Esta vez no hubo demoras. En dos días el Gobierno anunció, firmó el decreto y anoche trabajaban en el Banco Central para terminar la reglamentación de la medida que impuso restricciones a la entrada de capitales golondrina. Néstor Kirchner, Roberto Lavagna y Alberto Fernández cumplieron ayer con el trámite de rubricar el decreto. Tras ello, los secretarios de Finanzas, Guillermo Nielsen, y de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, se encerraron en el despacho del vicepresidente del Banco Central, Pedro Lacoste, para llenar de contenido a la norma. Los siete artículos del decreto enuncian los aspectos principales, pero dejan a la reglamentación posterior la definición de los aspectos clave que lo harán operativo.
El primer artículo impone un registro de todas las divisas que ingresen y salgan del país en el Banco Central. Una vez que entren, deberán permanecer al menos 180 días corridos, salvo que correspondan a operaciones de comercio exterior o a inversiones extranjeras directas. El Ministerio de Economía podrá cambiar el plazo de permanencia según su evaluación de las necesidades macroeconómicas. En este momento, el Gobierno quiere limitar la entrada para que la sobreoferta de dólares no siga hundiendo el tipo de cambio.
A los economistas ortodoxos les molestan ese tipo de controles. Ricardo López Murphy, por caso, formuló ayer declaraciones desde España en las que cuestionó la acción del Gobierno. Sostuvo que “los problemas de la economía argentina no se explican por un exceso de ingresos de recursos del resto del mundo”. Por el contrario, señaló que “ojalá vinieran más recursos para superar la situación de desempleo y baja de la producción”.
El argumento del Gobierno es que si el dinero entra y sale con velocidad, en lugar de servir para generar empleos crea una burbuja especulativa que, al estallar, sólo produce daños. López Murphy, de todos modos, machacó con que “cualquier elemento que demore el ingreso de recursos no es bueno”.
Con esa opinión, el ex ministro de Fernando de la Rúa se alineó con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, quien anteayer sentenció que “en general, los controles sobre los capitales no son buenas políticas”. El Gobierno desoyó esa opinión y buscó avanzar con velocidad en la implementación de la medida. Lacoste incluso debió suspender un viaje para quedarse trabajando en la reglamentación. La intención era darla a conocer ayer mismo, pero el tiempo no alcanzó y tanto ese funcionario como los de Economía tendrán que completar su tarea durante el fin de semana.
El artículo 4 del decreto dispone que el Banco Central actúe como autoridad de aplicación, con la obligación de “fiscalizar el cumplimiento del régimen y establecer y aplicar las sanciones que correspondan”. Definir esas cuestiones es lo que dio lugar a una ardua negociación entre Economía y el Central, que anoche no había terminado.
En contraposición a López Murphy, el presidente del Banco Ciudad, Roberto Feletti, calificó de “saludable” la determinación de que los capitales que ingresen al país deben quedarse 180 días. “Cualquier país, sobre todo de economías medianas y chicas, utiliza mecanismos para protegerse de los shocks externos”, enfatizó. Luego dijo que si se permite el ingreso de capital de corto plazo y éste decide retirarse en forma inmediata, “se produciría un estrangulamiento en la economía”. Así ocurrió a partir de 1997, cuando estalló la crisis del Sudeste Asiático y los capitales que habían inundado los países subdesarrollados se replegaron con la misma velocidad a la que habían llegado. Para la economía chilena el impacto no fue tan duro, porque allí regían controles como los que ahora aplica la Argentina.
La lección dejó alguna enseñanza hasta en el Fondo Monetario Internacional. Su economista jefe, Kenneth Rogoff, señaló en un trabajo reciente que “en la actualidad todos coinciden en que se requiere un enfoque más ecléctico frente a la liberalización de la cuenta de capital”.
El documento se titula “Los controles de Capital”, y allí admite que “en algunas de las misiones de supervisión realizadas por el FMI en la primera mitad de la década del ‘90, no se advirtió de forma suficientemente categórica a los países con sistemas financieros endebles y marcos macroeconómicos inadecuados que estaban abriendo demasiado rápidamente sus economías al crédito externo a corto plazo”.
En la misma línea, la conservadora revista inglesa The Economist reconoció que “dada la inherente volatilidad de los mercados financieros y los grandes costos que ella puede conllevar, para algunos países en desarrollo la imposición de controles sobre el libre movimiento de los flujos de capital no es una mala política”. Y concluye: “Estos controles, como muestra el caso de Chile, pueden ser eficaces en inducir un cambio en la composición de los flujos de capital internacional, desde los riesgosos y volátiles fondos de corto plazo a los más estables y benéficos de largo plazo como la inversión extranjera”.