Producción: Tomás Lukin

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A quién beneficia

Por Ana Inés Gárriz * y Florencia Médici **

El debate sobre la conveniencia o no de devaluar la moneda nacional como mecanismo para incrementar la competitividad de la industria está en boga. Una discusión seria –y sincera– al respecto requiere tomar en cuenta diversas aristas de la cuestión: por un lado, los efectos que una suba del tipo de cambio tendría sobre el nivel general de precios y la distribución del ingreso (y, por ende, sobre la actividad económica). Por el otro, y quizás aún más fundamental, cuestionar qué tan efectiva sería una devaluación para lograr el objetivo buscado en el contexto socioeconómico actual y analizar la existencia de instrumentos alternativos que permitan evitar –o al menos minimizar– los efectos adversos de tal medida.

Sobre el primer punto hay que dejar las cosas en claro: una devaluación sin compensación implicaría una transferencia regresiva del ingreso desde los trabajadores hacia el sector agropecuario y la industria exportadora, al provocar una suba del nivel de precios en estos sectores. En otras palabras, implicaría otorgar competitividad precio a costa del salario real. Si bien existen instrumentos para morigerar este efecto regresivo (por ejemplo, a través de retenciones y de una agresiva política de subsidios a la producción y acuerdos de precios), la experiencia reciente mostró que, aun yendo en contra de los intereses de los trabajadores y las clases más desprotegidas, una parte importante de la sociedad y del arco político no está dispuesta a aceptarlos.

Asimismo, en un contexto de alto nivel de empleo y con plena vigencia de la negociación colectiva como mecanismo para determinar la pauta salarial, una devaluación implicaría a posteriori la existencia de un proceso inflacionario generado por la puja distributiva. En este marco, la ganancia de competitividad originalmente obtenida por el sector industrial (y el resto de los sectores transables) se diluiría a medida que los trabajadores lograsen negociar recomposiciones de su salario real, a menos que fuese posible despegar la evolución de los salarios en dólares de los mismos denominados en pesos o desarticular la puja mediante el “disciplinamiento” de la fuerza laboral, como ocurrió durante la última dictadura cívico-militar y tras el estallido de la Convertibilidad.

Finalmente, resta abordar qué tan efectiva sería una política devaluatoria para mejorar la competitividad de la industria nacional en el contexto actual y si existen instrumentos alternativos que permitan mejorarla evitando los efectos adversos de una depreciación. En este plano, estimaciones propias realizadas para el período 2003-2011 indican que no todas las importaciones industriales responden ante variaciones en el tipo de cambio.

La rama autopartista del complejo automotor es un sector clave para ilustrar este punto. Esta posee grandes problemas de competitividad (explica el principal volumen de importaciones totales en los últimos años y su déficit comercial en el año 2012 ascendió a 7571 millones de dólares) y la evidencia estadística refleja que –en términos generales– las variaciones del tipo de cambio no modifican sus flujos comerciales.

Si, además, consideramos que el 60 por ciento de las importaciones y el 50 por ciento de las exportaciones de autopartes son explicadas por el comercio con Brasil, se refuerza aun más nuestra hipótesis respecto de que la administración del tipo de cambio no es una herramienta suficiente para incrementar la competitividad: entre 2004 y 2011, aun a pesar de que el tipo de cambio ajustado por costos laborales unitarios con Brasil se ha mantenido estable, las compras de autopartes al mercado brasileño crecieron a un ritmo extraordinario en relación con las exportaciones.

Si aún se estuviese en desacuerdo con los argumentos hasta aquí planteados, o se analizara el caso de segmentos autopartistas particulares en los que los costos laborales son relevantes y los flujos comerciales se concentran en otros socios distintos de Brasil, existen otras herramientas para incrementar la competitividad-precio sin necesidad de acudir a una devaluación, como la profundización selectiva de distintas medidas de administración de comercio y la revisión de acuerdos comerciales.

En definitiva, la cuestión no es devaluar o no devaluar, sino a quién beneficia la medida y si es una herramienta suficiente para mejorar la competitividad. Entendemos que la apreciación cambiaria a largo plazo es sinónimo de desempleo y desindustrialización (tal como lo mostró el período 1976-2001), pero otorgar competitividad a través de devaluaciones de la moneda nacional no es una herramienta que permita generar industrialización con inclusión social y progresiva redistribución de ingresos. El desafío pasa por dejar atrás las soluciones generales y facilistas y comenzar a evaluar herramientas a medida para cada problema, instrumentos que no generen –o al menos minimicen– efectos colaterales no deseados.

