El Senado comenzará a debatir hoy el proyecto de ley que permitirá la exteriorización de capitales y la creación de tres instrumentos financieros –y no dos, como originalmente se anunció– para invertir en infraestructura energética y el mercado inmobiliario. La plana mayor del Ministerio de Economía, integrada por Hernán Lorenzino (ministro), Axel Kicillof (Planificación Económica), Guillermo Moreno (Comercio Interior), Mercedes Marcó del Pont (Banco Central) y Ricardo Echegaray (AFIP), asistirá al plenario de las comisiones de Presupuesto, que conduce Aníbal Fernández (FpV), y Economía e Inversiones, al mando de la radical Laura Montero. El objetivo del FpV es conseguir un dictamen de mayoría la semana que viene para llegar al recinto el 22 de mayo. Cuando se votó el primer blanqueo en 2008, el oficialismo consiguió 40 votos afirmativos, un número similar al actual núcleo duro del FpV, junto a otros partidos aliados.

La primera novedad del proyecto de ley es que en su artículo 1, además de crearse el Bono Argentino para el Desarrollo Económico (Baade), también se creará un Pagaré de Ahorro. Los fondos originados en la emisión de estos dos instrumentos deberán destinarse a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos. Y en su artículo 2 se autoriza al Banco Central a emitir el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin).

En el artículo 13 de la iniciativa se establece que para acceder a los beneficios de la ley los “contribuyentes tienen que haber cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales”.

“El presente proyecto permitirá que los fondos líquidos que el sector privado mantiene actualmente bajo la forma de dólares estadounidenses se plasmen en tres instrumentos financieros creados con el objetivo de promover la inversión en dos áreas cruciales para el fomento del crecimiento y el desarrollo económico del país, como son las inversiones en infraestructura e hidrocarburos y en la rama de la construcción e inmobiliaria”, puede leerse en los fundamentos de la iniciativa.

Tal cual explicaron los funcionarios durante una conferencia de prensa, el proyecto de ley especifica que aquellos contribuyentes que adhieran a estos beneficios quedarán exentos de las penas contempladas en la Ley Penal Tributaria. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, no quedarán excluidos de los controles que prevé la ley que pena el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246).

En este sentido, la norma explicita que estarán excluidos “aquellos que pretendan despenalizar sumas de dinero producto de lavado de activos y financiamiento del terror, querellados o imputados por lavado, trata de personas o narcotráfico, los que se encuentran en proceso de quiebra, los funcionarios públicos de todos los estamentos y poderes y sus familiares”.

Según el Banco Central, la formación de activos externos llegó en 2012 a los 158.338 millones de dólares, a los que se le suman otros 40.000 millones que estarían dentro del territorio argentino. Durante la exteriorización de capitales votada en 2008 y ejecutada al año siguiente, el Estado recaudó 4000 millones de dólares entre 35.800 contribuyentes. Según informó la AFIP, de este total, 32.000 fueron personas físicas y 3800 personas jurídicas, es decir, empresas.

El primer proyecto de exteriorización de capitales se aprobó en 2008. El FpV consiguió 40 votos afirmativos contra 28 de la oposición. Actualmente, el oficialismo conserva el mismo núcleo duro de votos. En la votación sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, el FpV obtuvo 38 votos positivos, y en la regulación de las cautelares, 39. Esta norma sólo necesita la mitad más uno de los presentes para ser aprobada.

Durante el debate parlamentario de 2008, la oposición optó por utilizar argumentos “moralistas” y grandilocuentes. “Esta moratoria y este blanqueo va dirigido hacia pocas personas. Nosotros estamos convencidos de que las medidas son trajes a medida para protagonistas vinculados al poder (...). La verdad es que nosotros tenemos algo que custodiar, que es a la sociedad. Otra vez estamos todos en la bolsa”, sentenció Ernesto Sanz.

Sin embargo, el radical obvió mencionar que el propio Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto de blanqueo de capitales. “Admitiendo a priori que la medida que se propicia lesiona el principio de justicia, al acordar un tratamiento de excepción a quienes no han cumplido con sus obligaciones fiscales, se ha considerado sin embargo que su adopción encuentra plena justificación tanto en el análisis de la realidad presente como en el proceso económico del decenio precedente.” Esto puede leerse en el mensaje de elevación 1543 del 29 de agosto de 1986, que luego se convirtió en la Ley 23.495 (régimen en el país y en el extranjero para realizar un blanqueo de normalización de patrimonio).

Más allá del antecedente olvidado por los radicales, la ley que comenzará a debatirse a partir de hoy también fue adoptada en diferentes países, como por ejemplo Inglaterra, Italia, Portugal, México, España y Suiza. En Estados Unidos se lanzó en 2009 el plan OVDI, de repatriación voluntaria, el cual fue relanzado nuevamente en 2011. En este caso, el programa tributario y fiscal penalizaba al capital blanqueado con tasas de entre un 5 y un 25 por ciento.

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