Roberto Lavagna quiere que el Congreso apruebe las compensaciones para los bancos por un total de 10.000 millones de pesos. El ministro necesita esa ley lo antes posible, para encaminar las negociaciones con el Fondo Monetario. Pero los tiempos del Congreso son otros, sobre todo porque existen fisuras dentro del bloque oficialista y, a la vez, el ARI y el radicalismo ya anticiparon su oposición. Algunos legisladores del justicialismo consideran excesiva la pretensión de Lavagna y encima rechazan pagar costos políticos en medio de las campañas para las próximas elecciones legislativas y para gobernadores.
El martes será una jornada clave para la iniciativa. Ese día concurrirá al Congreso Alfonso Prat Gay. Ante la comisión de Finanzas de la Cámara baja será la primera vez que el Banco Central dé su opinión sobre las compensaciones impulsadas por Economía.
Las compensaciones solicitadas se dividen en dos capítulos: 7000 millones por los amparos y 3000 millones por la sustitución del CER por el CVS en créditos hipotecarios, prendarios y personales. Sin embargo, las estimaciones realizadas por un grupo de técnicos del Congreso indican que la compensación por la descerificación sería sensiblemente inferior. Según los cálculos, y según cuál metodología se utilice, la compensación por la eliminación del CER debería ser de entre 1000 y 2500 millones de pesos. En cualquier caso, un monto inferior a lo solicitado por el Palacio de Hacienda. Fuentes parlamentarias dieron su opinión, en diálogo con Página/12: “Lavagna busca cubrirse. No quiere que el FMI lo acuse de esconder deuda cuando empiece la negociación para un acuerdo de largo plazo”.
Si bien en la cuestión del CER aparecieron disidencias por el monto en juego, los legisladores del oficialismo estarían de acuerdo con la operación ya que esa compensación es consecuencia directa de una ley del Congreso. Aquella que quitó el CER a determinados préstamos bancarios para proteger a los deudores de una eventual explosión inflacionaria.
Por ahora existe una resistencia muy fuerte a la compensación de los amparos. Ni siquiera los diputados del PJ quieren pagar los costos políticos de semejante decisión, y mucho menos después de que el propio Eduardo Duhalde evitara firmar el decreto correspondiente –desatendiendo un pedido de Lavagna– y trasladó la responsabilidad al Congreso. En total, las entidades financieras reclaman unos 7000 millones de pesos por la diferencia de la pesificación a 1,40 peso más el CER, que están obligados a hacerse cargo los bancos, por cada dólar original depositado y el tipo de cambio abonado cuando salió la orden judicial.
Tanto los bancos como el Fondo reclaman una urgente solución al tema de las compensaciones para solucionar su problema patrimonial. Para Economía y el Banco Central, la cuestión también es relevante ya que, suponen los funcionarios, la normalización del sistema financiero permitiría acelerar la recreación del crédito. Los bancos disponen de una importante liquidez, en torno a los 17.000 millones de pesos, que mantienen como encajes en el Central. Aducen que no pueden dar curso a esos fondos hasta que no quede arreglada su situación patrimonial.
Durante la administración Duhalde, las entidades financieras percibieron compensaciones multimillonarias. En total fueron unos 13.700 millones de dólares, captados en Boden 2012. Las compensaciones podrían dividirse en tres capítulos:
- La pesificación asimétrica entre depósitos y préstamos dictaminada por el gobierno anterior una vez concretada la devaluación.
- Parte de la deuda de los bancos tomada en el exterior. Este seguro de cambio ascendió a unos 5300 millones de dólares.
- Dos canjes de depósitos del corralón, en los cuales el Estado se hizo cargo, a través de la emisión de Boden 2012 y Boden 2013, de la diferenciaentre 1,40 más el CER y el tipo de cambio libre. El costo de estas operaciones rondó los 3000 millones de dólares.
Desde la óptica de los bancos y de Economía todavía faltarían otros 3500 millones de dólares.