A través de un comunicado de prensa y por boca de su director de Políticas Macroeconómicas, el Ministerio de Economía volvió a asegurar ayer que un millón setecientas mil personas que vivían en condición de pobreza en septiembre de 2002 –de un total de 18,8 millones de pobres– pasaron a un escalón superior en su condición social: de indigentes a pobres (1.098.000 personas) o de pobres a no pobres (661 mil). Además, cuestionó “el informe de una consultora privada aparecido en diversos diarios que sólo contempla en sus cálculos el efecto canasta (rebaja de la canasta básica de alimentos) ignorando el correspondiente a ingresos”. La consultora es Equis, de Artemio López. El artículo es de Página/12, del viernes pasado. El efecto “ignorado” fue expresamente mencionado en la misma nota (“Aunque la medición efectuada por la consultora que dirige Artemio López sólo toma el valor de la canasta de consumo y no los ingresos de la población...”, decía).
El trabajo de Equis al que Economía pretende refutar hacía referencia a que la ínfima rebaja en el precio de la canasta alimenticia (2,60 pesos por adulto entre septiembre 2002 y mayo 2003) no podía explicar más que el beneficio de salir de la indigencia para 119.600 personas y de la pobreza a otros 46 mil. Lo “impensable” era que, en los últimos ocho meses, se hubiera producido un aumento de ingresos en los sectores más castigados como para explicar la abismal diferencia con las previsiones del Palacio de Hacienda. Pero según Economía, lo “impensable” es lo que ocurrió efectivamente.
“En el período (septiembre 2002 a mayo 2003) se aprecia una mejora (en los ingresos) producto del efecto combinado de beneficios de planes asistenciales, aumentos salariales privados fijados por decreto y estimaciones por aumentos de productividad superiores a las mejoras salariales otorgadas por decreto”, señala el Ministerio de Economía. Lo que no detalla la información oficial es en qué cantidad aumentaron los planes asistenciales en estos ocho meses (como para sacar de la indigencia a más de un millón de personas) o a cuántos pobres e indigentes alcanzó el aumento de cien pesos en la asignación no remunerativa, exclusiva para trabajadores “en blanco” y que en muchas pymes que abonan muy bajos salarios fue directamente ignorado, según reconocen en el propio Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, consultores privados –Artemio López, entre ellos– estiman que prácticamente la totalidad de los aumentos salariales por productividad acordados en el sector privado benefició a trabajadores que están bien por encima de la media. Es decir, no fue para los pobres y menos para los indigentes. Distinta sería la situación si la desocupación y subocupación hubiera bajado espectacularmente entre octubre 2002 y mayo de este año: nadie se atrevió, hasta ahora, a lanzar tal hipótesis.
Más allá de los interrogantes sobre el acierto de las estimaciones de Economía sobre pobreza e indigencia, un aspecto todavía más preocupante es porqué el Palacio de Hacienda sale a tirar cifras sobre temas que, en rigor, le corresponde calcular e informar al Indec. Son los antecedentes lo que hacen que el tema sea preocupante. Héctor Valle renunció como titular del Indec a principio de los ‘90, cuando Domingo Cavallo consiguió que el organismo pasara de Presidencia a la órbita de Economía, por considerarlo un avasallamiento a su independencia. Pero a principios de este año, fue Roberto Lavagna quien cuestionó la forma de medición de la pobreza e indigencia que realiza el Indec, sugiriendo que sobreestimaba la población afectada. El Indec, a cargo entonces de Juan Carlos del Bello, reaccionó, defendiendo su propio criterio. A horas de asumir Néstor Kirchner y ser ratificado Lavagna en Economía, Del Bello fue obligado a renunciar.
A mediados de julio, el Indec –ahora a cargo de Lelio Mármora– debe dar a conocer los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares, de donde surgen los indicadores de empleo e ingresos. La pregunta es: ¿elavance de las estimaciones de Lavagna no significan una presión sobre el Indec que afecta su independencia?
Tener un 57,5 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza y 27,5 por ciento de las personas en estado de indigencia es un dato que duele, pero no es barriendo bajo la alfombra como se resuelve. Pelear contra las estadísticas es más sencillo que pelear contra las causas reales del hambre y la miseria. No es un consejo “retorcido” sugerir que se deje al Indec hacer las mediciones y que los responsables políticos hagan, precisamente, las políticas sociales que cambien esa dolorosa realidad.