De no mediar algún cambio en el Parlamento, los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación, Julio De Vido, tendrán buen margen de maniobra para disponer cambios en los contratos de concesión de las empresas privatizadas. El proyecto de ley que aspira a extender hasta fin del 2004 el plazo para rediscutir cada concesión también permite omitir a los marcos regulatorios y margina a los entes reguladores, cuyas decisiones quedarán totalmente subordinados a las directivas del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el ministro de Planificación, Julio De Vido, adelantó ayer que no necesariamente habrá aumentos de tarifas de servicios públicos durante los 18 meses en los que se extenderá la renegociación de los contratos y aseguró que el Gobierno no prevé mecanismos de “waiver” (dispensas) para las concesionarias que hayan incumplido su plan de inversiones.
“El tema hoy no es las tarifas, sino que es ver el nivel de cumplimiento de los contratos. Todo es parte de lo mismo, pero son temas distintos”, aclaró De Vido en una entrevista con un grupo de periodistas luego de clausurar la reunión de Comité Ejecutivo que convocó la Unión Industrial Argentina en Puerto Madryn.
Ayer se promulgó el decreto que crea la Unidad de Renegociación, grupo que funcionará bajo la órbita de aquellos ministros, obligados desde ahora a consensuar criterios en esta materia. La otra norma clave anunciada el jueves fue una iniciativa parlamentaria, que anoche aún no había ingresado formalmente al Parlamento, pero que en su última versión prorroga hasta fin del año próximo el plazo para reanalizar 61 privatizaciones –incluidas las de Correos y Aeropuertos– y somete al juicio parlamentario los acuerdos que el Gobierno consiga celebrar con las empresas adjudicatarias.
El articulado de esa propuesta legislativa también prevé que “las decisiones del PEN en el desarrollo de este proceso, no se condicionarán por los marcos regulatorios” y que “la facultad de los entes reguladores en materia de revisiones contractuales y tarifarias” tienen que ser compatibles con las renegociaciones que encare el PEN, límite coherente con la decisión del Presidente de intervenir los órganos de control, sospechados de favoritismo hacia las empresas operadoras.
Pero en vísperas de su gira por Europa, Kirchner consiguió algo para ofrendar a los inversores de ese origen que operan privatizadas. Si bien no hay orden de ningún reclamado aumento tarifario “de emergencia”, tampoco hay ningún bloqueo legal para disponerlo. Por el contrario, tanto en el decreto como en el proyecto de ley se alude a la posibilidad de cambiar parcialmente los contratos de concesión, tarea para la que Economía, Planificación y el propio Presidente tendrán amplias facultades.
“Los acuerdos (que celebre la Unidad de Renegociación) podrán abarcar aspectos parciales... contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas del contrato de carácter transitorio”, reza el artículo 9 del decreto, virtual pasaporte para algún ajuste “a cuenta”. “Corresponderá a dicha unidad evaluar aquellos proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de precios”, explican los fundamentos.
Cuando un nuevo contrato llegue al Congreso debería pasar por la lupa de la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, pero también por una de seguimiento y control de la aplicación de la Ley de Emergencia que, entre otras cosas, habilita las renegociaciones, sancionada en enero del 2002.