* Economista UNLP, UBA, CEIL-Conicet.

** Economista UBA, CEIL-Conicet, Colectivo Economía del Bicentenario.

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La encrucijada

Por Luciano Cohan *

Una de las principales explicaciones que suele darse para el colapso de la convertibilidad y el rápido crecimiento desde su fin es el rol que jugó el tipo de cambio. La apreciación cambiaria de los noventa, bajo el corset de la paridad fija, explica gran parte del elevado desempleo, el déficit crónico de cuenta corriente, la dolarización de portafolios y la explosiva evolución de la deuda externa y pública. En sentido opuesto, la salida hacia un régimen de flotación administrada logró, al evitar la apreciación nominal y con ayuda de nuestros socios comerciales, que apreciaron sus monedas en el ínterin, mantener un tipo de cambio real alto. Este nuevo régimen –el Tcrae, o Tipo de Cambio Real Alto y Estable– suele esgrimirse como una de las principales causas detrás de la virtuosa evolución de la actividad, el comercio exterior o el empleo durante gran parte de la primera década del siglo XXI.

Ahora bien, ¿qué queda de aquel Tcrae? Tomando como referencia el tipo de cambio bilateral y la inflación relativa con sesenta socios comerciales, el valor del peso es aproximadamente un 25 por ciento menor que el de los últimos meses de la convertibilidad y similar al del primer lustro de esa década. Visto así, el Tcrae ya no es lo que era, pero la apreciación no se ve tan crítica como la que a fines de los noventa ahogaba a la economía.

La conclusión cambia, sin embargo, si el ejercicio se realiza comparando no índices de precio de canastas de consumo sino salario de los trabajadores registrados, una medida más acertada de la competitividad precio de muchas actividades transables, en particular la industrial. La historia que cuenta este tipo de cambio real es otra. Desde su techo a mediados de 2002, el peso registra una apreciación persistente –salvando un breve período entre 2008 y 2009– hasta ser hoy un 20 por ciento más caro que a fines de la convertibilidad. Este encarecimiento no incluye el impacto que sobre la competitividad precio ha tenido el incremento de la carga tributaria (la suba en las contribuciones sociales, el impacto sobre ganancias de la exposición de los balances a la inflación, los derechos de exportación, etc.) que encareció el peso en no menos de 15 por ciento adicional.

Así, la competitividad cambiaria del salario registrado es menor hoy que durante los últimos meses de la convertibilidad, situación que prende sobre la macro luces de alerta. Si bien en el último semestre, con mayor ritmo de devaluación, el BCRA detuvo la revaluación del peso, por varias razones no hay nada sencillo en pasar de un régimen que permitió una apreciación anual de algo más de 10 por ciento durante una década a uno que la detenga en seco. La apreciación es la contracara del mayor consumo (en particular del último lustro, cuando comenzaron a agotarse otras fuentes de crecimiento), de las tasas de interés bajas y de la suba de los salarios reales (al menos los registrados). Detenerla implica un fuerte cambio no sólo de gestión sino también en la retórica, algo que lentamente parece comenzar a aparecer en los discursos oficiales.

Esta situación obliga también a repensar el rol que juega la productividad, en tanto la mejora de los salarios reales depende cada vez más de lo que pase con ella. La estimación previa no considera los cambios que la productividad tuvo durante la última década, que posiblemente compense parte de la caída, en particular durante el primer lustro con la reutilización de capacidad instalada ociosa. Pensando hacia adelante, sin embargo, no es obvio que logremos ganar en competitividad a nuestros vecinos. No si no se logra realinear los incentivos hacia mayor productividad como fuente de rentabilidad.

Mientras tanto, el paso del tiempo complica el sesgo antiexportador de la política cambiaria y comercial. La respuesta más fuerte del Gobierno a la apreciación fue el cierre de las importaciones, que en la práctica actúa sobre el tipo de cambio real desdoblándolo en dos. El asociado a las importaciones sube (porque visto desde el país es equivalente a un incremento del salario internacional) pero el de los exportadores baja (porque encarece los insumos, y es equivalente a una suba del salario doméstico). Es esperable que, en este contexto, el comercio exterior sufra y con él el flujo de divisas de exportaciones no tradicionales.

Atender a esta situación es cada vez más importante y el tiempo nos juega en contra. Hay muchas posibles salidas a la encrucijada en la que lentamente y, sin que nadie nos haya obligado, nos estamos metiendo, cada una con su riesgo asociado. Lamentablemente, se aleja a pasos acelerados aquella macro que se corregía con sintonía fina.

* Economista jefe de Elypsis.