La Sociedad Rural, los agrodiputados radicales Jorge Chemes y Lucio Aspiazu, junto a dirigentes del macrismo reclamaron el fin de las retenciones agropecuarias, en especial el trigo. Fue su respuesta ante el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien anteayer propuso el reintegro de los derechos de exportación para este grano a través de un fideicomiso manejado por el Banco Nación y todos los actores de la cadena exportadora. A través de comunicados casi idénticos cuestionaron la decisión del Poder Ejecutivo y reclamaron la liberalización del mercado granario, como en otros tiempos hacía el Grupo A. En contraposición, el titular de la cooperativa AFA, Néstor Pereda, reconoció a Página/12 que desde que se creó la Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), sus exportaciones de granos crecieron un 85 por ciento.

Tras el anuncio presidencial, la Sociedad Rural sacó a relucir su manual de estilo: “El Gobierno continúa trabando el normal funcionamiento de los mercados trigueros y garantiza la aplicación de cupos a la exportación de trigo que son funcionales sólo a los exportadores y molineros que pagan monedas por el cereal”. El discurso de la SRA desconoció que en el último año creció la participación de las cooperativas en la venta de granos, en detrimento de las grandes exportadoras.

En 2012, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), entidad vinculada con Coninagro, tuvo una participación en la venta de granos de 9,91 por ciento, un 25 por ciento superior a 2011. La cantidad total de exportadores pasó de 117 a 222. Hasta el 2011, el cupo de exportaciones se manejaba dentro de Ciara, donde están nucleadas las grandes multinacionales. Estas repartían los cupos en función de los históricos de venta de cada entidad, lo que hacía casi imposible que las cooperativas aumentaran su participación por más que quisieran.

Si bien desde el Gobierno continuó el esquema de cupos, se fomentó la creación de una nueva Cámara de Exportadores (Capeco), que benefició una mayor participación de los pequeños y medianos productores. “Desde el momento en que se comenzó a darles mayor participación a las cooperativas, no tuvimos inconvenientes en vender todos los granos que teníamos a disposición”, explicó a Página/12 el presidente de AFA, Néstor Pereda. “AFA pasó de vender 400.000 toneladas a 1,3 millón aproximadamente”, agregó.

La cooperativa AFA está vinculada con la Federación Agraria. Sin embargo, su titular, Eduardo Buzzi, dejó de privilegiarla a la hora de canalizar negocios para sus asociados. El titular de FAA optó por acercarse a las multinacionales a través de la empresa Federar.

Los agrodiputados Chemes y Aspiazu –quienes votaron en contra de la creación de un nuevo estatuto del peón rural y los límites para la venta de tierras a extranjeros– copiaron los argumentos de la Sociedad Rural. “Si el Gobierno quiso manotear los fondos de la Corte, no hay ninguna razón para pensar que va a respetar un fideicomiso de trigo. Para colmo, estaría supuestamente administrado para quienes se quedaron con 3000 millones de dólares como son la molinería y los exportadores de Ciara... Deben creer que somos muy estúpidos al pensar que vamos a confiar en esto”, sostuvo Chemes.

La conducción de la Federación Agraria no emitió ninguna opinión institucional sobre el anuncio de la Presidenta. Tampoco lo hicieron CRA ni Coninagro. En cambio, los dirigentes federados que forman parte de la Agrupación Grito de Alcorta, que intentan disputarle poder a Buzzi, rescataron el anuncio. “La devolución de las retenciones es una medida que va por el buen camino. Seguramente aumentará el área sembrada de trigo”, manifestó Pedro Peretti, quien agregó: “La Mesa de Enlace pasó de ser una entidad gremial de coordinación durante un conflicto impositivo a ser un instrumento de la derecha política de nuestro país”.

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