Un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FpV) presentó ayer un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y expropiar el 24 por ciento del patrimonio de Papel Prensa. La iniciativa es impulsada por el legislador Carlos Kunkel. Si el proyecto se convierte en ley, el Estado pasará a controlar la papelera al poseer una cifra cercana al 52 por ciento de las acciones. Actualmente, el Estado nacional es propietario del 27,5 por ciento de las acciones, mientras que el Grupo Clarín posee el 37 por ciento y La Nación, el 22,5 por ciento. Las acciones clase A y C que serán sujetas a expropiación están en su mayoría en poder de Clarín. La porción a expropiar será valuada por el Tribunal de Tasaciones, que determinará cuánto recibirán en compensación los accionistas que cedan participación. El objetivo del Gobierno es hacerse cargo de la firma y realizar inversiones que permitan bajar los precios del papel y aumentar la producción para garantizar el abastecimiento. Anoche comenzaron a circular versiones no confirmadas sobre la posibilidad de que el Gobierno disponga la intervención de la compañía mientras avanza el proyecto de ley en el Congreso.

La empresa Papel Prensa es uno de los escenarios de pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a la cabeza, el Gobierno acusa a los responsables de la compañía, cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación, de vaciamiento y manejos irregulares. El informe “Papel Prensa: La Verdad”, realizado por el Gobierno, buscó evidenciar el contexto irregular en que se produjo el traspaso de la papelera hacia los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura. Además, ese documento incluye una explicación sobre cómo, mediante un pacto de sindicalización, los nuevos dueños acordaron venderse el papel entre ellos y sus empresas relacionadas por debajo del costo de producción, perjudicando a otros diarios del país.

Desde comienzos de 2012 está vigente la ley que declaró de “interés público” la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. Esa iniciativa del gobierno buscaba garantizar el acceso al papel y un precio igualitario para todos los diarios del país. Además, la nueva norma obligaba a la compañía –cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación, con una participación minoritaria del Estado– a concretar un plan de inversiones cada tres años para satisfacer la demanda del mercado interno. Sin embargo, en la actualidad, la situación económica y productiva de la empresa no es buena: cuenta con un abundante excedente de papel, que rebasa su capacidad de almacenamiento, sus precios continúan siendo elevados y, según argumentan los representantes del Estado en la firma, los costos administrativos son muy altos.

En ese escenario, la iniciativa propone expropiar el 24 por ciento del patrimonio de la empresa que está representado por igual porcentaje de las acciones clase A y C. Esas acciones representan el 72,54 por ciento del total y están distribuidas entre AGEA (Grupo Clarín, posee 37 por ciento), La Nación (22,49 por ciento) y Cimeco (las empresas relacionadas con los dos diarios, 12 por ciento).

Sobre ese paquete accionario, el proyecto estipula que el Estado expropiará 24 puntos porcentuales del total que serán extraídos en forma proporcional de todos los propietarios de esas acciones. De esa forma, Clarín cedería en la expropiación 12,24 puntos de sus acciones para pasar a tener directamente 24,76 por ciento del total de la empresa. La participación de La Nación se reduciría hasta 14,55 por ciento. Por su parte, el Estado se convertiría en el controlante del 52 por ciento de la papelera.

El proyecto fue presentado por Kunkel y está acompañado por los diputados del FpV, Diana Conti, Teresa García, Graciela Giannettasio, Gloria Bidegain, Luis Cigogna, Adriana Puiggrós, Andrea García, Dulce Granados y también figura Gastón Harispe, de Nuevo Encuentro. El proyecto de ley propone que el día de su promulgación la CNV convoque a una asamblea para tratar, entre otros asuntos, “la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes, y de los síndicos titulares y suplentes, y la designación de sus reemplazantes”.

“Resulta hartamente evidente que Papel Prensa se dedica a una actividad monopólica, como es la producción de un insumo de papel para diario. De allí que es el propio Estado el que debe asegurar que no existan actividades monopólicas, o regular las mismas, para que la distribución de papel sea equitativa para toda la gráfica de nuestro país”, argumenta en sus fundamentos el proyecto. En este sentido insiste en que “este principio de control de los monopolios debe reforzarse aun más dentro de un contexto tan delicado como lo es el de la prensa”. “Este proyecto busca evitar abusos de situaciones derivadas de dicha actividad monopólica, que ya se ha visto reflejada en reiteradas oportunidades, aprovechando Papel Prensa la posición dominante en el mercado a lo largo de muchos años”, sostiene en sus argumentos. En el articulado se aclara que Papel Prensa continuará operando como sociedad anónima abierta.