“De ninguna manera nosotros excluimos a Báez de la investigación”, afirma el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese modo, respondió a las acusaciones del fiscal Guillermo Marijuán, quien en las últimas semanas cuestionó la tarea que llevó adelante la Procelac al inicio de la investigación que derivó en la imputación del empresario Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero. Gonella explicó en detalle a Página/12 los pasos que dieron luego de que Leonardo Fariña y Federico Elaskar vincularan a Báez con el lavado en un programa televisivo y sostuvo que hay una utilización política de la causa por parte de sectores de la prensa, la oposición y la Justicia.

–¿Usted intervino para dejar afuera a Lázaro Báez de la investigación por supuesto lavado de dinero que lleva adelante el juez Sebastián Casanello?

–Es totalmente falso y surge con claridad de la investigación que iniciamos el 15 de abril y que es previa a la intervención de Casanello. El juez interviene en la causa como consecuencia de la información que le enviamos y de las seis denuncias que fueron presentadas luego de los dichos formulados en el programa de Jorge Lanata. Como Leonardo Fariña y Federico Elaskar al día siguiente del programa se desdijeron, no impulsamos en ese momento imputaciones penales, pero continuamos con la investigación. Consultamos nuestras bases de datos y comenzamos a trabajar con los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que remite la Unidad de Información Financiera (UIF). En esos reportes se vinculaba a Elaskar con operaciones financieras sin respaldo por más de veinte millones de pesos y a Fariña con la compra de dos automóviles de alta gama sin tener un ingreso que lo justificara.

–¿Qué hicieron con esa información?

–La incluimos en el expediente y el 18 de abril se lo mandamos al juez, una vez que tuvimos la certeza de qué juzgado había concentrado las denuncias. También se lo enviamos a la fiscalía de turno, que era en la que intervenía Ramiro González subrogando a Guillermo Marijuán, que estaba de licencia. González nos convoca y formulamos el requerimiento de instrucción penal. Ahí delimitamos los hechos, que contienen un universo abarcativo muy amplio y cursamos la imputación concreta en contra de Fariña y Elaskar sobre la base de los elementos de prueba recolectados hasta ese momento.

–Marijuán dijo que usted parcializó la investigación porque limitó el objeto procesal a los reportes de la UIF sobre Fariña y Elaskar y dejó afuera a Báez.

–De ninguna manera nosotros excluimos a Báez de la investigación ni a ninguna otra persona. Lo que hicimos fue imputar a Fariña y Elaskar porque hasta ese momento teníamos elementos de prueba que nos permitían avanzar en ese sentido, pero dejamos expresamente consignado que en modo alguno eso se circunscribía a esas dos personas, sino que quedaba abierta la posibilidad de que surgieran nuevas responsabilidades.

–Trascendió que hubo un ROS en 2008 donde se denunciaron depósitos por más de 54 millones de pesos por parte de Invernes, una financiera supuestamente vinculada a Báez.

–Esa información no nos llegó y cuando trascendió en los medios de comunicación ya habíamos presentado el expediente en la Justicia.

–Fuentes de la fiscalía de Marijuán dejaron trascender que usted habría excluido a Lázaro Báez de un borrador del expediente.

–Eso es absolutamente falso. Evidentemente hay mala fe, porque yo estaba con personal mío y con Ramiro González cuando nos reunimos con la gente de Marijuán y ahí nosotros como fiscales establecimos las pautas que se volcaron en la promoción de acción. En ningún momento hubo un papel en donde figurara Báez.

–¿Ahora hay elementos para vincular a Elaskar y Fariña con Báez?

–Al día de hoy no conozco la información del expediente porque la causa la lleva Marijuán y no nos ha pedido intervención. Según surge de la ampliación de Marijuán, para imputar a Báez se basa en elementos incorporados a la causa con posterioridad y como consecuencia de las medidas de prueba que nosotros le propusimos al juez.

–¿Con posterioridad a qué?

–A que nosotros remitiéramos la causa.

–Marijuán dijo que tanto usted como el fiscal Omar Orsi se comportaron como abogados defensores y no como fiscales.

–Esas son apreciaciones personales que exceden el marco funcional de toda persona que actúa como fiscal en una causa. Uno puede estar de acuerdo o no con la actuación de otro colega, pero ese tipo de opiniones no se corresponden con una discusión seria sobre la actuación de un fiscal.

–¿Cuál cree que es la motivación de Marijuán para acusarlo de ese modo?

–Esto no se circunscribe a una discusión jurídico-técnica. Hay una utilización política de la causa por parte de sectores de la prensa y de la oposición. Y también de sectores judiciales que se aferran a determinadas prácticas que nosotros queremos transformar desde el movimiento “Justicia legítima”.

–¿Qué prácticas?

–Hay actitudes funcionales a intereses muy poderosos y uno de los principios fundacionales de “Justicia legítima” es que debemos ser independientes no sólo del poder político sino también del económico.

–Marijuán también cuestionó a los fiscales de la Procelac porque dice que asumieron sin un concurso de antecedentes y oposición.

–Marijuán dio curso a la denuncia presentada por Mario Cimadevilla, un consejero radical del Consejo de la Magistratura. Abrió una investigación sobre la base de esos dichos, pero la denuncia fue desestimada por el juez Casanello, basándose en una práctica común dentro del Ministerio Público que se inicia con el retorno de la democracia y con el juicio a las Juntas cuando el fiscal Strassera convoca a Moreno Ocampo como fiscal adjunto, una figura que no estaba prevista en la ley. Luego, en 1998, la ley orgánica del Ministerio Público 24.946 previó fiscales ad hoc y posteriormente se reglamentó esta figura. De hecho, todos los fiscales a fin de año proponen una lista de abogados para integrar un plantel de fiscales ad hoc que van a actuar juntamente con ellos o los van a reemplazar cuando estén de licencia. Pero además yo entré por concurso a la Justicia de Córdoba y desde 2009 rendí concurso para fiscal general y estoy primero para cuatro plazas de diferentes fiscalías generales del país.

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