A mediados de 2001, Carlos Ruckauf siguió el ejemplo de Fernando de la Rúa y promovió un recorte salarial a los empleados públicos bonaerenses. Lo hizo mediante una ley, sancionada con escándalo en la Legislatura. Los afectados reclamaron ante la Justicia y ayer cinco de ellos lograron que les dieran la razón. La Suprema Corte provincial declaró inconstitucional tres artículos de aquella norma, que establecía la emergencia económica, y ordenó que el Gobierno vuelva a pagar los sueldos completos a partir de julio. Sin embargo, la alegría no fue completa para los demandantes. El tribunal rechazó el pedido de reintegro del dinero descontado todos estos meses.
El fallo se produjo en un momento complicado para el gobernador Felipe Solá. Los trabajadores públicos iniciaron la semana pasada un plan de lucha para exigir una recomposición salarial. Y ayer, la delegación bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado convocó a otra jornada de protesta para la primera quincena de este mes. El Instituto de Estudios de ese sindicato denunció que el 31 por ciento de los empleados estatales se encuentra debajo de la línea de pobreza, ya que sus remuneraciones no alcanzan a cubrir una canasta básica de 720 pesos para una familia tipo. Y existen casos peores: el 6,8 por ciento son indigentes porque no pueden comprar siquiera una canasta de alimentos. La investigación fue realizada en base a datos oficiales del Indec.
Solá había anunciado que mantendría el recorte salarial hasta fin de año. Fuentes de la gobernación admitieron que el fallo seguramente será apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, maniobra que le permitiría ganar tiempo y evitar el cumplimiento de la orden del tribunal provincial. Lo mismo hizo durante el verano con otro fallo que equiparaba las asignaciones familiares que se pagan en el provincia con las que liquida la Nación, por montos mayores. Ese tema sigue sin resolución.
El descuento de los salarios comenzó en julio de 2001. El gobierno estableció una escala que arrancaba con una disminución del 2 por ciento para los haberes de 1200 pesos brutos y llegaba hasta el 35 por ciento para los sueldos más altos. En principio, el fallo de la Suprema Corte favorece sólo a los cinco empleados que promovieron la demanda. Pero en ATE descuentan que pronto habrá una resolución de la causa iniciada por ellos, que abarca a todos los empleados públicos. En ese caso, el gobierno dejará de ahorrar 330 millones de pesos mensuales.
El fallo fue dispuesto por conjueces que ocuparon los lugares de los miembros permanentes de la Suprema Corte. Estos últimos se excusaron porque la ley de emergencia económica dispuso el pago de un porcentaje de sus remuneraciones en patacones, al igual que en la administración pública y en la Legislatura. El punto es que las causas en cuestión incluían el reclamo de que se abonara en pesos la totalidad de los haberes. Los conjueces rechazaron esa solicitud. En cambio, dijeron que el gobierno tiene que suspender los recortes salariales porque “la ecuación económica financiera de la provincia no es hoy la misma que en el 2001, por lo que en un período de emergencia lo último que debe afectarse son los salarios de los trabajadores”.
“Es importante que la Justicia impida que el gobierno aplique una política de ajuste reduciendo los ingresos de los trabajadores”, elogió el secretario general de ATE, Hugo Godoy.