auditoría General de la Nación recomendando rescindir ambos contratos, Néstor Kirchner tomará alguna determinación en forma inminente.