La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer los recursos extraordinarios presentados por las seis cementeras más importantes del país contra las multas por 310 millones de pesos que les impuso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por la cartelización mediante acuerdo de precios y cuotificación del mercado. La decisión del máximo tribunal pone fin a una disputa judicial que comenzó ocho años atrás. La medida implica que la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y las empresas Juan Minetti, Loma Negra, Cementos San Martín, Cementos Avellaneda y Petroquímica Rivadavia deberán pagar las sanciones. Para cobrar, el Estado nacional tendrá que iniciar la vía de ejecución, que técnicamente se llama apremio.

Las empresas cementeras fueron multadas por el delito de cartelización. En la práctica, esa situación implicó el “acuerdo” de los precios que ofrecían en el mercado, donde poseían una posición dominante, así como la segmentación del mismo. La denuncia original fue realizada bajo la administración de Roberto Lavagna, durante su paso por el Ministerio de Economía en 2005. En ese momento, José Sbatella, actual titular de la UIF, ocupaba el cargo de subsecretario de Defensa de la Competencia. Luego de descubrir la maniobra de las seis compañías, el Estado las multó con 310 millones de pesos.

Las sanciones fueron para Loma Negra (138,7 millones de pesos), Juan Minetti (100,1 millones), Cementos Avellaneda (34,6 millones), Cemento San Martín (28,5 millones), Petroquímica Comodoro Rivadavia (6 millones) y 529.289 pesos a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland. A partir de ese momento, comenzó una batalla judicial que concluyó ayer.

El Centro de Información Judicial informó anoche que la Corte Suprema desestimó los planteos de las compañías contra la sentencia que había confirmado la sanción impuesta por violación a la Ley de Defensa de la Competencia, mediante las cuales pretendían que se dejen sin efecto las multas. El máximo tribunal desestimó así los recursos que habían presentado las empresas contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La multa ya estaba firme desde octubre de 2012, pero restaba que la Corte Suprema se expresara sobre el fondo de la cuestión.

La cartelización de las empresas cementeras fue detallada por Luis Jorge Capurro, representante de Loma Negra, en un libro escrito en 1999, pero que nunca pudo ver la luz. En ese texto se evidenciaba cómo la Asociación de Fábricas de Cemento Portland manejó los precios en cada localidad, administraron su producción y distribuyeron las ventas del insumo durante más de treinta años para maximizar sus ganancias oligopólicas. Ese material sirvió de insumo para la multa aplicada por el Estado.