El escándalo de los acuerdos de Adecua con seis bancos y financieras para cerrar juicios en defensa de los usuarios tendrá al menos dos consecuencias. Por un lado, el próximo viernes habrá una reunión del Consejo Asesor sobre la conducta ética de las asociaciones de consumidores que abriría una puerta a duras sanciones contra la entidad que comanda Sandra González. En segundo lugar, el Gobierno aprobará una resolución o una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor para imponer reglas a los convenios que firman asociaciones y empresas. Un tercer aspecto, más difícil de resolver, es la actuación de jueces y camaristas del fuero Comercial, muy permeable a los intereses de bancos y compañías de seguros. Dos ex camaristas de ese ámbito trabajan hoy en el estudio jurídico Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, que representa a numerosas entidades financieras en las demandas por cargos mal cobrados y cláusulas abusivas en los contratos. Es otra muestra de la simbiosis de parte del fuero –no todo– con el sector privado.

Los abogados de Adecua cobraron 15,6 millones de pesos por los acuerdos con los bancos Santander Río, Galicia y Privado de Inversiones, las tarjetas Naranja y CMR de Falabella y la financiera GMAC, que clausuraron juicios contra esas empresas por comisiones y seguros mal aplicados. De la investigación oficial surge que el costo de los seguros que cobraban los bancos era entre 800 y 1000 por ciento más caro que lo que cotizaba el mismo seguro en una contratación individual.

Osvaldo Riopedre, director ejecutivo y apoderado de Adecua, embolsó más de cinco millones de pesos en concepto de honorarios, pagados por los bancos y financieras denunciados. El comportamiento de la entidad de usuarios será severamente objetado el próximo viernes en el cónclave del Consejo Asesor de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, y tras ese paso Adecua quedaría al borde de la exclusión del Registro Nacional de Asociaciones. Algunos arriesgan que la sanción podría ser aun más grave si se confirman las averiguaciones sobre otros acuerdos “irregulares” que habría firmado la entidad. En ese caso, la penalidad podría llegar hasta la quita del permiso a Adecua para operar como defensora de los consumidores.

La reforma

El comportamiento de Adecua y de otras asociaciones también bajo investigación, como Proconsumer, Consumidores Financieros y Cruzada Cívica, empujó la decisión política de regular los convenios que firman las entidades de usuarios con las empresas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anunció hace dos semanas durante un acto en Casa Rosada, cuando cuestionó el desempeño de Adecua y las maniobras de los bancos para aumentar sus ingresos. Tras ello, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor empezó a trabajar en el tema. La responsable del área, María “Pimpi” Colombo, viene manteniendo conversaciones con referentes de las asociaciones –críticos del rol de algunas de sus pares– para dar forma a los cambios. Aún no está definido si será mediante una resolución o a través de una reforma a la ley. La primera opción es más rápida, la segunda les daría más solidez a las nuevas regulaciones, pero llevaría más tiempo, y algunos temen que aparezcan los lobbies que siempre buscan limitar el alcance de la norma.

El protocolo que se impondrá sobre cómo deben ser los acuerdos entre asociaciones y empresas ratificará la obligatoriedad de que sean “universales, automáticos y con publicidad adecuada”. En rigor, esos criterios ya están establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, pero de modo más genérico. Lo que se buscará es terminar con zonas grises que permitieron a Adecua y otras entidades desviarse de esos criterios. El resultado de los convenios de esa asociación con los bancos y financieras fue que apenas 15 mil personas lograron recuperar lo que les habían cobrado de más durante años, mientras que más de 1,7 millón de clientes se quedaron sin nada. Es decir, sólo obtuvieron una indemnización el 0,9 por ciento de los afectados. Los bancos, de ese modo, se ahorraron de pagar 367 millones de pesos.

Si la solución tiene que ser universal, los acuerdos no podrán dejar a ningún cliente fuera de su alcance. El requisito de que la reparación sea “automática” es para evitar que los usuarios tengan que hacer algún trámite para recuperar el dinero. En el caso de Adecua, se los obligaba a ir a las sucursales a reclamarlo en el término de 60 días, en lugar de acreditarse lo cobrado de más en sus cuentas en esos bancos. Y la condición de la “publicidad adecuada” es para garantizar su conocimiento por parte del público, en lugar de lo que ocurrió con Adecua, que aceptó que la información de los acuerdos se limitara a dos pequeños avisos en los diarios La Nación y Ambito Financiero.

Una vez fijadas esas condiciones, el punto que sigue, más trascendente, es que se le daría intervención a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor antes de homologar los convenios en sede judicial. El organismo revisaría los términos de los arreglos y quedaría habilitado a sumarse al expediente en caso de presentar alguna objeción. No habría un dictamen vinculante, pero en los hechos, Defensa del Consumidor podría ejercer una función de auditoría previa a los acuerdos. Esa es una de las novedades más importantes en estudio. La otra es la eventual creación de un registro público de juicios y acuerdos de entidades de consumidores que se publicaría en la página web de la Subsecretaría. De este modo, sería más fácil para el público y la prensa conocer los acuerdos establecidos. Esta idea, sin embargo, aún es debatida entre el Gobierno y las entidades que la asesoran, ya que algunos creen que el registro les podría dar una pátina de legitimidad a acuerdos que no sean del todo beneficiosos para los consumidores.

La Justicia

Un problema adicional es la intervención de un amplio sector del fuero Comercial, donde litigan las asociaciones de consumidores. Existen enormes dificultades para que jueces y camaristas reconozcan la legitimidad de esas entidades para encarar acciones colectivas en defensa de los usuarios, e incluso para que bancos y empresas paguen juicios que han perdido. Estos tienen una fuerte llegada a muchos de los miembros de ese fuero, y algunos pasaron de camaristas a integrantes del principal estudio jurídico que defiende al sector financiero. Se trata de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, que tiene actualmente como socios a los ex camaristas Rodolfo Ramírez y Carlos Rotman. Esas trabas que pone la Justicia, en ocasiones empuja a las asociaciones a convalidar acuerdos no del todo satisfactorios para los consumidores, y en otros casos, son una buena excusa para cerrar juicios y embolsar honorarios millonarios.