En la última semana dos editoriales del diario La Nación cuestionaron fuertemente nuestra política energética y el ingreso del Estado nacional como operador mayorista de telefonía móvil. No nos llaman la atención estas críticas, ya que estamos acostumbrados a que sus prejuicios ideológicos le impidan comprender el proceso histórico que vivimos, aunque sí sorprende, en este caso, la pobreza argumental y la insistencia con la que reclaman el retorno a un modelo que fracasó y llevó a la Argentina al borde de la disolución.

Es evidente que el diario La Nación rechaza la política de telecomunicaciones que se lleva adelante desde el año 2003 porque uno de los ejes centrales ha sido profundizar la presencia del Estado, tanto para controlar el espacio radioeléctrico, luego de que debiéramos rescindir el vergonzoso contrato con Thales Spectrum, como con la creación en 2006 de la empresa Ar-Sat para que nuestro país no perdiera una posición orbital ante la fuga de la empresa Nahuelsat.

En este contexto la telefonía móvil constituye el servicio que más creció durante los últimos diez años, pasando de ocho millones de usuarios en 2003 a 60 millones en la actualidad, pero también es el que más quejas acumula por parte de los usuarios a pesar de las multas y sanciones que les hemos aplicado y la implementación de la portabilidad numérica. Con ello se cae una de los grandes mitos del neoliberalismo: con tarifas completamente libres ofrecen uno de los peores servicios.

Además, este explosivo incremento del parque de celulares que permitió expandir y consolidar el sector de las telecomunicaciones no es fruto de la casualidad, sino del modelo de crecimiento con inclusión social que se aplica desde que asumiera Néstor Kirchner y que hizo posible a millones de argentinos acceder por primera vez a un teléfono celular.

En tal sentido la decisión de la Presidenta de asignar a Ar-Sat el 25 por ciento del espectro radioeléctrico no es una “intromisión inadmisible”, sino una consecuencia del ostensible fracaso de los prestadores privados, que como ocurrió con el Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas o YPF, no estuvieron a la altura de las circunstancias, debiendo el Estado asumir un rol activo para garantizar la prestación del servicio y extenderlo a todos los rincones del país en iguales condiciones.

Asimismo, parece que el medio ignorara que esa porción del espectro no fue adjudicada a los prestadores privados porque sólo uno cumplía con los requisitos en relación con la solvencia o riesgo de integración monopólica, lo que hubiera implicado la consolidación de una nueva posición dominante, algo que obviamente va en contra del espíritu de una subasta, a menos que para La Nación las situaciones monopólicas no susciten ningún problema, a contramano de lo que plantean los pensadores clásicos del liberalismo.

Por otra parte, respecto de los cuestionamientos del diario La Nación a la política energética, plasmados en su editorial de la semana pasada, queda en evidencia que su propuesta es volver al sistema energético previo al año 2003 en el que había un supuesto autoabastecimiento –se exportaba gas natural, gasoil y nafta– porque los argentinos no podíamos consumir esos combustibles en nuestro país debido a que teníamos las tarifas más caras de la región, lo que llevó a la destrucción de la industria nacional por falta de competitividad, el desempleo al 23 por ciento y condenó a la exclusión a 20 millones de compatriotas.

Es por ello que ese autoabastecimiento que pregonan es una falacia, en tanto era producto de excedentes debido a la caída de la demanda y no en el marco de un proceso de crecimiento sostenido, desarrollo industrial e inclusión social.

Desde el 2003 hemos puesto en marcha el plan energético más importante de los últimos 50 años, logrando aumentar en un 50 por ciento la capacidad instalada de generación eléctrica con la construcción de 8700 megavatios, a la vez que tendimos 4200 kilómetros de líneas de alta tensión para anillar toda la Argentina. Pero quizá lo más importante es que producto de estas obras, más de diez millones de argentinos accedieron al suministro eléctrico y ocho millones al de gas, permitiendo que se sumen más de cuatro millones de aires acondicionados que significan mejor calidad de vida para nuestra gente.

Es indudable que lo que añoran los editorialistas es volver a la Argentina del Estado ausente y la Argentina para pocos donde los ciudadanos hacían filas y filas para conseguir un empleo o iban a las embajadas para tramitar un pasaporte que les permitiera huir de ese modelo que los excluía. Hoy sólo pueden hablar de los miles y miles de argentinos que colman las rutas y autopistas cuando salen a disfrutar merecidamente de sus vacaciones o de un fin de semana largo, como el último, porque este modelo inclusivo hizo posible también que desde 2003 se patentaran más de cinco millones y medio de autos.

Por lo tanto, es hora de que comprendan que el límite de la nostalgia es la propia realidad, que cada día contradice los postulados que se propalan desde la Tribuna de la Doctrina. Hoy son tan sólo dogmas ideológicos que ni siquiera reparan en que la historia se ocupó de desmentirlos.

* Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.