Por el discurso que enarbola el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se podría caer en la confusión de que la huelga que llevan adelante los docentes sería un tema que inexorablemente requiere de la intervención del gobierno nacional para solucionarse. Y que el gobierno provincial no tiene ninguna salida posible sin el auxilio de la Nación para corregir la crítica situación de sus finanzas públicas. Quizá esto último, como están dadas las cosas, tenga que ser así, pero es inevitable revisar qué cosas no se han hecho en los últimos años para que el Estado provincial carezca sistemáticamente, años tras año, de los recursos necesarios para hacer frente a las actualizaciones salariales de los empleados públicos.

Un argumento repetido que enarbolan los gobernantes bonaerenses está relacionado con la cesión que hizo Buenos Aires de 6 puntos porcentuales en la distribución secundaria (entre provincias) de la coparticipación federal en la discusión del año 1987. Eso es rigurosamente cierto, pero debe decirse que esos puntos se cedieron a partir de un coeficiente que nadie sabía si era justo o no, como tampoco se puede decir que sea justo el actual, aunque nosotros compartimos la convicción de que no lo es. Sin embargo, no compartimos los criterios devolutivos con los que las autoridades provinciales pretenden que se distribuya la coparticipación, ya que el sentido de la misma no es devolver lo recaudado en el territorio sino garantizar que, en un país con enormes desequilibrios económicos, sociales y territoriales, todos los habitantes tengan un acceso similar a los bienes públicos, independientemente del lugar donde vivan.

En 1991, para paliar esa posición desventajosa que la ley de coparticipación dejaba a Buenos Aires, el gobernador Eduardo Duhalde consiguió la creación del Fondo del Conurbano Bonaerense. A ese fondo, que fue manejado de forma discrecional, arbitraria y fuera del control del Parlamento bonaerense, se le impuso en 1996 un techo máximo de 650 millones de pesos anuales. El fondo aún existe, pero tiene escasa relevancia cuantitativa. Si se hubiese eliminado el referido tope, la provincia de Buenos Aires habría recibido en 2011 quince veces más que lo que efectivamente obtuvo, es decir unos 9813 millones de pesos más adicionales.

Pero esos recursos saldrían de la caja de reparto del conjunto de las provincias y éstas bien podrían preguntarse qué ha hecho Buenos Aires con su sistema tributario estos años para mejorar su recaudación, en vez de pelear por recursos que otras provincias de menor desarrollo relativo también necesitan. Entonces conviene recordar que en el año 1984 la provincia de Buenos Aires recaudaba a través del impuesto Inmobiliario un 36 por ciento del total de sus recursos tributarios. Este impuesto patrimonial es altamente progresivo, debido a que sus alícuotas aumentan según el valor de los bienes (urbanos o rurales), de forma que se cumple ampliamente el precepto “pagan más los que más tienen”.

Paradójicamente, en el año 2011, la recaudación a través de este impuesto sólo representó el 6 por ciento del total. Además, el peso que perdió el Inmobiliario lo ganó el impuesto a los Ingresos Brutos, que es un impuesto regresivo (las alícuotas no están relacionadas con la capacidad contributiva) y que recae en los consumidores.

Ahora si entre 1984 y 2011 la recaudación del impuesto Inmobiliario hubiese crecido de la misma forma que la de Ingresos Brutos, en el año 2011, en vez de los 2241 millones de pesos que efectivamente se obtuvieron por el cobro a los propietarios de tierras e inmuebles, se habrían podido recaudar unos 24.274 millones de pesos, es decir más de 22 mil millones de pesos adicionales. Vale la pena considerar cómo ha evolucionado el valor de las propiedades en la provincia de Buenos Aires, porque a todas luces eso establece un techo para el aumento del impuesto Inmobiliario. En ese sentido se puede verificar que el valor de la propiedad urbana se multiplicó por 12 y el de la rural por 16 en el período 2001-2011. Mientras que, en ese mismo período, la recaudación se multiplicaba por 3 para el urbano y por 7 para el rural.

Por eso, como los gremios docentes no desconocen la situación, piden que se expliquen las razones de la falta de recursos de la provincia. No es por la voracidad salarial de los docentes o la falta de acompañamiento del gobierno nacional que se demora el inicio de las clases, sino por la liviandad en materia fiscal con que se ha gobernado la provincia los últimos años. Pero como esta realidad es celosamente ocultada por las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que prefieren decir que los recursos que les faltan están en la “caja” del Estado nacional, cuando en verdad están en los bolsillos de los propietarios más pudientes de la provincia.

Si el gobierno provincial tuviera la voluntad política y la intención de resolver los problemas estructurales, podría obtener recursos para destinar al sistema educativo, por ejemplo estableciendo un suplemento al pago del impuesto Inmobiliario con asignación específica a la educación, con un 50 por ciento para las categorías más altas y de un 20 por ciento para las intermedias, y allí podría encontrar recursos significativos para atender mejor las necesidades del sistema, que no son sólo las salariales, y, al mismo tiempo, mejorar la progresividad del sistema tributario provincial.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.