La Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo que integra la comisión fiscalizadora de Papel Prensa, solicitó en un informe reciente la designación de veedores en la empresa. Para justificar el pedido, recordó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) realizó en los últimos tres años 50 denuncias sobre un supuesto mal funcionamiento de la empresa y en particular sobre las decisiones adoptadas por los accionistas privados, el Grupo Clarín y La Nación. Las denuncias van desde irregularidades en la designación del directorio, descapitalización de la compañía y la venta de papel a un precio diferencial para los diarios vinculados con los accionistas. Por esta última maniobra, que data de 2010, Clarín y La Nación obtuvieron un beneficio económico calculado en cinco millones de pesos.

“Atento a la gravedad del perjuicio acaecido y de los hechos descriptos, los síndicos han solicitado que se instaure la designación de veedores con facultad de veto y se disponga desplazar a los integrantes del capital privado de los órganos de administración”, puede leerse en el informe de la Sigen del 9 de mayo de 2013. La facultad para designar veedores con capacidad de veto e intervención administrativa está comprendida en el artículo 20 de la ley 26.831 (Mercado de Capitales), votada en diciembre de 2012.

El pedido que hacen los síndicos –Daniel Reposo y Agustín Tarelli– para que se aplique la ley que regula a las empresas que cotizan en la Bolsa está fundado en un detalle de las 50 denuncias de la CNV, sumado a 41 impugnaciones de las reuniones de directorio. “De las denuncias efectuadas, cobran singular importancia las vinculadas con las convocatorias y celebración de reuniones impugnadas por irregular integración de los órganos societarios y por la venta extraordinaria a empresas vinculadas, previos a los aumentos de precios”, sostiene el informe.

Entre julio y septiembre de 2010, el Grupo Clarín y La Nación concentraron las compras del 34 y 41 por ciento, respectivamente, de todo el papel consumido en un año. La operación fue concretada un mes antes de que Papel Prensa aumentara el precio para sus “clientes”. De esta manera, los principales beneficiados fueron los dos diarios, que a su vez son los accionistas mayoritarios. Con esta maniobra, Clarín y La Nación se ahorraron cinco millones de pesos. Los principales perjudicados fueron los diarios del interior del país, quienes pagaron más caro el papel, y la propia Papel Prensa, que recibió cinco millones de pesos menos. La Secretaría de Comercio interior realizó una denuncia penal que tramita ante el juzgado de Canicoba Corral bajo la carátula “defraudación por administración fraudulenta”.

El informe de la Sigen también sostiene que los accionistas privados no están cumpliendo con los alcances de la Ley 26.736, que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución del insumo básico para diarios. Con fecha 19 de febrero de 2013, la Dirección de Lealtad Comercial cuestionó a la papelera por la “incorrecta aplicación del precio único de contado” para todos los clientes de la compañía. Además, Papel Prensa está obligada a producir al máximo de su capacidad. Según la entidad Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra), actualmente el déficit de producción asciende a las 80.000 toneladas. Por todas estas denuncias, la Sigen solicitó que se intervenga la administración de la compañía con el argumento de que los beneficios recibidos por los accionistas privados fueron en detrimento de la mayoría de los diarios del país.