“Cabe destacar que las omisiones y/o errores que apunta la administración provincial, según se desprende de los sumarios administrativos, ninguna de ellas alude a la existencia de un impacto ambiental actual, inminente y grave, como así tampoco daño a la salud de la población que amerite detener las obras llevadas a cabo por la empresa Arsat, ni interrumpir las transmisiones televisivas.” Con este argumento, la Justicia cordobesa obligó al gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, a levantar las clausuras de las antenas de TDA instaladas en Malagueño, Leones, Villa María y Villa Dolores. Incluso, el juez federal Alejandro Sánchez reconoció que en los expedientes administrativos presentados por Arsat consta un informe de la CNC que explicita que las radiaciones no ionizantes están por debajo de los máximos autorizados. De la Sota sabía que iba a recibir un fallo adverso de la Justicia, por eso la Secretaría de Ambiente firmó el 8 de febrero cuatro resoluciones que daban marcha atrás con las clausuras, pero que recién fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial de la provincia, horas antes de la resolución judicial. Por decisión de la Justicia, Arsat tendrá un plazo de tres meses para seguir presentando información administrativa y técnica.

“Quedó en evidencia que las medidas de De la Sota no tenían ningún fundamento y sólo respondían a una estrategia de confrontar con el gobierno nacional y fortalecer su alianza con la empresa proveedora de servicio de televisión paga en esa provincia (Cablevisión)... En su afán de posicionarse como referente de la oposición, terminó atacando una política pública democratizadora e inclusiva, como es la TDA”, afirmó Martín Sabbatella, titular de la Afsca.

En su fallo, el juez sostuvo que tal cual se habían realizado las presentaciones administrativas para la instalación de las antenas, no había motivos “para impedir la continuidad de la parte final de la obra”. Así y todo, la medida cautelar concedida por Sánchez afirma que Arsat tendrá tres meses para “corregir los defectos señalados por la administración provincial”. Es decir que deberá seguir presentando información técnica y administrativa. De esta parte de la resolución judicial se desprende que, aun con posibles errores, Arsat había presentado la documentación correspondiente al Aviso de Proyecto, tal como establece la ley 7343. Esto es relevante ya que el ministro de Ambiente cordobés, Manuel Calvo, había dicho que el Estado nacional no había presentado ningún tipo de documentación.

“Tal cual es la característica de vuestro gobierno, en forma arbitraria y patoteril, vuestros funcionarios han instalado y puesto en funcionamiento antenas que no han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley General del Ambiente (Nro. 7343) y su decreto reglamentario (Nro. 2131) de esta provincia. Es más, ni siquiera los han solicitado”, había manifestado Calvo a través de una carta documento.

–El fallo reconoce que Arsat había presentado la información del Aviso de Proyecto y que cualquier posible error no ameritaba la clausura. ¿Por qué dijeron que desde el Estado nacional no habían presentado nada?, consultó Página/12 al secretario de Ambiente, Luis Bocco.

–Nuestros peritos técnicos determinaron que la información presentada era inexacta y pobre, que era lo mismo que decir que no presentaron nada– respondió.

–La Justicia dijo que no había peligro de impacto ambiental, que las menciones realizadas por la administración provincial sobre los potenciales peligros eran hipotéticos y que nada justificaba la clausura de las antenas –insistió este diario.

–Es un grave error decir eso. En este tema, todas las actividades generan algún tipo de impacto. Pero nosotros nunca pudimos determinar si había alguno, porque no había información –agregó Bocco.

Sin embargo, el 6 de diciembre de 2012 Arsat había iniciado conversaciones formales con Bocco para la instalación de la antena en Leones. En esa oportunidad, la empresa estatal presentó datos ambientales y una autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), fechada incluso en octubre de 2011. Además, dicho expediente contaba con la autorización de la ciudad de Leones, otorgada en agosto de 2012. Además, se incluían cálculos sobre las emisiones de las antenas y sus efectos en la población con distintos casos hipotéticos, basados en las antenas ya instaladas en Chaco, La Plata y Luján. Según Bocco, esta información fue rechazada por los peritos de la provincia.

“De esta manera quedó en evidencia que la arbitraria clausura de las antenas no tenía ningún fundamento técnico ni obedecía a razones ambientales, sino que estaba motivada puramente por defender intereses de monopolios a los que les preocupa la democratización del acceso a la televisión porque de esa manera no es necesario pagar ningún abono”, sostuvo Julio De Vido, ministro de Planificación, a través de un comunicado. Todavía queda por resolver la situación de Río Cuarto, donde la provincia decomisó los bienes de Arsat.

“Este es un triunfo de la democracia frente a la prepotencia de los gobiernos que no cumplen con la ley y frente a las corporaciones, que siempre se resisten al acceso igualitario a la información”, concluyó Cynthia Ottaviano, defensora del Público.