La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció a favor del levantamiento del embargo que la Justicia trabó contra activos de la petrolera Chevron en Argentina. Esa medida contra la firma norteamericana derivó de una causa iniciada en Ecuador, donde también fueron embargados los bienes de la petrolera. El pronunciamiento, que no tiene carácter vinculante, fue rubricado por la procuradora el 22 de mayo pasado. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmara la sentencia del juez de primera instancia Adrián Elcuj Miranda. Mientras el caso se dirime en la Justicia, Chevron y la petrolera estatal YPF están terminando de delinear un acuerdo estratégico para llevar adelante la explotación conjunta de yacimientos de petróleo no convencional en Vaca Muerta.

“El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo por un monto de 19.021.522.000 de dólares sobre los activos y, en particular, las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables”, resalta Gils Carbó en un dictamen enviado a la Corte Suprema de Justicia. La causa había llegado a la Corte Suprema de Justicia luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmara el embargo del juez de primera instancia Adrián Elcuj Miranda sobre los activos de la petrolera Chevron en la Argentina bajo el amparo de un tratado internacional.

La causa se remonta a la acción de un grupo de abogados estadounidenses que hizo una presentación en 1993 reclamando una “Acción de clase” a favor de 30.000 residentes de la región de la Amazonia ecuatoriana, presuntamente afectados por cuestiones ambientales relacionadas con la explotación de hidrocarburos, una figura jurídica que no existe en ese país. El juicio se inició contra la petrolera Texaco, que cesó su actividad en Ecuador en 1992 y que Chevron compró en 2001, por lo que en base a esta temporalidad, entre otras cuestiones, la petrolera sostuvo que no tiene nada que ver con ese reclamo.

El juez Elcuj Miranda dispuso el embargo sobre los activos de la petrolera Chevron, los dividendos y el 40 por ciento de los depósitos bancarios futuros que recibiera la empresa por poco más de 19.000 millones de dólares, al reconocer una medida idéntica de la Justicia ecuatoriana. En su pronunciamiento, Gils Carbó entendió que el perjuicio está vinculado con “la política energética y el desarrollo económico del país, así como con las finanzas públicas”.