El congelamiento de precios que acordó el Gobierno con las principales cadenas nacionales de supermercados recibió duras críticas por parte de opositores y economistas del establi-shment. Uno de los cuestionamientos principales es que es una herramienta que no soluciona los problemas de fondo y sólo se utiliza en Venezuela, con resultados escasos debido a la creciente escasez de alimentos que afecta a ese país. Sin embargo, basta con ver lo ocurrido en los últimos años en la región para comprobar que la mayoría de los gobiernos recurrió a acuerdos de precios, o directamente a la fijación de precios máximos, cuando la inflación comenzó a acelerarse, y logró de ese modo ponerle freno a la escalada sin provocar desabastecimiento.

- México. En enero de 2007, en un contexto de fuerte aumento en la cotización internacional de los principales commodities, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón firmó un convenio con la Cámara de Industriales de la Masa y la Tortilla para congelar el precio de la tortilla de maíz, alimento básico del pueblo mexicano que se había disparado en los meses previos. El gobierno se comprometió entonces a apoyar a los molinos para que realicen compras colectivas y anunció que castigaría a las comercializadoras que ocultaran el grano y a las tortillerías que comercializaran el producto a un precio superior a 8,5 pesos mexicanos el kilo. Si bien algunos comercios siguieron vendiendo por encima de ese precio, la negociación sirvió para ponerle freno a la escalada. En junio de 2008, Calderón también firmó un acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), que agrupa a 46 cámaras de ese país, para congelar los precios de 150 productos alimenticios durante seis meses. La lista de alimentos procesados incluyó aceite, porotos, lentejas, salsa de tomate, condimentos, chiles, sopas, café, té, postres y bebidas.

En enero de 2009, luego del estallido de la crisis internacional, el gobierno selló además un Acuerdo a Favor de la Economía Familiar y el Empleo con las organizaciones obreras y empresariales del país, que incluyó el congelamiento del precio de los combustibles durante todo ese año. Por último, en agosto del año pasado, cuando se registró una fuerte suba del precio del huevo, el gobierno puso a disposición de los avicultores las más de 25 mil tiendas, pertenecientes a las cadenas de participación estatal Diconsa y Liconsa, para que pudieran comercializar huevos al precio más bajo posible y anunció también que se mantendrían congelados hasta fin del año pasado los precios del maíz, las pastas de sémola y la leche.

- Uruguay. A mediados de octubre, en un contexto de aceleración de la inflación, el gobierno de José Mujica firmó un acuerdo con la Asociación de Supermercados del Uruguay para congelar los precios hasta fin del año pasado, con excepción de la carne y la verdura, y rebajar un 10 por ciento el valor de una canasta de 200 artículos, que incluyó desde arroz, fideos y galletitas hasta jabón, detergente y pañales. “Estas acciones buscan contribuir a moderar y actuar decididamente sobre algunas presiones inflacionarias que se han convertido en la principal preocupación macroeconómica que tiene el Uruguay”, declaró entonces el ministro de Economía Fernando Lorenzo. “Es una ecuación económica deficitaria para el proveedor como para el supermercado. Acá no se trata de quién gana sino de apoyar una medida que entendemos que es positiva para el país entero. El gobierno considera que la única variable macroeconómica con desequilibrio relevante es la inflación y de manera heterodoxa está pidiendo de qué manera se puede colaborar para que no siga en esta escalada”, agregó Fernando Vieytes, presidente de la Asociación de Supermercados, al respaldar la medida. El gobierno de Mujica ya había tomado una medida similar en 2009.

- Ecuador. A fines de agosto de 2008, la administración de Rafael Correa anunció el establecimiento de precios máximos por dos meses, como una medida para frenar la inflación. “El gobierno, en acuerdo con la empresa privada, considerando que es deber del Estado proteger los derechos de los consumidores (...) fijó los precios máximos de venta al público, de manera temporal, a varios productos de la canasta básica alimenticia”, señaló la Presidencia a través de un comunicado. El listado incluyó fideos, aceites, vegetales, leche, avena, azúcar, atún, carne de pollo y pan. Además, se prohibió exportar arroz para garantizar el abastecimiento interno.

- Bolivia. En junio de 2011, el gobierno de Evo Morales fijó una banda de precios mínimos y máximos para la venta de pollo, cerdo, harina y otros productos alimenticios en los mercados y centros de abastecimiento del país. De ese modo, logró detener la escalada en el precio de los alimentos. Además, impulsó penas más duras para tratar de desalentar los delitos de especulación y agio por parte de los comerciantes. Los controles siguen vigentes. De hecho, a mediados del año pasado el gobierno amenazó con meter en prisión a quienes no respetaron el precio máximo vigente para el pan. “Hemos hablado con la Fiscalía para procesar a estas personas por el delito de agio y especulación, que son delitos que están en el Código Penal y nosotros debemos de procesar”, afirmó entonces la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales.

- Paraguay. En el primer trimestre de 2011, Paraguay registró una inflación de 4,8 por ciento, muy por encima del 1,8 por ciento del mismo período de 2010. El gobierno de Fernando Lugo reaccionó entonces impulsando un acuerdo de precios con la Cámara Paraguaya de Supermercados, la Cámara Paraguaya de la Carne y la Cámara Paraguaya de Lácteos, que contempló rebajas en los productos de la canasta básica.