Los llamados “agrodiputados” ingresaron al Congreso con aires de victoria tras el conflicto por las retenciones móviles, pero al cabo de cuatro años, y a punto de que se les venza el mandato, poco es lo que han hecho por el sector. Durante sus dos primeros años legislativos se enrolaron en el Grupo A y sólo abogaron por el fin de las retenciones, estrategia política que no alcanzó consensos ni dentro de la propia oposición. Luego de 2011, pocos fueron los proyectos presentados en la comisión correspondiente. Pero lo más significativo fue que seis de los siete agrodiputados, los cuales quedaron detrás del radicalismo, votaron en contra de la ley que les puso un freno a la extranjerización de la tierra. El rechazo a esta norma incluyó a los dirigentes históricos de la Federación Agraria, Ulises Forte y Pablo Orsolini.

Los agrodiputados que llegaron al Congreso luego de las elecciones del 28 de julio de 2009 fueron Ricardo Buryaile, ex vicepresidente de CRA; Juan Casañas, vinculado con FAA; Jorge Chemes, ex titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; Lucio Aspiazu, ingeniero agrónomo, Forte y Orsolini. Luego de las elecciones de medio término de 2011 se sumó Omar Barchetta, ex vicepresidente de la FAA.

No bien ingresó a la Cámara baja, Buryaile quedó a cargo de la Comisión de Agricultura. Al igual que el resto de sus compañeros del extinto Grupo A, su principal objetivo fue la eliminación de las retenciones. La oposición intentó llevar adelante varias sesiones especiales para alcanzar su meta pero ninguna obtuvo el quórum suficiente. En un primer momento, Buryaile tuvo que lidiar con las pretensiones de Forte y Orsolini, quienes querían impulsar una segmentación de los derechos de exportación.

Si bien los agrodiputados ingresaron a la Cámara bajo el supuesto de representar a sus entidades de origen, todos quedaron subsumidos bajo el ala del radicalismo. En el tiempo esto se tradujo en una oposición acérrima a todo lo que viniera del Frente para la Victoria, algo parecido a lo ocurrido dentro de la Mesa de Enlace.

Por fuera de las retenciones, los agrodiputados tampoco pudieron avanzar en otros temas, a pesar de haber sido mayoría en la Comisión de Agricultura durante el período diciembre 2009-2011. Por ejemplo, la puja política con el oficialismo hizo que la oposición en su conjunto presentase un proyecto de ley para crear una oficina de control y estadísticas agropecuarias para reemplazar a la ex Oncca. Entre mayo y octubre de 2010, los agrodiputados pidieron ocho mociones de preferencia para tratar el proyecto en una sesión especial. La oposición, a pesar de ser mayoría, nunca consiguió quórum.

Tampoco pudieron emitir un dictamen sobre un proyecto que pretendía modificar los contratos rurales presentados por Buryaile, Chemes y Aspiazu. En cambio, en 2008, el mismo día en que se discutió en el recinto la famosa Resolución 125, el oficialismo y la oposición habían consensuado un proyecto para modificar la ley de arrendamientos, que tras el voto no positivo del entonces vicepresidente, Julio Cobos, quedó en la nada, a pesar de contar con un dictamen favorable en la Cámara baja.

Los agrodiputados sólo consiguieron una media sanción, durante la vigencia del Grupo A, de un proyecto que creó un régimen para el fomento, promoción y desa-rrollo de la ganadería de camélidos sudamericanos domésticos. No pudieron avanzar en comisión con sus planes para “salvar” a la ganadería o la lechería. A pesar de su mayoría, la oposición no logró consenso interno y el Frente para la Victoria aportó lo suyo para que algunos proyectos no superaran el trámite parlamentario en las comisiones, e incluso complicó la estrategia opositora cuando decidió retomar la iniciativa parlamentaria, tal cual ocurrió con el proyecto que puso límites a la venta de tierras y el nuevo estatuto del peón rural.

“Entiendo que se trata de un proyecto de ley absolutamente xenófobo. Lo es porque a priori supone que cualquier argentino es mejor que cualquier extranjero. Lo que yo no quiero es juzgar o crear categorías sospechosas”, había pronunciado Buryaile durante la sesión extraordinaria realizada en diciembre de 2011. El debate de este proyecto había comenzado a mitad de año, cuando todavía estaba vigente el Grupo A. La presidencia de la Comisión de Agricultura había pasado a Juan Casañas, quien hizo todo lo posible para evitar el plenario de comisiones necesario para obtener un dictamen.

“No están dadas las condiciones para tratar el proyecto”, le había dicho a Página/12 Ulises Forte, luego de haber evitado el debate en comisión. Varios meses después, con el recambio legislativo de 2011, el proyecto llegó al recinto en sesiones extraordinarias. Todos los agrodiputados votaron en contra, al igual que el radicalismo y el resto de la oposición. Algo similar ocurrió con el proyecto que creó un nuevo régimen para los trabajadores rurales y un nuevo registro para el sector. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo en junio de 2010 y nunca fue tratada por los agrodiputados. Tanto Gerónimo “Momo” Venegas como las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace presionaron para que no fuera aprobado.

“Estas son revanchas políticas que se quiere tomar el Gobierno. Yo estoy totalmente en contra y me va a tener en la vereda de enfrente. Sí estamos de acuerdo en que hay que avanzar en una ley para el Estatuto del Peón Rural, pero el Gobierno no puede desarmar algo que funciona bien como el Renatre”, manifestó Orsolini.

“Hay muchas zonas en las que el Estado está ausente, pero los empleados están registrados y se capacitan gracias a la presencia del Renatre. No voy a defender al gremio del Momo Venegas, pero hay que reconocer que está haciendo bien varias cosas”, resaltó Casañas durante el debate parlamentario. A la hora de votar este proyecto decidió ausentarse, al igual que Chemes. Aspiazu votó en contra, mientras que Buryaile, Forte, Orsolini y Barcheta votaron a favor, a pesar de haber pronunciado discursos en contra y presionado para que nunca llegase al recinto.

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